Antes de la invención de la fotografía, la identificación de personas perseguidas por la ley se realizaba con descripciones
15 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Antes de la invención de la fotografía, la identificación de personas perseguidas por la ley era una tarea complicada. En junio de 1804 tenemos un ejemplo de cómo transmitían las autoridades una orden de búsqueda y captura. En este caso, parte de A Coruña el 26 de mayo de 1804. El gobernador de la Real Sala del Crimen en Galicia, Miguel Antonio Blanes, envía una carta al juez de Tui, advirtiéndole de la fuga de dos presos y apremiándole a que los arreste «siempre que se presenten o tenga noticias de ellos». Así mismo, le pide que, como juez de la capital, remita esa misma comunicación a todos los jueces de la provincia.
Pedro Telmo Piñeiro de Lara, que así se llamaba el juez de Tui, envió la carta correspondiente a Vigo el 13 de junio. Igual que lo hizo con los otros jueces, el magistrado tudense adjuntó las descripciones de los prófugos. Los rasgos que se describían eran los únicos datos que tenían los responsables de las justicias locales para detener a los perseguidos, siempre que pasasen por sus localidades.
Francisco Mazaira llaman al primero perseguido, aunque podría haber un error en su apellido y, en realidad, se tratase de Francisco Maceira. Era de Celaguantes, en A Peroxa, y tenía más de 30 años. La descripción proporcionada por la Sala del Crimen señalaba que tenía 5 pies largos de altura, es decir, en torno al metro sesenta centímetros. Se añadía que era «de cara redonda, un poco oyoso de viruelas, nariz apuntada, frente cargada encima de los ojos y un poco tensa, la vista atravesada, pelo largo, negro y crespo en coleta y tupe cortado; un poco cargado de hombros, ojos castaños obscuros». Añadía algunos detalles de su vestimenta. Señalaba que portaba una chaqueta azul con botines blancos, calzón de pena negra viejo y unas botas enteras.
Su compañero de fuga presentaba un don delante de su nombre, lo cual significaba que era una persona de una familia de cierta posición. Se llamaba don Bernardo Lastres. También medía 5 pies, pero su edad se reducía a los 22 años. Era de «cara larga, color blanquecina, patilla grande, ojos castaños, barbilampiño, nariz larga, pelo negro, crespo y largo», mientras que vestía una chaqueta azul, chaleco encarnado, «calzón de casimiro blanco», zapato puntiagudo y medios botines negros.
Cárcel de Vigo
Añadía la nota que estos dos ladrones iban acompañados por dos «mozas vestidas la una de saia y mantilla negras, alta de cuerpo, oyosa de viruelas, color encarnado y la otra, pequeña de cuerpo, color blanquecino de zagal». Con semejante descripción y, sobre todo, a la velocidad que se transmitían las noticias, lo normal era que no fueran capturados nunca, pero en el caso de que fuesen apresados en Vigo, a la espera de su traslado a la cárcel real de A Coruña, los prófugos sufrirían la reclusión en un espacio que necesitaba urgentes reparaciones.
El procurador síndico general, José Antonio Cairo, se dirigía en enero de ese año a la corporación para exponer la situación del presidio vigués, situado cerca de la colegiata. Decía que le movía el amor por la humanidad y la justicia. «Por falta de edificio competente para la seguridad de los que se arrestan es preciso muchas veces dexar impugnes aquellos porque siendo la cárcel que hay provisional, incapaz de contener en sí las muchas personas que por su vicio y malas costumbres necesitan de corrección se halla imposivilitada la justicia de poder exercer con ellas lo que para estos le está reencargado», explicaba. Esa falta de espacio hacía que se encerrase a mujeres y hombres en el mismo lugar, siendo «claros los escándalos que deben originarse y sus consecuencias», apuntaba el procurador.
Por otro lado, advertía Cairo, «los que han cometido una falta leve son iguales en la mortificación y miserias a aquellos cuios delitos por su gravedad exigen otra seguridad y de consiguiente pena más aflictiva». El procurador explicaba al juez y regidores de Vigo que era necesario dirigirse al arzobispo de Santiago, entonces señor jurisdiccional de la villa, para que adoptase medidas correctoras. En caso de que esta autoridad religiosa no hiciese caso, el síndico general estaba dispuesto a llevar sus reclamaciones al Consejo de Castilla. Ni el primero, ni la máxima institución de la corona hicieron nada por mejorar la situación.