Los juzgados de Vigo reactivan los avisos a 71 familias de su inminente desahucio

e. v. pita VIGO / LA VOZ

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Más de 2.650 notificaciones se acumulan en armarios y mesas tras dos meses de huelga de los letrados judiciales

11 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La huelga de letrados judiciales, que duró dos meses, sigue dando coletazos. Tras el parón, miles de cartas de los jueces se amontonan en armarios y mesas en lista de espera para ser entregadas personalmente a vecinos de Vigo y O Val Miñor, entre ellas los avisos a 71 familias de que van a ser desalojadas de forma inminente de su piso de alquiler por impago de la mensualidad. Iban a ser expulsadas entre enero y marzo pero la huelga lo impidió. Ahora todo se está reactivando pero el atasco es «histórico». Los avisos se amontonan esparcidos sobre las mesas de los funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, que desde Semana Santa ocupan nuevas oficinas en la Cidade da Xustiza.

Hay una lista de espera de 2.654 diligencias de notificación pendientes de entregar a vecinos de Vigo, Nigrán, Baiona y Gondomar. Hace tres meses, el atasco era de 1.082 cartas, pero el retraso se ha disparado un 145 % por la huelga de letrados de Administración de Justicia (LAJs), un parón que duró dos meses, entre enero y marzo. «Los armarios están llenos», admite el letrado Fernando Vázquez, coordinador de la oficina.

Son papeles donde el tribunal reclama a ciudadanos el pago de multas o la devolución de préstamos a bancos y financieras, comunica sentencias, anuncia que van a cobrar una indemnización o que le van a embargar el coche o expulsarlo de su piso de alquiler por impago. Hay tal tapón que las cartas tardarán en llegar.

La veintena de funcionarios del Servicio Común que cada día salen a repartir cartas por toda la ciudad aceleran estos días su trabajo para ponerse al día. Pero todo tiene sus límites: en un día a buen ritmo entregan 300 cartas. En muchos casos, el destinatario no está en casa y el resultado no es positivo, hay que volver otro día al domicilio otra vez o buscarlo en su lugar de trabajo. Pero aún así, aunque despachen 300 avisos, entran otros 200 nuevos al día. «Esto funciona como una cadena, una notificación genera otra, aunque solo hayan sido dos meses de huelga aquí tenemos para muchos meses», admite Vázquez.

El letrado cree que la carga de trabajo es «histórica». «Nunca tuvimos una carga de atasco de tal calibre», dice. Recuerda temporadas de cierto colapso pero eso se debía a que los funcionarios que repartían en el rural no podían ir porque esos días no prestaba servicio el chófer del coche eléctrico de la Xunta. El atasco de notificaciones es enorme en O Val Miñor y las parroquias del extrarradio de Vigo como Cabral o Lavadores. «Antes, los atrasos coincidían con que nos faltaba un coche, ahora tenemos tres y algunos días, cuatro», dice Vázquez. El letrado muestra un armario repleto de expedientes: «Todo esto es de Nigrán».

Siempre hay dos o tres notificaciones que no se entregan por la «imposibilidad» de localizar el domicilio en el rural. En Gondomar, se han levantado nuevas urbanizaciones y, al preguntar, los vecinos de siempre no conocen la calle, y además, hubo cambios de nombre en lugares tradicionales o solo conocen al destinatario por su apodo.

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 «Tenemos 101 embargos pendientes»

Fernando Vázquez es el letrado (LAJ) del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo. Acaba de estrenar la nueva sede en la Cidade da Xustiza tras mudarse del edificio de la calle San Sebastián, en el Casco Vello. El pasado trimestre la actividad judicial de su oficina ha quedado prácticamente paralizada dos meses por la huelga de su colectivo. Según las cifras que maneja, entre enero y marzo recibieron 50 órdenes de los jueces para embargar bienes pero solo hicieron 14. «Tenemos 101 embargos pendientes», dice, porque los del primer trimestre se acumularon a los de Navidad.

Desde enero les llegaron 46 avisos para realizar lanzamientos (ejecuciones de desahucio) y en tres meses solo hicieron 13. Actualmente, 71 familias, en su mayoría inquilinos, están a la espera de que la comisión judicial vaya con un cerrajero a desalojarlas de su vivienda por impago. Respecto a los hipotecados que no pagan su cuota del piso tras la subida del euríbor, Vázquez da por hecho que esas peticiones de desahucio «tardarán años en llegar, es un proceso muy lento». Ahora hay expulsiones de inquilinos porque es más rápido.

Está preocupado por el atasco en las entregas en el rural, porque, como en Gondomar, son casas desperdigadas y direcciones donde se entremezclan los números pares e impares de la calle. En Gondomar, «los funcionarios se vuelven locos», regresan otra vez con la carta sin entregar y piden al juzgado que se precisen más las señas.

«A veces, un banco reclama un crédito y da la dirección de hace diez años, que ha cambiado o nadie conoce», relata «Cada día hay dos o tres notificaciones que vienen de vuelta porque el repartidor no localiza la casa», añade. No vale dejarle la carta al vecino para que se la entregue, ya que ha cambiado la ley. «Si era alguien conflictivo, nadie quería darle la carta», añade. La solución es acudir a su lugar de trabajo.