Unas 40 asociaciones de Vigo piden el indulto para el funcionario condenado a cárcel por enchufar a la cuñada de Silva

La Voz VIGO

VIGO CIUDAD

M.MORALEJO

La campaña está secundada por la fundadora de Érguete, organizaciones vecinales, comerciales, de Montes y fiestas

08 mar 2022 . Actualizado a las 19:44 h.

Treinta y seis asociaciones de Vigo y la exconcejala del PSOE y fundadora de Érguete, Carmen Avendaño, han solicitado por escrito a la Audiencia Provincial de Pontevedra y al Ministerio de Justicia que indulte a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado a cinco años y tres meses de prisión por haber enchufado en una contrata municipal a una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Los firmantes solicitan a la sección quinta de la Audiencia Provincial y a la División de Derechos de Gracia del Gobierno que deje sin efecto la parte de la condena por la que se ordena la entrada en prisión del funcionario, que ya indemnizó al Ayuntamiento de Vigo con la mitad de los 108.000 euros que percibió la beneficiada, que en el juicio que se siguió contra su contratación se evidenció que no había llegado a hacer siquiera los trabajos que justificaron sus servicios.

El respaldo al indulto del alto funcionario llega después de que él mismo solicitase la medida de gracia y la suspensión de su entrada en prisión mientras se sustancia su petición, aduciendo entre otros motivos su compromiso político y sindical, probado por el hecho, indicó, de ser militante del PSOE y UGT desde el año 1982. Gutiérrez Orúe dejó su puesto y plaza de funcionario en el Ayuntamiento vigués tras ser condenado, accediendo a su jubilación.  

La campaña de petición de indulto para Orúe está participada por colectivos vecinales como los de Matamá, Parada, Praza da Miñoca o Calvario, por organizaciones de montes de man común como las de Cabral, Beade, Valladares o la que engloba a todas las de Vigo, así como colectivos de fiestas o comerciales como las del centro o Teis. Dicha iniciativa fue puesta en cuestión desde el grupo municipal popular, que insinúa que han sido el alcalde, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, quienes han instado a la recogida de apoyos para el condenado.