La Audiencia anula una compraventa ilegal ruinosa para los comuneros
28 ene 2023 . Actualizado a las 17:22 h.La Audiencia Provincial de Pontevedra da la razón a dos comuneros de la comunidad de montes de Cabral y ha declarado nulo un contrato de compraventa de terrenos suscrito entre el presidente de la comunidad de montes, Luis Rodríguez, y la inmobiliaria Vigocasa. Los jueces deshacen la operación y, por lo tanto, la inmobiliaria deberá reintegrar 425.000 euros más los intereses devengados a la comunidad de montes, mientras que los comuneros tendrán que devolverle la parcelas.
El 9 de enero de 2013, el presidente de la comunidad de montes de Cabral, sin recabar el consentimiento de los comuneros ni haber obtenido autorización de la Xunta, suscribió un contrato privado con la entidad inmobiliaria, en virtud de la cual la comunidad le compraba siete fincas por un importe de 425.000 euros.
La Ley de Montes Vecinales exige que la adquisición de parcelas sean aprobadas por la asamblea general y la Ley de Montes de Galicia exige una autorización previa de la administración forestal.
Dos comuneros pusieron en conocimiento de los tribunales las irregularidades en la suscripción del contrato y, a finales del año 2021, el juzgado de primera instancia de Vigo conoció los hechos y dictó una sentencia dándoles la razón. Declaraba que el contrato elaborado por el presidente de la comunidad de montes es «radicalmente nulo por la ausencia del consentimiento de la comunidad al no existir acuerdo válido de la asamblea para su otorgamiento y la ausencia de la preceptiva autorización de la administración forestal conlleva la nulidad del contrato». Condenaba a la entidad inmobiliaria a devolver a la comunidad los 425.000 euros pagados y a la comunidad a devolver las siete fincas adquiridas.
Recurrido el fallo por la comunidad de montes y la entidad inmobiliaria, la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de confirmar la sentencia de primera instancia y vuelve a dar la razón a los comuneros que pusieron en manos de los tribunales las irregularidades del contrato, por el elevado importe formalizado por su presidente y una entidad inmobiliaria sin el consentimiento de los comuneros ni de la Xunta.
Fernando Fernández Molares, uno de los comuneros denunciantes y portavoz de la candidatura alternativa a la junta rectora manifestó que esta sentencia confirma una vez más que todos los acuerdos, si no se ajustan a los estatutos y a la ley carecen de validez. «Esta sentencia nos viene a dar la razón en lo que venimos denunciando desde hace años, la gestión desleal del presidente y de su junta directiva con la asamblea de comuneros. El presidente nunca informó de los contratos».
La inmobiliaria Vigocasa compró fincas a vecinos de Cabral en el entorno de Coto Grande y, al no desarrollarse lo proyectado en el polígono de Liñeiriños, la Junta rectora las compró en contrato privado. La inmobiliaria pagó a los vecinos un precio medio de 33,90 euros por metro cuadrado, por un total de 296.295 euros y las vendió a la comunidad a 48,59, por un precio de 425.000 euros. «Fue un negocio ruinoso para la comunidad», señala Fernando Fernández Molares.