Tercer funcionario del Concello de Vigo condenado por delitos de corrupción que pide el indulto
VIGO CIUDAD
El ex pedáneo de Bembrive trata de evitar su entrada en la cárcel
28 jun 2022 . Actualizado a las 23:49 h.Son tres ya los funcionarios del Ayuntamiento de Vigo condenados por delitos de corrupción que han solicitado al Gobierno central que les conceda el indulto para suspender las penas pendientes de cumplimiento y que en dos de los casos supondría la entrada en prisión.
Primero fue el jefe de servicio de Desarrollo Local de Empleo y Participación Ciudadana, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, quien solicitó al Ejecutivo que le perdone los cinco años y medio de cárcel a los que fue condenado en sentencia firme por haber facilitado la contratación irregular de la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal, cuyo responsable, Ramón Comesaña, también solicitó la medida de gracia tras ser condenado a un año y medio entre rejas. La misma petición de clemencia fue pedida por el jefe de área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro Crespo, condenado a la suspensión de empleo o cargo público durante diez meses por un delito continuado de soborno.
Y ahora sigue el mismo camino a través del Ministerio de Justicia el que fuera alcalde pedáneo de la Entidad Local Menor de Bembrive y funcionario municipal en Vigo, Roberto Ballesteros, condenado por pagar una obra que no se llegó a ejecutar en la parroquia. En su caso la sentencia fue de dos años y dos meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Rechazo inicial
Ballesteros, elegido en las listas del PSOE, vio denegado un recurso de súplica presentado ante la Audiencia Provincial en su sección quinta, con el que solicitaba la suspensión de su entrada en prisión. El tribunal desestimó la petición que ahora plantea en forma de solicitud de indulto al Gobierno, por superar la condena los dos años de cárcel, motivo que llevó a los magistrados a dictaminar que «solamente de modo excepcional cabría conceder la suspensión» que el exalcalde pedáneo planteó.
En su petición de cancelación de la pena, su representación legal esgrime que «habiéndose solicitado el indulto parcial de pena privativa de libertad, interesamos se proceda a la suspensión de condena, puesto que de no hacerse y concederse el indulto, se desnaturalizaría la medida de gracia puesto que ya no tendría efectividad». La solicitud de indulto fue remitida al ministerio el pasado día 17. Con fecha del día 7 también de este mes, la Audiencia Provincial ordenó el ingreso en prisión de Roberto Ballesteros en un plazo máximo de cinco días desde la notificación del auto, advirtiendo que de no ingresar de manera voluntaria se daría orden de búsqueda y captura. Sin embargo, la petición de indulto ha frenado la decisión del tribunal.
La Audiencia había rechazado la petición de suspensión alegada por el ex pedáneo aduciendo que la excepcionalidad necesaria para frenar su entrada en prisión no se daba «desde el momento en que nos encontramos ante un reo reincidente en delitos de prevaricación». Además de la condena que motiva su condena a cárcel, Ballesteros ya fue sentenciado en el 2017 a siete años de inhabilitación por retirarles las retribuciones a los vocales del PP en la junta vecinal de Bembrive. También aceptó en marzo de este año la imposición de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por haber adjudica de manera irregular obras por valor de cerca de 800.000 euros, entre los años 2013 y 2016.
El tribunal no aceptó tampoco las causas personales alegadas por el condenado para evitar la cárcel, incidiendo en que no constan situaciones de dependencia física de sus mayores o de convivencia con su descendencia. Tampoco haber abonado la responsabilidad civil en el caso resultó merecedora de la suspensión de sentencia, ya que los magistrados indicaron que la cantidad no tiene «entidad suficiente para poder enervar la reiteración delictiva observada».
Negativa del Gobierno
Las peticiones de indulto de los tres funcionarios choca con la advertencia hecha hace unos días por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso, donde al ser cuestionada sobre la posible medida de gracia en favor de los condenados por el caso de la cuñada de Carmela Silva dijo que «el Gobierno tiene sus líneas rojas» para no concederlas. Llop aseguró que «no concedemos indultos en casos de corrupción, violencia machista o tráfico de drogas para el Campo de Gibraltar».