Las prórrogas hacen caer un 8 % las demandas judiciales para expulsar a inquilinos
10 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Fina y Juan, un matrimonio con hijos, sufrió un desahucio hace varios años pero han encontrado un nuevo hogar gracias a la oenegé Provivienda y ahora están bien. «Hace varios años lo pasamos mal, nos ayudó mucho Provivienda y ahora no tenemos preocupaciones y estamos bien», explica Juan. Como esta, 288 familias de Vigo han sido demandadas en los juzgados en lo que va de año por sus caseros para que desalojen la vivienda, ya sea por impago o por estar en precario (sin permiso del dueño).
Desde enero, cerca de 300 afectados y sus acompañantes que no pueden pagar la renta mensual de una vivienda en Vigo han pasado por el mismo mal trago que Fina y Juan. Los propietarios presentaron en los juzgados de primera instancia de Vigo un total de 288 demandas en seis meses para desalojar a inquilinos. Son 22 menos que hace un año, con una caída del 7,9 %. La bajada se debe a que el Gobierno mantiene una moratoria para que las familias con hijos menores a su cargo y que están en riesgo de vulnerabilidad puedan aplazar un mes su desalojo mientras la Xunta les busca un realojamiento. Pero, aún así, Vigo registra una media de 1,6 nuevas demandas de desahucio al día.
La prórroga fue la solución a la que se aferró Emilia Murua, leonesa separada de 43 años y madre de dos hijas, una de ellas menor. Encadenó varias moratorias mientras buscaba otro piso pero nadie le alquilaba ni le hacía un seguro de impago porque, aunque tenía mil euros de ingresos al mes, 700 procedían del Ingreso Mínimo Vital, que no computan a la hora de calcular el seguro, y otros 300 de la pensión de alimentos. «De nada me valen las ayudas sociales si nadie me alquila», se lamentaba.
Un abogado y la Federación Vecinal la apoyaron. Finalmente, sumó a sus ingresos la nómina de 1.100 euros de su compañero y logró que un gestor aceptase que en el hogar entraban 2.000 euros al mes en conjunto, cuantía por la que suscribieron el seguro, y lograron luz verde para alquilar un ático el jueves. Tienen que mudarse en cuestión de horas porque mañana, lunes, la comisión judicial irá a ejecutar el lanzamiento al piso del que fue desahuciada y cambiar la cerradura para devolvérselo a la casera.
Mucho papeleo para nada
La situación de Emilia Murua y otros desahuciados ha destapado el desamparo en el que viven las madres con dificultades para pagar el alquiler o el recibo de la luz. Algunas voces se quejan de que los Servicios Sociales les obligan a cubrir «miles de papeles» para obtener la ayuda para pagar la fianza al casero pero luego nadie les alquila porque solo perciben la renta básica. Afecta también a los beneficiarios de pensiones no contributivas o la risga. Con suerte, les alquilan una habitación compartida. En la Federación Vecinal se preguntan: «¿Qué familia quiere vivir dentro de una habitación?»
La solución está llegando a través de oenegés como Provivienda, que se presentan como avalistas de los inquilinos de bajas rentas y han logrado que decenas de caseros los admitan. El aval da una tranquilidad a todas las partes si hay atrasos en el pago.
Una desalojada: «Lo pasé muy mal, tuve depresión; al llegar al nuevo piso me volvió la vida»
Silvia es una madre soltera que ronda los 40 años y que hace cinco fue objeto de un desahucio porque no pudo seguir pagando el alquiler del piso. Según dice, la Xunta se retrasó con el abono de su ayuda social «y al tardar tanto, el propietario se enfadó». Vivía con su hija de 15 años. Provivienda le ayudó a alquilar otra vivienda y le echó una mano. «Lo pasé muy mal por el desahucio, estuve un año con depresión, cuando conseguí una casa fue un cambio, me fui recuperando. Cuando llegué al nuevo piso me volvió la vida», afirma.
En la nueva casa siguió teniendo dificultades para pagar la luz. «Pedí aplazamientos para que me la cobren poco a poco, ahora voy apañando», dice. Agradece el apoyo de Provivienda y anima a otras entidades a un mayor compromiso: «Pido que apoyen a la gente necesitada, lo pasa mal, se pone enferma y con depresión».
Silvia recuerda que pasó seis meses con la asistente social intentando solucionar los atrasos en los pagos de la Xunta. Alguien le aconsejó que no pagara la renta pero «no era justo». En Provivienda la ayudaron y consiguió un nuevo piso en tres meses. Lleva cinco años ahí. «Tuve suerte, hablaron directamente con el dueño. Es un piso antiguo pero elegante», dice. Provivienda le sigue apoyando: «Si me retraso en los pagos o tengo alguna lesión y no puedo trabajar, ellos me apoyan para ir a la Xunta y averiguar ayudas a las que tengo derecho y no pasarlo mal yo sola».
Esta madre soltera confía en que su hija, de 20 años, acabe unas prácticas que le abran las puertas a un contrato. «Cuesta mucho trabajar, con el covid se vino todo muy abajo y en Provivienda me apoyaron».
María Pérez: «A los políticos les reto a que vivan con mil euros»
La Federación Vecinal denuncia que alquilar piso en Vigo es imposible para los trabajadores precarios y los mileuristas, que no se pueden independizar. Un empleado de 19 años, luego detenido por okupa, explicaba hace meses que su salario no le daba para alquilar. El problema es que los caseros no arriendan con nóminas de mil euros, exigen salarios de 1.200 o 1.500 euros para pisos de 500 o 600 al mes. Muchos opinan que las ayudas sociales al alquiler a jóvenes se quedan obsoletas por el alza de precios. «A los políticos de Vigo les reto a que vivan con mil euros», dice la portavoz de la federación, María Pérez. Achaca la escasa oferta de pisos de alquiler social al retraso en la construcción de los previstos en la nueva fase del polígono de Navia. «¿Dónde están los 6.000 pisos sociales que prometió el alcalde? Mintió», dice.