Cincuenta planeadoras construyéndose a la vez en el 2022 desde la nave que hacía de cuartel general en Cabral, y otras dos en Portugal para finalizar el montaje, forman la acusación que irá a juicio
21 abr 2025 . Actualizado a las 12:15 h.Dos de junio del 2022, aguas del Estrecho, próximas a Melilla. La Guardia Civil incautó parte de un gran cargamento de hachís transportado a lomos de una planeadora de vastas dimensiones, de las construidas únicamente para transporte estupefacientes envueltos en fardos. El decomiso no fue casual. La lancha estaba marcada desde que salió de las naves que sirvieron de astilleros clandestinos para su construcción. El botín pesó 957 kilos de resina de cannabis, y fue posible gracias a la investigación que surgió en Vigo, concretamente en el número 233 de la calle Becerreira, en el polígono industrial de Cotogrande. Allí, en una discreta nave aparentemente en desuso, sin rótulos comerciales en el exterior y con un cartel anunciando su alquiler, se fraguaba todo lo necesario para satisfacer la demanda insaciable de más narcolanchas destinadas a volar sobre aguas del Estrecho.
La investigación se bautizó operación Endurance y se cocinó a fuego lento durante casi dos años. El trabajo de calle permitió rastrear cada paso de la planeadora decomisada finalmente en el Estrecho. La embarcación fue trasladada a una nave en Caldas de Reis. En ese momento ya estaba lista para planear sobre el agua. Portaba tres motores fueraborda de 300 caballos. En abril del 2022 cambió de coordenadas, la trasladaron a orillas del Mediterráneo. Se botó a medianoche del día 25 y navegó hasta las costas de Marruecos, para situarse frente a la ciudad de Melilla. Lo siguiente fue caer a manos de la Guardia Civil. La aprehensión supuso el primer trofeo de la operación Endurance.
En junio, dos meses después, la investigación escenificó sus resultados en forma de arrestos y registros. El balance de aquella jornada implicó identificar 50 embarcaciones en diferentes fases de fabricación que podrían utilizarse para traficar. La nave de Vigo, en Cotogrande, era el cuartel general de la que, hasta ahora, es la mayor trama desmantelada en Galicia contra la fabricación de estas planeadoras ilegales en España, pero legales en el país vecino. Las conclusiones del juzgado instructor (número 8 de Vigo), de la Fiscalía Antidroga en Pontevedra y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil en las Rías Baixas, ya con la investigación finalizada, resultan concluyentes.
«Se puede afirmar que nos encontramos ante una organización internacional con ramificaciones en toda la Península. Comenzó llevando a cabo su actividad en la provincia de Pontevedra, concretamente en la circunscripción del ayuntamiento de Vigo, y desde ahí con la fundamental aportación de V.G.S. suministraron embarcaciones de alta velocidad a todos los puntos de la Península con la finalidad de que las mismas fueran utilizadas para la introducción de grandes cantidades de hachís», detalla la Fiscalía en un auto que resume el funcionamiento y alcance de la trama.
Los dos años de investigación permitieron igualmente al EDOA aportar el papel concreto de cada investigado. S.R.T. y R.S.V. son los considerados responsables máximos. La dirigían presuntamente desde su lugar de residencia, Cataluña, pero con desplazamientos espaciados en el tiempo a Vigo y con personas y empresas de confianza implicadas en O Porriño y, sobre todo, en poblaciones del norte de Portugal: Valença do Minho, Monçao o Paredes de Coura. El día a día en la nave de Cotogrande lo protagonizaban otros dos investigados, J.M.T. y M.LS., gallegos y con experiencia en el moldeo de lanchas con fibra de vidrio.
Atribuciones concretas
El procedimiento judicial reserva a M.L.S. un rol especial: «De modo inmediato asumía la encomienda la producción y fabricación de las embarcaciones llevada a cabo, subrepticiamente, en la nave de Cotogrande, junto a J.M.T.». Ya de S.R.T. y R.S.V. se concluye: «Disponen de una infraestructura empresarial, material y personal que destinan de modo estructurado y sostenido a la fabricación y producción de embarcaciones constitutivas de género prohibido, especialmente diseñadas y dispuestas para su empleo efectivo en concretas operaciones de tráfico de estupefacientes».
El trabajo de campo reveló también que buena parte de las narcolanchas fabricadas se finalizaban en Portugal y, luego, se trasladaban a España para ser entregadas a los compradores. El método implica un gran riesgo por la complejidad que supone realizar transportes por carretera en España tras la ilegalización de estas embarcaciones en el 2018. Pero el trabajo de campo permite demostrar que estas embarcaciones hacían ese recorrido hasta perderse por diferentes comunidades autónomas. Otra forma de actuar de las organizaciones implica echar al agua las lanchas en Portugal por la falta de normativa, o transportarlas por tierra hasta la frontera con Huelva para introducirlas en España y echarlas al agua lo antes posible.
Nuevos informes ratifican la ilegalidad de las lanchas incautadas en la operación Keroman
Otra investigación sobre la construcción de narcolanchas en las Rías Baixas se explotó también en la primavera del 2022. Los vértices de la trama pivotaban entre Vilanova de Arousa y O Morrazo. El operativo policial —bautizada operación Keroman— implicó el decomiso de un buen número de planeadoras en diferentes fases de construcción, tanto en Galicia como en el norte de Portugal. Los últimos informes periciales conocidos, tras evaluar el valor de estas lanchas requisadas, confirma que su uso no sería otro que el tráfico de drogas. El último informe aportado a la causa detalla la características de una embarcación semirrígida negra, de 10 metros de eslora con cuatro asientos en línea y un depósito artesanal de combustible con capacidad desconocida. «Estas embarcaciones tienen un mercado muy limitado, restringido a personas expertas en la materia que estén dispuestas a invertir una cantidad elevada de tiempo y dinero para utilizarse para un fin muy particular», concluye el informe, que tasa el precio del casco en 3.000 euros, cuando una lancha reglamentaria de estas características cuesta entre 25.000 y 30.000 euros.
La otra lancha peritada tiene 7,85 metros de eslora y es rígida. En el momento del decomiso portaba un motor de 250 caballos de potencia. Lo llamativo, policialmente, es que el caso lleva incorporado un depósito de combustible artesanal con capacidad desconocida y sin homologación. También carece de matriculación y documentación. El perito tasa el valor del bote en 2.000 euros, pero detalla que una embarcación de estas características, homologada, llegaría a los 20.000 euros. El motor de la embarcación se tasó en 3.000 euros.
La instrucción judicial de este asunto avanza a ritmo lento. El mes pasado falleció de causas naturales el considerado cabecilla, Francisco Javier Otero Magdalena, natural de O Salnés pero vecino de Ponteareas desde hace años. El resto de investigados prosiguen encausados y a la espera de conocer las peticiones de cárcel que plantea la Fiscalía Antidroga para ir a juicio.