El despido de una controladora aérea de Vigo llega al Congreso y al Parlamento gallego
VIGO CIUDAD
La profesional denunció a la empresa que gestiona la torre y su representación alegó persecución sindical
12 abr 2022 . Actualizado a las 20:18 h.El despido fulminante de una de los nueve controladores aéreos de la torre de control del aeropuerto de Vigo ha llegado al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Galicia para que los gobiernos de España y Galicia se posicionen sobre esta medida disciplinaria. La representación profesional de la trabajadora mantiene que tenía como único objeto presionar ante la negociación del convenio colectivo del personal de las torres privatizadas en el Estado, entre las que se encuentran las de Peinador y Alvedro.
El diputado del BNG, Néstor Rego y el grupo parlamentario de la misma formación en Santiago se hacen eco en una batería de iniciativas registradas en las dos cámaras para que se dilucide el despido de la citada controladora, se investiguen las posibles medidas de presión empresariales y se haga cumplir el convenio y las condiciones laborales con las que la empresa Saerco se hizo con las nueve torres que gestiona.
El despido se llevó a cabo el 11 de enero y la firma encargada del control aéreo en Vigo alegó que la controladora había «obstaculizado el trabajo» de la torre al no haber realizado hasta el último día del plazo permitido los cursos de formación obligatorios para mantener su licencia activa. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), central que agrupa a más del 90 % de los profesionales del sector en España, achacó la medida disciplinaria a justificaciones irreales para ocultar un supuesto plan de la empresa para reducir costes, tras haberse hecho con las concesiones de las torres con una oferta estimada excesivamente baja que reduciría al mínimo la posibilidad de beneficios.
En sus misivas, la formación nacionalista comienza por exigir mejoras en las condiciones de trabajo de las personas empleadas en las torres de control de Vigo y A Coruña por considerarlo un trabajo de vital importancia «e que debería ser realizado coa ausencia de calquera tipo presión». Tras escuchar a los representantes de los controladores, el BNG concluye que los de las torres privatizadas en Galicia forman parte del grupo con peores condiciones laborales de toda Europa.
«Queremos coñecer cal é o número de controladores aéreos que foron despedidos en todas as torres de control desde que comezaron a operar as torres privatizadas; así como tamén quen foi o encargado de executar estes despedimentos e se ante posíbeis presións laborais no medio da negociación do convenio colectivo, AESA investigou ou é coñecedora dalgún tipo de presión engadida», apunta el diputado Néstor Rego.
En el Parlamento gallego, la misma formación explica que la retribución variable de los controladores de las «torres low cost» estaba establecida en función de objetivos colectivos y personales, pero la nueva concesionaria, Saerco, los ha fijado en función de la EBITDA, el indicador financiero que muestra la capacidad operativa para generar ganancias de una empresa, con referencia de partida del 2019, año de gran movimiento de tráfico aéreo. Cualquier comparación con dicho ejercicio en la perspectiva de la crisis del covid marcará índices inferiores, con lo que los controladores dejarán de percibir una cantidad notable en sus nóminas, que además registran diferencias de hasta el 65 % en función de la antigüedad en el puesto. El BNG recoge la impresión de USCA de que los despidos se están llevando a cabo en las torres para abaratar los costes laborales con la entrada de nuevos controladores recién formados sin pluses ni otros criterios salariales.
Según ha averiguado La Voz, el sueldo de los hasta ahora nueve controladores de Vigo sumó el año pasado 405.114,31 euros, estando previsto para el 2022 un aumento global del 1,9 %. El controlador con más antigüedad de Peinador gana 63.000 euros al año y la que menos, con una permanencia en la empresa de menos de tres años, no alcanza los 38.000 brutos, salarios muy por debajo de los que percibía el sector antes de privatizarse parte de las torres de control. Cada controlador gasta entre 50.000 y 60.000 euros en su formación inicial.