El Gobierno anuncia la gratuidad en la autopista de Alicante un día después de negarla entre Vigo y Tui
VIGO CIUDAD
La AP-7 será rescatada en la ciudad valenciana por unos 300 millones de euros, aduciendo su infrautilización frente al colapso de la autovía paralela, como ocurre en el último tramo de la AP-9
10 mar 2025 . Actualizado a las 12:00 h.Ni 24 horas han pasado desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pasó de negarse a valorar el rescate de la AP-9 entre Vigo y Tui a anunciar su ministerio la gratuidad de la AP-7 en la circunvalación de Alicante. El Gobierno efectuó hoy el anuncio de una segunda y definitiva prórroga de la gratuidad en el tramo alicantino hasta febrero del 2026, para su «liberación definitiva» a continuación. El criterio para hacer gratuito dicho itinerario se centra en la situación de la paralela autovía A-70 «que estaba al borde de su capacidad máxima», frente una autopista «infrautilizada».
El mismo argumento fue planteado ayer en el Senado al propio ministro por la alcaldesa de Mos, la popular Nidia Arévalo, quien defendió el rescate de la AP-9 en su último tramo a partir de Vigo para evitar la realización del túnel por el que discurrirá el tramo de la autovía que conectará Vigo con la A-52 (O Porriño-Benavente). Como en el caso alicantino, la autovía Vigo-O Porriño asume un notable volumen de tráfico (63.780 vehículos al día) y es uno de los escenarios de mayor siniestralidad de Galicia, mientras que la autopista que corre a su derecha es el tramo con menos demanda de toda la AP-9.
Puente no hizo alusión alguna a la decisión tomada por su ministerio sobre la autopista de Alicante en su intervención del martes en el Senado, más allá de advertir la alta densidad de tráfico de dicho vial, gran parte de él pesado, y que dicho tramo de la AP-7 está en manos de la empresa pública Seittsa, la sociedad que se hizo cargo de los nueve viales de pago quebrados en el mandado de José María Aznar. Pese a ser gestionada desde una entidad pública, dicha situación no evita que Transportes tenga que hacer frente al desembolso de unos 306,9 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), con la que se cubren las inversiones no amortizadas realizadas por los concesionarios en la construcción de la infraestructura, en su caso ACS, Abertis y Globalvia.
Con la prórroga de la gratuidad para todos los usuarios de la circunvalación alicantina, la AP-7 queda libre de peajes desde la frontera con Francia en la Junquera hasta Alicante, pasando por Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia, unos 770 kilómetros libres de ningún tipo de tarifas para todos sus usuarios.
La circunvalación de Alicante se hizo gratuita a modo de prueba en julio del año pasado, prorrogándose la medida en octubre hasta la actualidad, momento en el que se volverá a extender durante doce meses más, mientras el Gobierno central ultima su rescate definitivo. «La gratuidad del peaje produce un beneficio social estimado de 16,8 millones de euros anuales, siendo el principal el ahorro de tiempo». La descongestión de la autovía paralela, definida como grave por Transportes, ha llegado a reducirse hasta en un 74 %, según aduce el ministerio, que añade como justificación a la gratuidad y el posterior rescate de la AP-7, la reducción de número de accidentes en la colapsada autovía paralela, al poder mantenerse una velocidad homogénea por producirse menos atascos.
La nueva liberalización en la AP-7 refuerza aún más la situación de Galicia como la comunidad con más kilómetros sometidos a peaje. Cuando el año que viene venza la concesión de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), uno de cada cinco kilómetros de autopistas de pago estarán en Galicia, 333,81 kilómetros exactamente por los 156 de Madrid, 130 de Andalucía o 51 de Cataluña.
El coste del rescate de la circunvalación de Alicante es algo inferior al del túnel y tramo que el Ministerio de Transportes proyecta entre Vigo y O Porriño (389 millones), pero mayor que el que sin duda costaría liberar el último tramo de la AP-9 que concluye en Tui. Evitar el proyecto del subterráneo, que ha generado más de 30.000 alegaciones en contra en Vigo, Mos y O Porriño, ya fue planteado por Alberto Núñez Feijoo en la recta final de su mandato al frente de la Xunta, opción que desató las críticas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien llegó a utilizar en una manifestación esa intervención del mandatario del PP para asegurar que pretendía dejar a los vigueses sin una salida viaria hacia Madrid. El BNG también se ha sumado a la petición de liberación del tramo de la AP-9 para evitar la conflictiva obra.