Las zonas de bajas emisiones de Vigo, pendientes del 28-M
VIGO CIUDAD
Multar siempre resulta complicado antes de las elecciones, por eso no se están dando mucha prisa
21 feb 2023 . Actualizado a las 00:28 h.Vamos con la aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Lo más lógico sería empezar por el principio, recordando qué son. Así las define el Ministerio de Transición Ecológica: «Las ZBE son áreas en las que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire. Se circunscriben a un área amplia dentro de la ciudad, o incluso a la ciudad entera, y permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones». Tengamos claro, consecuentemente, que las ZBE siempre establecen límites y restricciones.
Es importante recordar la justificación de su implementación, que va más allá de mitigar la emergencia climática y se fundamenta en mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, la defensa de la salud pública. El primer paso debería ser la planificación, empezando por elaborar un diagnóstico de la situación de partida, analizando aquellos barrios, calles y puntos sensibles que soportan mayor densidad de tráfico y mayores niveles de contaminación atmosférica (y acústica), un análisis del parque móvil residente y circulante y su inventario de emisiones. Esto ofrece una primera evaluación de impacto ambiental, y una vez realizado el diagnóstico se puede trazar un mapa de las posibles ZBE que podrían abarcar áreas muy extensas pero también entornos sensibles como centros escolares, residencias, etc.
Esto nos llevaría a la segunda fase, más concreta, que incluye el diseño operativo que viene acompañado de los instrumentos legales pertinentes y su marco jurídico. En esta fase es muy importante la campaña de sensibilización y comunicación y aquellas medidas complementarias aplicables, como rehacer el mapa de la movilidad urbana general. No olvidemos que el objetivo de las ZBE consiste en invertir la actual pirámide de la movilidad priorizando la peatonalización, seguida de la bicicleta, el transporte público eficiente (en Vigo nunca lamentaremos lo suficiente el error de haber eliminado el tranvía), la distribución urbana de mercancías, el vehículo compartido y, finalmente, el vehículo particular.
Estas dos primeras fases ya deberían estar listas desde hace tiempo (la obligatoriedad de las ZBE se anunció con tiempo suficiente, e incluso la FEMP que preside nuestro alcalde elaboró en el año 2021 una guía técnica para su implementación). El 1 de enero de este año debería haberse iniciado la fase 3, que consiste precisamente en la puesta en marcha. Esto incluye la señalización y control de acceso reservado en general en las ZBE a los vehículos 100 % eléctricos, híbridos enchufables (aunque si tienen un tubo de escape serían discutibles sus cero emisiones) y pequeños vehículos de reparto de mercancías. Todo esto lleva implícito un mecanismo sancionador en caso de incumplimiento, pues recordemos que se trata de la aplicación de una ley (7/2021 de 20 de Mayo), no de unas recomendaciones de cumplimiento voluntario. Esto de multar siempre resulta complicado de defender ante la ciudadanía, y por eso en la mayoría de ciudades de más de 50.000 habitantes no se están dando mucha prisa en aplicar las zonas de bajas emisiones antes de las elecciones municipales, especialmente cuando no existe campaña de comunicación alguna que las explique y defienda (todo lo contrario, nos las presentan como una obligación e imposición de Europa, aunque realmente la ley es estatal).
Queda, por lo tanto, muy lejos en el horizonte la cuarta fase: el seguimiento y contraste de indicadores de evaluación. Muchas organizaciones sociales y ecologistas (en Vigo concretamente, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace y Vigo Ciclábel) llevan años presentando informes y elaborando propuestas para esa nueva movilidad tan imprescindible como inevitable y encontrando el silencio por respuesta. Recordemos que también por ley, y es triste tenga que ser por obligación legal, la participación pública es una condición imprescindible para la puesta en marcha de las ZBE.