El juez archiva el crimen del garaje de Vigo por falta de pruebas 19 años después

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, dirigido por Juan Carlos Carballal, ha declarado concluso el sumario sin procesamiento alguno tras investigar «infructuosamente» la muerte a tiros del empresario Manuel Salgado en abril del 2004 en un garaje en la calle Rosalía de Castro, en el centro de Vigo. Ha descartado prorrogar seis meses más la investigación y remite el sumario a la Audiencia. Es posible que los sobrinos de la víctima recurran su decisión en la Audiencia Provincial. El juez ha seguido numerosas pistas como el cruce de llamadas de unos allegados del fallecido justo a la hora del crimen, el disparo de cartuchos en el garaje días antes y el uso de este tipo de balas por gente de su entorno, o el paso de una furgoneta con cristales tintados que rondó al empresario. Pero, dado el tiempo transcurrido, cree que las pesquisas han sido «infructuosas».

En el auto, el magistrado destaca que la hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, «directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo a la víctima». Pero no encuentra «información relevante ni nuevos datos objetivos sobre la autoría de los hechos», sino que se mantienen las «meras sospechas, hipótesis y conjeturas del principio». Estas no sirven de base para continuar la investigación y el juez no procesará a nadie por ello.

El 25 de noviembre del 2021 el magistrado reabrió el caso «ante numerosas dudas e incongruencias, que necesitaban una respuesta lógica» pero avisaba de que el transcurso del tiempo podría «hacer muy difícil, y en algún caso imposible, cerrar todas esas incertidumbres de manera clara».

Por ejemplo, para reabrir el caso tuvo en cuenta que una semana antes del homicidio un vecino del edificio halló un cartucho percutido que resultó ser del mismo calibre, marca, características y disparado con la misma arma que luego se usó en el crimen en el mismo garaje, donde la víctima aparcaba todas las mañanas su coche los días laborales en una plaza alquilada. Todo apuntaba a que era «muy probable» que el autor de los hechos «hubiera estado en el garaje unos días antes del crimen y que pudiera haber efectuado un disparo con la misma pistola y con el mismo tipo de cartuchos que luego se usaron para matar a la víctima».

Al magistrado le surge la duda de si este crimen fue o no cometido por un profesional por encargo, ya que semejante descuido de dejar abandonado un cartucho percutido y usar luego para cometer el crimen la misma arma y la misma munición «no parece acomodarse al perfil de un sicario profesional, pues parece más propio de un aficionado o persona no preparada que estuvo valorando cómo actuar» y que, intencionadamente o no, disparó días antes del 2 de abril un tiro en el garaje, dejando olvidado el cartucho.

Además, según el instructor, por la posición del cadáver y la ubicación de los cartuchos, policialmente se llega a la convicción de que «la víctima vio al agresor y que lo conocía», ya que no hizo intención de huida, sino de meterse en el interior de su vehículo para esquivar un enfrentamiento verbal, de forma similar a como se había comportado en situaciones previas que había sufrido.

El juez resalta que todos los indicios llevan a concluir que el autor, mediato e inmediato, del homicidio se vincula de manera lógica y natural con personas cercanas a su ámbito familiar, pues, además, resulta que esas relaciones familiares, en esa época, eran« turbulentas», hasta el punto que la víctima había manifestado a sus amigos más cercanos que «se sentía vigilado y que temía por su vida», existiendo numerosas denuncias entre los miembros familiares por cuestiones económicas y empresariales.

Sin embargo, el magistrado subraya que la investigación policial fue, en su momento, «especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico», quizás por haber desplazado de la misma a algunos de los funcionarios más competentes adscritos a la Comisaría Local de Vigo para ser sustituidos por otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona.

Debido a esa circunstancia, afirma el juez, se privó de mucha información policial, «dejando muchos cabos sueltos» que el paso del tiempo ha impedido solventar, pues «los nuevos testigos llamados ofrecen versiones que en nada ayudan a resolver tales incertidumbres». Por todo ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha declarado concluso el sumario.  

Las pistas que siguió el juez

El juez ve curioso y sin explicación lógica el hecho de que el hijo de la exmujer investigada y del fallecido hubiese intervenido en esta causa como abogado defensor de uno de los investigados y que estaba acusado de haber participado en el homicidio.

De igual manera no halló explicación al hecho de que la noche de los hechos, sobre las 3.00 horas, se hubiese desactivado la alarma de una casa de Redondela con las claves de otra persona, cuando este, al parecer, no vivía en ese domicilio, sino que lo hacía en una vivienda ajena con la que entonces era su novia. Es más, nadie preguntó al inicio de la instrucción quién estaba esa noche en el domicilio de Redondela. En diligencias resulta que una empleada del hogar declara en sede policial que en la mañana del 2 de abril solo estaba ella y otra persona y, sin embargo, las cámaras de seguridad detectaron la entrada a ese domicilio y durante esa mañana de un conductor de autobús de un colegio que dirigía la exmujer del fallecido y empleado de mantenimiento del mismo centro.

Tampoco está muy explicado el hecho de que la exmujer fuera titular de 4 números de teléfono casi consecutivos: el que usaba ella), el que usaba su hija), el de un usuario que nunca se averiguó y el que usaba otra persona. Y es llamativo que a las 9.18 horas del día del homicidio (que se produjo entre las 8.30 y las 9.00 horas) hubo un cruce de llamadas por parte del usuario desconocido de ese teléfono. El juez deduce que dado que parece una suerte de teléfonos de carácter familiar (por ser números consecutivos y usado por la exmujer y su grupo directo), no es descartable que fuese un allegado el usuario de ese teléfono llamante. Si fuera así, ¿cuál es el objeto de esa llamada apenas unos minutos después del homicidio?

«Nadie tuvo la iniciativa de investigar estos hechos, y resulta que a esta altura es imposible averiguar algún dato al respecto», afirma el juez en su auto de conclusión del sumario.

También resulta que varios testigos afirman que en los días inmediatos al homicidio vieron una furgoneta en actitud vigilante cerca el garaje donde se produjo el crimen. De las diligencias policiales se determinó que había sido alquilada por una persona relacionada con los investigados y presuntamente vinculado al mundo del narcotráfico, pero de las diligencias practicadas al respecto nada se ha aclarado, «dada la poca memoria de los testigos llamados», precisa el magistrado.

Respecto a los cartuchos usados para el crimen son de una marca poco conocida y con escasa visibilidad en el mercado (CCI), y que además tenían unos rebordes muy característicos. Al magistrado le llama la atención que cinco años antes del crimen, en 1999, uno de los sobrinos del detective que fue condenado junto con la exesposa por haber hecho seguimientos y escuchas ilegales al empresario. Este investigador privado, continúa el magistrado, había comprado casi 200 unidades de este tipo de cartuchos (unos 200) en una armería de Pontevedra. Se hizo un análisis de esos cartuchos, que permitió determinar que los sobrinos del detective, este mismo y gente vinculada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían disparado en distintos lugares usando esos cartuchos, por lo que no se descarta que parte de esos cartuchos pudiesen haber sido desviados al autor de los hechos, pero ningún elemento objetivo se ha alcanzado en esta nueva fase de la investigación. El detective tendría que haber entrado en prisión, para cumplir su condena, el 2 de abril del 2004, pero no lo hace sino hasta cuatro días después, y las razones dadas en su declaración tampoco permiten llegar a una conclusión incriminatoria.

De igual modo tampoco fue objeto de investigación la íntima relación de una persona sospechosa con agentes de la Guardia Civil, especialmente de la Intervención de Armas, uno de cuyos responsables apareció, de improviso, y sin mediar requerimiento alguno, el día en que estaba declarando en comisaria de la Policía Nacional para dar razón de un arma a nombre de ella y que tendría él depositada. Al juez, igualmente le llama la atención que, al parecer, este funcionario de Guardia Civil estaba siendo investigado por asuntos internos por desvíos o actuaciones irregulares relacionadas con las armas depositadas en Intervención.

«La eventualidad de hacer ahora esta investigación ha devenido infructuosa», lamenta el magistrado.

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