Los caseros presentan un 10 % más de demandas que hace un año para echar a inquilinos
01 dic 2024 . Actualizado a las 02:33 h.El drama de las expulsiones de inquilinos que no pagan su renta de alquiler, en la mayoría de los casos porque están agobiados por las deudas y no llegan a fin de mes, continúa al alza en Vigo. La situación ha empeorado respecto al año anterior porque los precios del alquiler se han disparado en la ciudad. Ya es difícil hallar habitaciones por menos de 400 euros o pisos por 600. Todo ello se ha traducido en un mayor número de impagos y en más demandas a los jueces para pedir el desalojo de los morosos.
Los juzgados de lo civil de Vigo han tramitado, según fuentes judiciales, 554 demandas presentadas por caseros en lo que va de año para desalojar a inquilinos que no pagan la renta de alquiler o que estaban allí de forma precaria o como okupas. De ese medio millar de demandas, solo algunas fueron interpuestas por la banca contra hipotecados, generalmente por no pagar la cuota de un bajo comercial.
Estas peticiones de desahucio presentadas por los propietarios para desalojar viviendas han aumentado un 9,7 % respecto a hace un año. A finales de noviembre del 2023 se habían registrado 505 demandas.
Una vez que los jueces tienen las reclamaciones sobre la mesa, estudian si efectivamente el inquilino lleva tiempo sin pagar su renta y les invita a devolver las llaves al propietario y abandonar la vivienda. En otros casos, comprueban si entre los moradores hay madres con hijos menores que están en riesgo de exclusión social y son vulnerables. En ese caso, ordenan a los Servicios Sociais de la Xunta que realojen a dichas familias para que los menores tengan un techo donde dormir. El desahucio se interrumpe hasta que la Administración busque una vivienda a esas personas.
En caso contrario, una comisión judicial acude al inmueble, lo vacía de moradores, si los hay, y un cerrajero cambia la cerradura. Se han dado casos de desahucios de habitaciones de realquilados que no le pagaban la mensualidad al casero. Incluso de trasteros donde pernoctaban okupas.
El incremento de solicitudes de desalojo de este año coincide con la subida de las reclamaciones de deudas por impagos de préstamos. Entre el 1 de enero y el 28 de noviembre, los juzgados de Vigo registraron 7.846 procedimientos monitorios. Se trata de juicios exprés donde las empresas de recobro, las financieras de hipermercados y las operadores de gas, luz o telefonía reclaman la devolución de pequeños préstamos al consumo. Suben un 12,11% respecto a hace un año.
Más de 12.536 deudores
A mayores de los monitorios, las empresas de recobro han descubierto otra vía para reclamar dinero que les vale para obtener una sentencia o título válido para justificar que tienen derecho a cobrar esa deuda. Ahora, muchas de ellas prefieren presentar procedimientos verbales generales, que se usan para reclamar pequeños préstamos y créditos on line. La consecuencia es que este año los juzgados de Vigo han contabilizado la cifra récord de 4.690 demandas verbales generales, más de mil más que hace un año. La subida fue del 28,9 %. Y la explicación es que los acreedores están renunciando a reclamar por la vía monitoria para hacerlo por lo verbal.
Dado que verbales y monitorios son los dos procedimientos más importantes para reclamar deudas, en Vigo se han interpuesto este año 12.536 demandas por impagos.
«Xulgar a estas persoas sen fogar é unha crueldade»
La oenegé Os Ninguéns realizó una concentración para reclamar una vivienda digna para los afectados por el incendio del edificio de la calle Alfonso X en octubre del 2023 (en el que murió una madre y sus tres hijos) y que van a ser juzgados por ser okupas en un juicio señalado para el 1 de abril del 2025. El acto de apoyo, a la que acudieron una veintena de personas, se ha celebrado en la mañana de este viernes en la plaza de la Cidade da Xustiza de Vigo.
El portavoz Antón Bouzas calificó ese juicio de «crueldade» porque va dirigido contra personas sin techo que buscaron cobijo en un edificio abandonado. «Xulgar a estas persoas sen fogar parécenos unha crueldade, se seguen levando aos xulgados problemas de carácter social e pobreza severa. Nos pensamos que hai que parar estas situacións», dijo este activista social. Lamentó que, precisamente, entre los denunciados figuren el viudo y padre de los tres niños fallecidos, que estuvo hospitalizado al igual de su hija, y el abuelo.
Bouzas recalcó que en Vigo «hai moita xente vivindo en infravivendas e infrachabolas, moitas nais que seguen vivindo coas súas parellas aínda que teñan problemas de malos tratos ou volven coas súas exparellas para ter un teito».
Una de las soluciones que propuso Bouzas es que la Administración destine las antiguas casas oficiales para alojar a maestros o funcionarios de prisiones de Vigo para alojar, sobre todo, a madres desahuciadas que necesitan un techo y un hogar estable para sus hijos menores de edad. Algunas de estas viviendas públicas que están vacías se hallan en la avenida de Madrid y otras en la avenida de Ramón Nieto.
Os Ninguéns insiste en que tanto Xunta como el Concello deberían poner en marcha un consorcio para buscar vivienda digna a los sintecho. Los afectados de Alfonso X pasaron antes por chabolas e infraviviendas.