La cúpula de una empresa de decodificadores para piratear televisión afronta 9 años de cárcel y el pago de 39 millones de euros en Vigo
VIGO CIUDAD
Les denunciaron DTS (Canal + /Movistar), Mediapro y Egeda
28 oct 2023 . Actualizado a las 01:22 h.Era el todo gratis: partidos de fútbol, series, películas, canales de pago o documentales. Bastaba con comprar un decodificador y sus usuarios podían acceder gratis a un amplio catálogo de programas de pago. Pero todo era un fraude, según sostiene la Fiscalía de Vigo, pues los programas estaban protegidos por derechos de autor y la vendedora de los decodificadores ayudaba a acceder a ellos sin permiso de las empresas audiovisuales.
La cúpula de una empresa de codificadores para piratear programas de televisión afronta un máximo de 9 años de cárcel y el pago de una multa de 21 millones de euros por parte de la empresa y una indemnización total de 18 millones a los denunciantes DTS (Canal + /Movistar), Mediapro y Egeda. También mantenían la web Decomaniacos, que supuestamente ayudaba a los clientes a manipular los aparatos. La investigación fue destapada en la comarca de Redondela por policías de la comisaría de Vigo. El juicio a siete directivos y a la empresa se celebrará los días 2 y 3 de noviembre en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
La Fiscalía de Vigo les acusa de un delito relativo al mercado y los consumidores contra los servicios condicionales de radiodifusión combinado con un delito contra la propiedad intelectual y otro delito de pertenencia y dirección de organización criminal. A mayores, les imputan un delito relativo al mercado y los consumidores contra los servicios condicionales de radiodifusión.
El Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev de Vigo) destapó la trama con ocasión de una labor de vigilancia y seguimiento a principios del 2016. Vio indicios de que la empresa acusada Engel Axil SL, con sede en Barcelona, se dedicaba, entre otros productos electrónicos, a vender en todo el Estado unos decodificadores que se conectaban a unos servidores ubicados en Lituania y Alemania, en su sede en Barcelona, en un data center de Málaga y en la nave Engel Ersax Trade en Madrid. Desde los servidores, emitían o reproducían contenidos audiovisuales y de canales de televisión tanto públicos como privados vulnerando, supuestamente, los derechos de propiedad intelectual. Gestionaban la atención al cliente desde una web.
Siempre según la Fiscalía, Engel facilitaba a los compradores de los aparatos el acceso a canales de televisión de pago y públicos extranjeros sin autorización. Para ello distribuían un software y firmware (archivo) específico para instalar en cada modelo concreto de decodificador de marca Engel o T-Boston. Estos se conectaban a sus servidores, que producían ilícitamente programas protegidos. Hacían apagones en los servidores para obligar al cliente a comprar otro aparato.
Entre los acusados está el director de nuevos productos de la empresa, que dirigía el departamento técnico de I+D y se encargaba de diseñar la estrategia tecnológica y desarrollar una nueva línea de negocio que era la televisión on line respecto a unos decodificadores de televisión OTT (Recepción de televisión vía Internet). El segundo implicado era el director general de Engel y Ersax Trade, y daba órdenes al resto. Ambos directivos afrontan un total de nueve años de cárcel, una multa de 12.600 euros y la prohibición de oficio relacionado con los productos de servicios televisivos durante cinco años.
Otros dos directivos de menor rango afrontan 5 años de cárcel y multa de 12.600 euros y la prohibición de oficio. El resto de los acusados se enfrentan a penas que van desde los 4 años y medio, a los tres y medio y el año y 9 meses.
La empresa, como responsable jurídica, afronta una multa de 21,12 millones de euros por el beneficio obtenido o que hubiese podido obtener y la prohibición definitiva de vender decodificadores y otros productos relacionados con la emisión de contenidos audiovisuales por internet o de la televisión durante diez años.
La Fiscalía también propone la destrucción de los decodificadores decomisados.
El Ministerio Público pide que los acusados indemnicen con 11,44 millones a DTS, otros 2,57 millones a Mediapro y 3,18 millones a Egeda por los perjuicios económicos ocasionados por facilitar el acceso o reproducir sin permiso los contenidos audiovisuales protegidos de los que eran titulares.