Hallan un cadáver en el sótano del edificio que funcionaba como pensión ilegal en Vigo y que el Ayuntamiento ordenó desalojar

E. V. Pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

La Policía Local se disponía a expulsar a los residentes en precario de dos inmuebles de la calle Fisterra

09 nov 2023 . Actualizado a las 00:05 h.

La Policía Nacional de Vigo ha hallado a las 8.30 horas de este miércoles el cadáver de un hombre de 56 años en un sótano de un edificio en el número 13 de la calle Fisterra que iba a ser desalojado media hora después. Estaba en un baño y podría llevar allí varios días. La policía ha confirmado que murió sin signos aparentes de violencia. El cuerpo fue descubierto por otro residente, que alertó a las autoridades. El difunto fue retirado por los bomberos.

El Concello de Vigo había ordenado para este miércoles a las 9.00 horas el desalojo forzoso del inmueble y del contiguo, el número 11, por sus condiciones insalubres y por el riesgo de incendio. Funcionaban como una pensión ilegal y el gobierno local ordenó hace dos semanas precintar ambos inmuebles, desalojarlos y tapiarlos. La concejala de Benestar Social del Concello de Vigo, Yolanda Aguiar, señaló que se ha procedido al desalojo de 46 personas una vez que se obtuvo el permiso judicial y se les ha ofrecido alojamiento alternativo, con un servicio de mudanza para que depositen sus enseres en instalaciones municipales.

Uno de los desalojados relató que el fallecido era conocido como Ricardo, de Madrid, y que pedía limosna acompañado de música de su móvil. Llevaba tres años viviendo en el bajo del edificio pero padecía diabetes y necesitaba tomar medicación. Según explicó el hombre había estado hospitalizado varias veces y, como llevaban varios días sin verlo, pensaron que había vuelto a ingresar en el hospital. Admiten que vivía en unas condiciones insalubres porque había cucarachas en su habitación. «No lo veíamos desde hace tiempo, en los últimos tiempos estaba con mala cara, debía de llevar varios días muerto, me quedé frito», afirma un morador desalojado.

Muchos de los desalojados explicaron que ellos eran inquilinos y que pagaban 200 euros de alquiler a un casero por una habitación. Para probarlo, le entregaron sus recibos al Concello. Según indica un expulsado, en el Concello «nos dieron un hotel para pasar un tiempo y ahora tenemos que buscar vivienda, llevamos dos años aquí y estamos a ver si el dueño nos deja ir a uno que vimos». El mismo desalojado lamenta que «nos echan con este mal tiempo y con las Navidades encima». «Nos quedamos en la calle por Navidad, quizás hagamos una acampada en la plaza del Ayuntamiento para recordar que estamos aquí», afirma el desalojado. Admite que la expulsión les pilló de improviso: «Pudieron avisarnos antes».

Tras el desalojo, supervisado por los GOA de la Policía Local, una cuadrilla de una empresa privada de desinfección acudió a esterilizar el inmueble antes de tapiarlo con chapas de acero. Los operarios iban equipados con buzos anticontaminación y mascarillas antigás.

Varios desalojos

Esta no es la primera vez que se realizaba un intento de desalojo, puesto que el pasado 20 de octubre ya se dio la orden por parte del Ayuntamiento para que los cerca de 50 residentes de ambos inmuebles salieran de los edificios, ubicados entre la calles Ecuador y Venezuela. En ambos hubo problemas por reyertas, peleas trapicheo. El Concello tenía conocimiento de problemas en los bloques desde el 2015, cuando ya alertó al propietario de la necesidad de acometer mejoras y lo llegó a multar. Sin embargo no se tomaron medidas hasta este 2023.

La mala situación de la instalación eléctrica fue determinante para tomar esta decisión, con el objetivo de evitar un incendio como el ocurrido en octubre en el número 6 de la calle Alfonso X el Sabio. En el trágico siniestro murió una mujer y tres de sus hijos tras un problema en el cuadro eléctrico de la vivienda, okupada y sobre la que ya habían alertado los bomberos de Vigo. 

El funcionamiento de estos inmuebles como pensión ilegal fue denunciado ya por algunos de sus ocupantes. Algunos habían presentado quejas ante la Xunta y el Concello por las condiciones de las habitaciones, alertando de la presencia de ratas o cucarachas y de las faltas de seguridad del edificio. 

El titular de los inmuebles que funcionaban como pensiones encubiertas se desvinculó en su momento de la gestión y condiciones de los residentes y apuntó directamente a un socio. Según su versión, a ese socio le alquiló mediante contrato la gestión de ambos inmuebles.

Reacciones

Desde el BNG hoy cuestionaron la actuación municipal y autonómica en este caso y se preguntaron: «Cantas persoas máis teñen que malmorrer na mellor cidade para vivir para que Xunta de Galiza e Concello de Vigo actúen?». Xabier P. Igrexas señaló a ambas administraciones como responsables. «Esta situación, xunto ao tráxico incendio na rúa Afonso X, volve deixar en evidencia a falla de respostas dos Gobernos galego e local fronte ao gravísimo problema de acceso social á vivenda e fronte ás situacións de vulnerabilidade na maior cidade de Galiza», apuntó el portavoz, recordado que ya han muerto 13 personas sin una vivienda digna en una ciudad con «máis de 20.000 pisos baleiros».