El juzgado ordena cerrar el caso del alijo del Karar sin identificar al aduanero que vendía información reservada a Juan Carlos Santórum

Javier Romero

VIGO CIUDAD

Mandos de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional en el puerto de Vigo el día que se descargó el alijo incautado. Satórum, arriba a la derecha.

Se aportaron a la causa informes y auditorías que faltan por analizar judicialmente; el principal procesado aseguró que su soplón se llama Emilio, trabaja en Aduanas y lo ubicó en Vigo, igual que al verdadero destinatario de los 3.824 kilos, que llamó Saro

31 ene 2022 . Actualizado a las 19:40 h.

La operación Pantín-Donky se presentó en sociedad el 28 de abril del 2020 en el puerto de Vigo. 3.779 paquetes de cocaína repartidos en 152 fardos con un peso de 3.824 kilos. Se requisaron entre las 6.00 y las 6.30 horas día 25, a bordo del remolcador MV Karar, tras abordarlo a 400 millas de Vigo en un operativo conjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera y del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en Galicia de la Policía Nacional. A mayores, en forma de arrestos en la comarca de O Salnés, se produjo la caída de «la organización de narcotransportistas más importante de Galicia», según portavoces oficiales.

Los detenidos tendrían que haber salido al encuentro de un alijo valorado en 126 millones de euros. Al frente de todos, según los mismos cargos, figuraba Juan Carlos Santórum; un vecino de Vilanova de Arousa acusado desde hace años de ejercer el narcotráfico desde su ría natal, pero sin protagonizar nunca una sentencia que lo confirme.

Santórum, por increíble que parezca, logró esquivar el cerco policial que vigilaba su casa para darse a la fuga poco antes de consumarse su arresto. Escapó en una moto y permaneció huido hasta que él mismo quiso entregarse. Ya en su casa, se halló un uniforme oficial completo de la Policía Nacional y un chaleco antibalas. Más curioso resultó que el considerado su mano derecha, Braulio Vázquez, también vecino de Vilanova, esperase a sus captores de brazos cruzados.

Operación Pantín-Donki: un alijo incautado y dos abordajes fallidos

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Los agentes hallaron abierta la puerta de acceso al jardín de su casa y a él sentado en las escaleras junto a una maleta con la ropa necesaria para pasar una temporada en prisión. Ambos sabían con antelación cómo y cuándo serían detenidos; algo que tampoco sorprendió a los responsables del operativo.

Unas horas antes, en un monte de Meaño, Vázquez mantuvo con Santórum una reunión con dos funcionarios de la UDYCO de la Comisaría de Pontevedra. Santórum —según consta en un informe incluido en la causa de la operación Pantín-Donky— pidió la palabra para lavarse las manos en todo lo relacionado con el alijo del MV Karar, del que ya tenía constancia pese a haberse consumado en alta mar y tratarse de información confidencial.

M.Moralejo

M.Moralejo

Llegada a puerto del alijo del Karar

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Confesó a mayores que un funcionario a sueldo suyo en Aduanas, y de Vigo, iba a informarle en unos minutos si realmente lo acusaban de algo. El arousano reveló igualmente que pagó 10.000 euros por ese soplo, y que «detrás de toda la organización de droga [del MV Karar] estaría una persona de Vigo, calvo, apodado Varo». Él sería, según Santórum, el verdadero armadanzas que se llenaría los bolsillos con el dinero de la cocaína.

Soplos a 10.000 euros

Santórum era un libro abierto y lo que iba a recibir resulta demasiado grave para quedar impune: «Sobre las 00.15 horas —añade el informe— comienzan a entrar mensajes al móvil de Juan Carlos Santórum de la persona a la que pagó 10.000 euros». El remitente les informó del abordaje del MV Karar y de que ellos, al amanecer, serían los siguientes en caer. «Santórum giró el teléfono hacía los agentes, pudiendo comprobar que el chat era real y leer que el interlocutor era identificado en el teléfono como Wey». Está por ver si ese Wey es la misma persona de la que Santórum desveló su nombre [Emilio]; ya que, según él, y así se recoge en la causa, trabaja en Aduanas y se ubica en Vigo. El interlocutor sobornado aportó igualmente los nombres de cada objetivo a detener, todos colaboradores de Santórum, y las ubicaciones de naves a registrar en las próximas horas. Datos y más datos que en aquel momento eran alto secreto policial.

La reunión acabó y los policías presentes alertaron inmediatamente a los responsables de la investigación del MV Karar. Dio igual, Santórum, ya por la mañana, se fugó sin complicaciones. Ya Braulio Vázquez, optó por esperar a los agentes pacientemente, con la maleta hecha, en el jardín de su casa. Hoy, un año y nueve meses después, sigue sin aclararse quién es el funcionario corrupto que facilitó la información reservada. Y eso que Santórum aportó ese nombre. Incluso se da la particularidad de que a aquella hora, mientras se mantenía la reunión en un monte de Meaño, esa información la manejaba un reducido número de agentes policiales.

Todo indica que la identidad del funcionario corrupto seguirá sin trascender tras el último movimiento judicial. Ocurrió esta semana, el miércoles, la jueza instructora, titular del Juzgado número 3 de Vigo, denegó la prórroga -argumentándolo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- del plazo de instrucción solicitado por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. Una decisión que implica, en el caso del funcionario que vendió información confidencial, limitar las vías de investigación que puedan hallarse en los informes concretos aportados a la causa, pero aún sin analizar en detalle.

Oficios en los que se detallan las pesquisas realizadas y auditorías sobre, por ejemplo, qué funcionarios accedieron a bases de datos o investigaciones patrimoniales a trabajadores sospechosos para saber si su capital aumentó de manera injustificada. Está por ver qué paso da la Fiscalía, que tiene la posibilidad de recurrir la decisión del juzgado instructor. El recurso lo resolvería la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Segundo funcionario

El caso del funcionario aludido, bautizado por Santórum como Emilio, no es el único surgido en el causa del MV Karar que escama entre los protagonistas de la lucha contra el narcotráfico en Galicia. Días después del abordaje, se arrestó a otro integrante del Servicio de Vigilancia Aduanera, P.S.V., en este caso adscrito a la delegación de Vilagarcía. Ocurrió en Madrid y está acusado de llevar paquetes de cocaína que habría entregado a un colombiano, igualmente arrestado. P.S.V., al ser detenido, portaba 368.000 euros. En el registro de su vivienda se halló abundante documentación sobre contenedores de mercancías que acceden a puertos y empresas con barcos que transportan contenedores de mercancías.

Algunos de esos barcos o empresas incluso figuran como sospechosas o investigadas de transportar cocaína. Está por probarse si P.S.V. utilizó su número de identificación profesional para acceder a la base de datos de Aduanas, porque su condición de marinero de Aduanas no implica autorización para manejar información de investigaciones reservadas.

El abordaje del MV Karar y las detenciones en Galicia

Cedido

Lo único seguro es que la causa judicializada del MV Karar sigue su curso alcanzando un volumen considerable. La pieza principal llega a 25 tomos, además de numerosas piezas separadas, alguna de otros 10 tomos. A mayores, 29 procesados, de los que 16 permanecen en prisión. La mayoría integraban la tripulación, porque el grueso de los detenidos en tierra, los mismos a los que se consideró «la organización de narcotransportistas más importante de Galicia», salieron a la calle a las pocas semanas de ser arrestados.

La Audiencia Provincial de Pontevedra consideró que el juzgado instructor no argumentó lo necesario para mantenerlos entre rejas. Ya la guinda de la operación Pantín-Donky llegó siete meses después en forma de comunicado de la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA. Aseguró que a bordo del remolcador MV Karar viajaban 154 fardos, y no los 152 que se contabilizaron en el puerto de Vigo tras el abordaje. La investigación inspeccionó el barco, pero no se localizó ninguno de los dos fardos que supuestamente faltan, y pesarían unos 60 kilos de cocaína, con una valor de mercado de 1,9 millones de euros.

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JAVIER ROMERO

La biografía policial de Juan Carlos Santórum (Vilanova de Arousa, 1980) le otorga la condición de hombre de mar y talentoso piloto de planeadoras. Desde hace años y pese a no haber sido condenado nunca por narcotráfico. Su presunta relación, ya en el 2020, con los 3.824 kilos de coca que venían a Galicia a bordo del Karar implica un punto y aparte en su semblanza, desconocida hasta ahora. En gran parte gracias a una pieza judicial separada -en la causa del Karar- protagonizada por el funcionario de Vigilancia Aduanera en Vilagarcía, P.S.V., y el colombiano René Robledo. Ambos, en Madrid, cayeron con 6,5 kilos de coca y 368.000 euros en metálico. Los numerosos teléfonos móviles convencionales, satelitales o encriptados requisados a ambos suponen un libro de abierto para relacionar al aduanero, según parece alto colaborador de Santórum, y al colombiano, señalado por ejercer de enlace en Madrid de los proveedores de, al menos, la coca del Karar.

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