El funcionario de Vigo condenado por el caso de la cuñada de Silva pide el indulto aduciendo ser del PSOE y UGT

VIGO CIUDAD

M.MORALEJO

Su abogado pide al Gobierno el indulto advirtiendo que ya pagó 54.000 euros al Concello, que se arrepiente de su delito, que se ha jubilado y que por tanto no hay peligro de reincidencia

20 ene 2023 . Actualizado a las 17:14 h.

Francisco Gutiérrez Orúe, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado a cinco años y tres meses de prisión por haber enchufado a la cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal, ha solicitado al Ministerio de Justicia el indulto y la suspensión de la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Pontevedra y ratificada por el Tribunal Supremo mientras no se sustancie su petición. En un escrito presentado el 22 de enero, su representación legal traza un perfil del condenado de persona esforzada personalmente para mejorar en su preparación académica e inmersa en la defensa de los trabajadores, circunstancia que trata de probar con su historial de militancia en el PSOE y el sindicato UGT desde 1982. «Tiene una trayectoria anterior intachable como trabajador público, además de concienciado con los derechos sociales y de los trabajadores desde su afiliación al sindicato UGT y al PSOE», esgrime su abogado, que incluye en su escrito pruebas de dicha militancia.

Orúe, que llegó a ser presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Vigo durante la alcaldía de Manuel Soto, muestra en el escrito presentado al Gobierno su pesar por el delito en el que resultó sorprendido y que fue denunciado por la plataforma Xuntos. «Se encuentra profundamente arrepentido de lo que hizo», señala reconociendo así haber favorecido a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde viguesa, Carmela Silva. La familiar de la política socialista recibió 108.147 euros por su contratación para un trabajo ficticio para el Ayuntamiento, como recuerda el abogado del condenado en el escrito.

El letrado solicita el indulto parcial de su representado, dando por buena la retribución por su parte a las arcas municipales de la mitad de lo percibido por la enchufada, teniendo que ser ingresada una cantidad semejante por el gerente de la concesionaria que participó en el plan para favorecer a la cuñada. «Es delincuente primario, nunca jamás ha sido condenado con anterioridad y carece de antecedentes penales o judiciales», avanza el escrito. «Ha hecho frente, con sumo esfuerzo, al 50 % de la cantidad la que ha sido condenado, para así reparar el daño causado a la Administración», continúa. 

«Francisco Javier Gutiérrez Orúe se muestra tremendamente arrepentido de lo que hizo, queriendo recalcar en cualquier caso, que nunca se lucró personalmente en absoluto, y que las cantidades que malversó, han sido reintegradas al erario público», insiste su abogado como razonamiento para que se suspenda su entrada en prisión y se conceda el indulto. El alto funcionario, ahora con 65 años, se jubiló tras ser condenado en primera instancia, por lo que su defensa advierte que ya no podría volver a cometer el mismo tipo de delito, con lo que la posibilidad de reincidencia es nula. Además de la edad, formación, trayectoria laboral y militancia política y sindical, el escrito da cuenta hasta del cambio actual de comunidad autónoma de residencia del condenado a prisión y también de su condición de padre y abuelo, como argumentos familiares contrarios al cumplimiento de la pena impuesta de privación de libertad. «El ingreso en prisión de Francisco, a sus 65 años, no serviría en absoluto para su reinserción o rehabilitación», concluye en su petición de indulto su defensa. 

El alto funcionario que trata de evitar su entrada en la cárcel fue condenado al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental «con objeto de beneficiar económicamente a una persona vinculada familiarmente a un miembro de la corporación municipal de Vigo, no constando si la conocía previamente, ni si aquella intención  fue a iniciativa propia, o excitación de tercera o terceras personas», recogió la sentencia. Ni Carmela Silva, ni el concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor Rodríguez, en cuyo departamento se adscribía el área que dirigía Orúe, fueron imputados en el caso. Tampoco lo fue finalmente la beneficiada por el enchufe, que tampoco tuvo que devolver el importe de las nóminas recibidas durante el tiempo que supuestamente trabajó para una contrata municipal.