Denuncia una obra ilegal en su edificio en Vigo tras ser forzado a presidir la comunidad de propietarios

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Oscar Vázquez

El Concello ordena demoler la cubierta de un patio interior realizado sin licencia en un inmueble de Gregorio Espino

09 abr 2022 . Actualizado a las 23:29 h.

Ser presidente de una comunidad de propietarios es una responsabilidad que muchas personas no desean a asumir, bien porque no se ven capaces, no tienen tiempo para desempeñar estas funciones o no residen en el inmueble. Pero la junta vecinal es soberana y cuando designa democráticamente a alguien en este cargo, el elegido tiene la obligación de aceptarlo sin rechistar. La presidencia de la comunidad es indelegable y de carácter ejecutivo desde que se toma la decisión en la asamblea, según la Ley de Protección Horizontal.

El propietario de un piso de Vigo no tuvo forma de convencer al resto de sus vecinos de que no quería ser el presidente de la comunidad. Según cuentan residentes, vive en otro municipio cercano y consideraba que le perjudicaba ostentar este cargo. Pero la comunidad estaba ya cansada de que este puesto le tocara siempre a los cuatro de siempre, así que decidieron abrir el abanico de candidatos y, tras una acalorada reunión le tocó serlo a él por mayoría. «Ahora se van a enterar», debió pensar este propietario que, debido a su profesión, tiene conocimientos de urbanismo. Según cuentan vecinos de la escalera, el afectado pergeñó una venganza.

La comunidad de propietarios había cubierto hacía unos años el patio interior. Con esta obra querían solucionar unos graves problemas de humedades que afirman que estaban padeciendo. «El agua nos caía a chorros con las lluvias», señala un vecino. Aseguran que «por ignorancia» llevaron a cabo las obras sin solicitar permiso al Ayuntamiento. Esta situación fue la que aprovechó el flamante presidente, que formalizó una denuncia urbanística ante el Concello. Después llegó el cambio en la directiva «tras un año en blanco en el que no se hizo nada», cuenta un vecino. Sin embargo, la nueva presidenta no pudo resolver el lío en el que les había metido su predecesor. La orden de demolición ha llegado esta semana.

Alegaciones desestimadas

El Consello de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha desestimado las alegaciones y ha confirmado la ilegalidad de la actuación realizada por la comunidad de propietarios. El Concello declara que las obras ejecutadas en el edificio de viviendas situado en la calle Alcalde Gregorio Espino número 2, consistentes en la cubrición a nivel de la primera planta del patio del inmueble en una superficie estimada de 200 metros cuadrados son incompatibles con el ordenamiento urbanístico.

Por tal motivo, requiere a la comunidad de propietarios a que proceda voluntariamente a la demolición de las obras. Para tal fin, deberá presentar en un plazo de tres meses un proyecto técnico de derribo emitido por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. La demolición deberá iniciarse en el plazo de un mes desde la presentación del proyecto y su finalización tendrá que acreditarse en el plazo de tres meses. En caso de incumplimiento, el Concello procederá a la ejecución forzosa de la demolición, bien mediante la ejecución subsidiaria o con la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros.

La parcela se encuentra dentro de suelo urbano consolidado. Las obras realizadas se encuadran en una ampliación por suponer un aumento de volumen y de edificabilidad.

Además, el edificio se encuentra en situación de fuera de ordenación por incumplimiento del parámetro de altura máxima permitida en la ordenanza de aplicación, que es de siete plantas y 21 metros.

Precisamente por encontrarse fuera de ordenación, no está permitido este tipo de trabajos de ampliación. Por lo tanto, la comunidad de vecinos deberá convocar próximamente una reunión para aprobar la correspondiente derrama para ejecutar el desmontaje de la cubierta sin licencia. También tienen abierta la vía del recurso ante el juzgado de lo contencioso en un plazo de dos meses.