Presenta facturas con borrones para intentar salvar una vivienda ilegal en Vigo

Facturas con borrones que ocultaban que el suministro eléctrico de la casa era de obra. De esta forma, un infractor urbanístico pretendía hacer creer al Ayuntamiento que las obras ilegales que había hecho ya habían caducado al pasar más de seis años desde que las había terminado. Pero no consiguió convencer a los técnicos municipales, que se dieron cuenta de que siempre la misma palabra aparecía difuminada. Además, analizaron las imágenes históricas de Google Street View.

El Concello acaba de ordenar al promotor de la obra que presente un proyecto de legalización de la vivienda, que implicará que tendrá que demoler todo aquello que no estaba contemplado en el permiso. Además también tendrá que llevar a cabo el derribo de un cierre de piedra de 14,60 metros de largo por 1,90 de alto que construyó en terrenos destinados a la ampliación de un vial.

La vivienda en cuestión se encuentra en Matamá y se sitúa dentro del ámbito de protección del conjunto parroquial de Santo André de Comes. El Concello ya resolvió en el 2018 que la vivienda unifamiliar no se ajustaba a las condiciones de la licencia municipal que había sido otorgada. Entonces indicaban al promotor que las obras eran legalizables mediante la presentación de una solicitud de licencia acompañada de un proyecto de legalización en el que se debían incluir las demoliciones necesarias y justificar el ajuste de la edificación resultantes a la normativa urbanística en vigor.

El hombre alegó la caducidad de la acción municipal porque habían transcurrido seis años desde la total terminación de las obras. Acompañó a su recurso el informe de un arquitecto que certificaba que la casa «se encuentra completamente rematada y apta para su utilización como vivienda unifamiliar, siendo su antigüedad superior a los ocho años». Con el fin de demostrar que ya estaban viviendo en la casa, aportó recibos de la luz del año 2018. A los técnicos municipales les llama la atención que en todas las facturas que fueron aportadas, «borrouse, difuminouse, unha palabra no espazo destinado a concepto. E parece que é a palabra obra», señalan. Destacan que la compañía eléctrica emplea el concepto «obra» para referirse a edificaciones que están en proceso constructivo y que aún no presentaron la documentación preceptiva para obtener el suministro definitivo en concepto de vivienda. «Curiosamente, parece que nas facturas achegadas, se difumina intencionadamente esa palabra, posto que o resto do concepto é perfectamente lexible», se expresa en el expediente.

Además, hacen referencia a una sentencia a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se hace constar que las facturas de suministro eléctrico no son prueba suficiente para dar por terminadas las obras.

Además el Concello echó mano una vez de la aplicación Google Street View y comprobó que, en octubre del 2008, la edificación no estaba aún concluida. En las imágenes históricas se apreciaba desde el exterior que todavía no estaban rematadas las ventanas ni las escaleras. La edificación se mostraba con cierres plásticos con bastidores de madera, propios de las obras en ejecución. En las imágenes se perciben dichos cierres provisionales que «non dan solución de seguridade, habitabilidade e funcionalidade da edificación». Analizando las fotografías, concluyen que, en la fecha de incoación del expediente, el 20 de abril del 2017, no había pasado el plazo de seis años que establece la ley para entender caducada la acción administrativa para exigir la restitución de la legalidad urbanística. «Non se pode concluir que transcorreran os prazos para a caducidade da acción municipal no relativo á execución dunha vivenda unifamiliar sen axustarse ás condicións da licenza», expresa el informe de Urbanismo.

El dueño de la vivienda de Matamá tiene un plazo de tres meses para poder ajustar las obras a la legalidad, porque si no se expone a que lo haga el Ayuntamiento y a la imposición de multas coercitivas.

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