Niegan la pensión de divorcio a una trabajadora precaria de Vigo: «Por ser mujer no hay más protección»
VIGO CIUDAD
La Audiencia de A Coruña dice que ella trabaja ahora en Vigo y solo convivió 5 años con su marido jubilado, que vive en la Costa da Morte y al que dejó durante el confinamiento del 2020
03 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.«El mero hecho de ser mujer, o tener unos ingresos inferiores, o que su residencia actual sea una habitación alquilada, no es un interés más necesitado de protección». Con esa lapidaria frase, la sección tercera de la Audiencia de A Coruña denegó las pretensiones de una divorciada viguesa, una trabajadora precaria de 53 años que pedía protección económica porque vive en una habitación alquilada en un hostal de Vigo y que reclamó una pensión compensatoria de 300 euros y la casa familiar a su exmarido de 74 años, residente en la Costa da Morte. Ella lo había dejado en pleno confinamiento del 2020 por covid y se había mudado a Vigo, a 150 kilómetros de distancia, para vivir con su hija en un piso de estudiantes compartido.
El tribunal deniega la pensión y la casa a la exesposa porque el matrimonio solo duró cinco años, él es 21 años mayor y está jubilado mientras que ella trabaja y, además, abandonó voluntariamente el domicilio familiar. La Audiencia concluye que, pese a que ella vive ahora en precariedad, su situación es «exactamente la misma» que antes de contraer nupcias. Los magistrados añaden que «no puede obviarse que ella es una persona relativamente joven, por lo que no parece que ella esté más necesitada de protección que su exmarido, de 74 años». Al tribunal tampoco le consta que la mujer haya dedicado de forma significativa al cuidado del esposo y del hogar ni tienen hijos en común que cuidar.
El tribunal recordó que el hombre está jubilado pero que su mujer sigue activa laboralmente y que trabajó de forma más o menos continuada desde el 2006 en el sector de la limpieza y del hogar, y en una conservera. Contrajo bajas por enfermedad.
En Vigo, ella está empleada como limpiadora del hogar y trabajó en una empresa de limpieza. Todo lo que ganaba lo destinaba al mantenimiento de su hija en Vigo, que cursa estudios universitarios, y en las reformas de una casa que transmitió a su hija en un pacto de mejora. Además, su entonces marido le ayudaba.
La viguesa se casó en el 2015 con un jubilado 21 años mayor que ella y se mudó a la casa de él en Corcubión, en Cee. Pasados cinco años, ella lo dejó al comenzar el estado de alarma y el confinamiento por covid y se marchó en abril del 2020 a Vigo, por consejo médico, para vivir con su hija universitaria. Acabó en una habitación de alquiler en una pensión para mujeres. Un año después, el esposo pidió el divorcio.
La exmujer reclamó una pensión y la casa alegando su precariedad. La petición fue denegada por el juez de Corcubión que disolvió el matrimonio, y luego por la Audiencia. Esta sala recalca que la exmujer ha fijado su residencia en Vigo, donde desarrolla su actividad laboral y no ve ningún interés de ella por mudarse. Y aunque obtuviese la casa de Cee y se asentase allí, «su situación laboral empeoraría». Concluye que el matrimonio fue de corta duración y no afectó a la capacidad laboral de la exesposa, que no le impidió seguir trabajando, ni alteró sus ingresos ni afectó a su salud. Su situación «es la misma».