Un década después de que el Ministerio de Interior enterrase el proyecto de 12 millones para modernizar el Centro de Inserción Social de la avenida de Madrid, trabajadores y colectivos denuncian que no cumple su función
23 sep 2023 . Actualizado a las 21:46 h.No hay nada que hacer en el Centro de Inserción Social de Vigo. Solo hay una sala con una televisión y una mesa de ping pong y el patio. Las instalaciones carecen de espacio para llevar a cabo actividades ocupacionales que ayuden a los internos a cumplir el objetivo de reinsertarse en la sociedad. «La gente pasa mucho tiempo aquí y no tiene ninguna ocupación. O ve la televisión o se pone a fumar. No hay espacio para hacer nada», afirma Julio Díaz, miembro del sindicato Tu Abandono Nos Puede Matar. El nombre de este sindicato da cuenta del olvido en el que se encuentran las instalaciones penitenciarias por parte de la administración y del riesgo que corren los funcionarios por los problemas de convivencia que genera esta situación. El foro socioeducativo Os Ninguéns registró ayer una carta al presidente de la Xunta en la que le piden la transferencia de las competencias penitenciarias del estado a la comunidad autónoma y le recuerdan la importancia de recuperar el proyecto de ampliación del CIS de la avenida de Madrid.
Nunca se materializó aquella inversión de 12 millones de euros que estaba prevista en los terrenos de la antigua prisión con el objetivo de triplicar las plazas que el Ministerio del Interior anunció en 2010. Al año siguiente, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy lo eliminó de un plumazo y nadie presionó lo suficiente para retomar el proyecto. Pasados estos años, hoy en día haría mucha más falta la inversión porque la carga laboral ha aumentado. Julio Díaz explica que, en aquella época, no ingresaban personas directamente de la calle. El número de condenados es mayor y los que no llegan de una prisión desconocen el medio y les cuesta más adaptarse a las normas.
El CIS de Vigo es el módulo 18 de la cárcel de A Lama. Acoge a internos que cumplen el tercer grado y hacen una via de semilibertad, otros en segundo grado ampliado con más restricciones y un tercer tipo de condenados que ingresan directamente, tras un estudio previo para comprobar si cumplen el perfil, o bien deben realizar su condena en A Lama. Los sindicatos demandan unas instalaciones adecuadas y que el centro tenga su propia estructura organizativa con más personal e independiente de la prisión de A Lama. Señalan que el centro atraviesa numerosos problemas. La disparidad de horarios de entradas y salidas perturba el derecho al descanso de los internos. Cuando unos llegan de madrugada, a otros les quedan pocas horas para levantarse y se producen roces entre ellos porque se despiertan y no descansan bien.
Julio Díaz explica que las instalaciones se hicieron con materiales defectuosos y el edificio tiene grandes carencias, como por ejemplo, las tuberías, que se encuentran oxidadas y contaminan el agua que usan los reclusos. Hay una aula vacía que comparten reclusos y personas de fuera que acuden a realizar formaciones, violando la intimidad de los primeros, puesto que nadie tiene porqué saber de su situación. Los coches de los funcionarios también se encuentran a la vista. El centro no se ha modernizado y requiere que el personal de vigilancia se encuentre en muchos sitios a la vez al no estar automatizadas electrónicamente algunas funciones, como sucede en otras instalaciones.
Reboredo, símbolo del castigo al menudeo
David Reboredo, el joven que movilizó a miles de vigueses, fue un interno del Centro de Inserción Social de Vigo. A pesar de haber rehecho su vida apartándose del mundo de las drogas, tuvo que ingresar en prisión en 2013 por una condena por un delito cometido tres años antes por el intercambio de dos papelinas con droga. La sociedad civil se movilizó para pedir su indulto, que llegó de forma parcial tras obtener miles de firmas de adhesión, concentraciones y huelgas de hambre.
Tras unos meses en la cárcel de A Lama, consiguió el tercer grado, que le permitía salir del centro de inserción Carmen Avendaño para acudir a sesiones terapéuticas a Érguete y a Cedro y pasar los fines de semana en su domicilio. Reboredo falleció en 2014 a causa de un tumor cerebral. Puso sobre la mesa la necesidad de cambiar el Código Penal que, para Os Ninguéns, sobrepenaliza el menudeo por cuestiones de adicciones y abstienencia grave. Actualmente, el centro de inserción social cuenta con una población reclusa de 170 personas, entre los que pernoctan allí y los que se les autoriza estar en su domicilio, controlados por una tobillera con GPS. Los reclusos que no están presentes también suponen una carga de trabajo, dado que el personal debe interactuar con ellos, por ejemplo si caen en el mundo de las drogas y deben someterse a un programa de desintoxicación. «170 personas requieren de una atención y, con el poco personal que tenemos, no hay un seguimiento que pueda considerarse adecuado», señala el portavoz sindical Julio Díaz.
La situación no ha cambiado después de todos estos años. «Cuando abandonas una prisión y no le das medios, surgen problemas, sobre todo con los internos. La alimentación es flojilla, pasan frío, tienen humedades y goteras. Se crea un mal ambiente y hay roces y conflictos, mientras la administración no hace nada, no ayuda a los funcionarios», señala Julio Díaz. Advierte de que muchas veces estos conflictos pueden llegar a ocasionar daños físicos a los funcionarios.