La Justicia exime al Concello de Vigo de pagar por obras que hizo la Xunta para poder abrir el Cunqueiro

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VÓZ

VIGO CIUDAD

Caballero y Figueroa (PP) pactaron que el Concello se haría cargo de los servicios para el nuevo hospital, pero no lo hizo
Caballero y Figueroa (PP) pactaron que el Concello se haría cargo de los servicios para el nuevo hospital, pero no lo hizo M. MORALEJO

El Ayuntamiento incumplió el acuerdo que había impulsado el bipartito desde el Gobierno gallego y este, ya con el PP, intentó incautarle 900.000 euros

21 mar 2023 . Actualizado a las 13:52 h.

El Concello de Vigo no tendrá que pagar nada a la Xunta por haber hecho obras necesarias para poner en marcha el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El Gobierno gallego había reclamado 884.455 euros, por las acometidas eléctricas, el agua, el saneamiento y la fibra óptica, entre otros, que ejecutó la propia Xunta ante la negativa del Concello a cumplir un convenio firmado en el 2006 que le obligaba a asumir estos trabajos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón al Ayuntamiento en una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo, cuyo ponente ha sido el magistrado Luís Villares, antiguo portavoz de la formación política En Marea.

La polémica ocupó un gran espacio político hace diez años. El gobierno de Caballero se negó a ejecutar aquel convenio, que había firmado el bipartito en la Xunta (y en concreto la entonces conselleira y ahora concejala María José Caride) con el Concello (con Corina Porro). Su negativa se basaba en que la Xunta había cambiado de modelo de hospital y había optado por una fórmula público-privada. El Cunqueiro estaba en obras. El Gobierno gallego asumió en el 2015 aquellos trabajos que correspondían a la Administración municipal, pues sin ellos el hospital no podría abrir, como hizo a mediados de ese mismo año.

Pero después, en el año 2016, la Xunta pasó la factura al Concello. Y no lo hizo bien. Según el alto tribunal, «reclámase unha débeda que non se declarou previamente e que o Concello non puido discutir», ya que antes de pedirle que pagase, el Gobierno gallego no aprobó administrativamente la cantidad que debía pagarle el Concello por daños y pérdidas. La sala razona que «non pode haber un requirimento válido de pago se antes non se determinou a débeda». De hacerlo así, el Concello habría podido recurrir la cantidad fijada, pero no pudo. Por eso, dicen los jueces, la Xunta prescindió «total e absolutamente do procedemento establecido para a determinación das débedas tributarias».

El convenio entre las dos administraciones había quedado sin efecto en el año 2013. En aquel momento Abel Caballero no tenía mayoría absoluta y había roto con el Bloque. Por ello, llegó a un pacto con el PP de José Manuel Figueroa para que le aprobase el presupuesto del año 2014. En el contenido de ese pacto, según aseguró el PP, estaba que el Ayuntamiento sí haría los servicios para el nuevo hospital; aunque el PSOE negó que fuera a hacerlos. Hablaban del mismo pacto, pero el conflicto judicial demuestra que la versión válida era la del PSOE. En las siguientes elecciones, el PSOE obtuvo mayoría absoluta y el PP pasó de 13 a 7 concejales.

Pasaron tres años desde que en el 2013 el Concello dio por roto el convenio hasta que la Xunta reclamó la deuda. Por el medio, el Gobierno gallego no hizo nada. Y en mayo del 2016, la directora de Recursos Económicos del Sergas reclamó los casi 900.000 euros. El Ayuntamiento lo rechazó y el Sergas pidió a la Consellería de Facenda que detrajese la deuda del Fondo de Cooperación Local. En el 2021, la Axencia Tributaria de Galicia inició el procedimiento para quedarse el dinero que correspondía transferir al Concello. Todas las alegaciones de este fueron desestimadas, pero ahora el Tribunal Superior le da la razón.