La sublevación militar de julio de 1936 dejó huella en la política municipal viguesa
VIGO CIUDAD
En la comisión gestora predominaban ex-militares, empresarios e industriales
19 jun 2022 . Actualizado a las 20:53 h.El Frente Popular, coalición de republicanos de izquierda y socialista, venció en las elecciones generales de abril de 1936, derrotando a los derechistas de la CEDA y radicales. Una de las primeras medidas tomadas será reponer a los ayuntamientos apeados durante la Revolución de Octubre de 1934 (de Asturias y Catalunya). En Vigo, retornó la corporación presidida por el veterano socialista Emilio Martínez Garrido, de 50 años, dueño de la funeraria El Óbito en su Lavadores natal.
El 18 de julio tuvo lugar la sublevación de los militares africanistas, pronto liderada por Francisco Franco. Ante esta situación, el alcalde socialista se asienta en la casa consistorial esperando órdenes del gobierno civil, desde donde procura el mantenimiento del orden público y asegurar los servicios básicos, negándose a entregar armas al pueblo (¡enorme error!), siendo detenidos al día siguiente. Mientras, el pérfido comandante de la plaza, Felipe Sánchez, tras convencerle falsamente de que era leal al gobierno legítimo, ordenaba al capitán Carreró que leyera el bando de guerra en la Porta do Sol con varios ciudadanos abatidos. Acusados en consejo sumarísimo de guerra de «rebelión» (¡que dislate!) serán condenados a muerte, pues se quería dar un castigo ejemplar, un grupo de políticos de izquierdas, ejecutados el 27 en las inmediaciones del cementerio de Pereiró.
José Giménez García
Para gobernar el Ayuntamiento de Vigo, el 22 de julio se nombró presidente de una comisión gestora a José Giménez García, comisario de guerra, quizás retirado por la Ley Azaña (1931). Una sombra en el ámbito vigués hasta el momento. Este organismo local estaba formado por Sebastián García Retuerta (industrial panadero y del Partido Agrario Español, ultra), secretario de la presidencia; Alfonso Campo Martínez, primer teniente, para ocuparse de Beneficencia y Sanidad; José Cerqueira Domínguez (empresario de conservas), segundo teniente, de Cultura y Arte; Manuel Canellas Tapias (ex-militar y gerente de La Metalúrgica), tercer teniente, Servicio de Aguas; Ángel Reboreda Rodríguez, cuarto teniente, Gobernación; Luis Ferrer Mariño (ex-militar y juez del ejército en la cruenta represión de Asturias), quinto teniente, Pabellones Sanitarios; Luis Vicente Sasiaín (ex-militar), Pompas Fúnebres; Eugenio Fadrique González (empresario de La Artística), Hacienda; e Hipólito Reguenga Borrajo (promotor inmobiliario), Fomento.
Además, se asignan como delegados a M. Canellas, Caja de Ahorros; Paulino Yáñez Tapias (empresario), lonja de O Berbés; Orencio Arosa Álvarez (relojero y primer alcalde en la dictadura de Primo de Rivera), Policía Urbana; Javier Sensat Curbera (industrial de conservas), Abastecimiento Público; y José Albo Abascal (industrial conservero), Alumbrado. El 26 de noviembre se confirmará a Giménez García, manteniendo a siete de los que ya venían siendo gestores e incorporando a otros quince nuevos ediles. Esta corporación se mantendrá hasta el 31 de enero de 1938, presidida ahora por el joven abogado Luis Suárez-Llanos Menacho. Como se observa, un gobierno de ex-militares y empresarios de primera fila, todos muy conocidos en la vida ciudadana, de muy buena posición económica y, sobre todo, «gente de orden», puesto que Falange Española y de las J.O.N.S. era todavía un partido muy minoritario y formado por jóvenes ultraderechistas; pero no tardará mucho en llegar su hora con la afiliación en pleno auge y como partido oficial. La corporación de guerra inicial queda en manos de la oligarquía olívica, que contrasta con los ediles republicanos, de clase media y baja. Ya lo decía el poeta Antonio Machado: «Españolito que vienes/al mudo te guarde Dios/una de las dos Españas/ha de helarte el corazón». Y así fue.
Historiador y miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses