La jueza anula una compraventa de terrenos entre los comuneros de Cabral y una inmobiliaria
VIGO CIUDAD
Vigocasa deberá devolver 425.000 euros a la comunidad
16 nov 2021 . Actualizado a las 18:23 h.La titular del juzgado de primera instancia número 2 de Vigo ha anulado el contrato de compraventa de unas parcelas formalizado en privado entre el presidente de la comunidad de montes de Cabral, Luis Rodríguez, y el representante legal de la inmobiliaria Vigocasa.
La empresa de gestión de fincas deberá reintegrar a los comuneros los 425.000 euros que le pagaron por las parcelas forestales más los intereses devengados desde que se formalizó la venta de los terrenos en el 2013. De esta forma, la magistrada ha estimado íntegramente la demanda que fue interpuesta por dos miembros de la comunidad de montes, críticos con la gestión de la actual junta directiva.
El motivo por el que la jueza ha anulado el contrato es doble. Por una parte, la operación se hizo de espaldas a la asamblea de la comunidad de montes. Además, tampoco contó con el informe preceptivo de la Xunta, tal y como estipula la Ley de Montes.
Los terrenos en cuestión son siete parcelas de monte que ocupan una superficie aproximada de 8.500 metros cuadrados.
El responsable de la inmobiliaria quiso hacer un negocio urbanístico con ellas, pero le salió mal. Primero compró las parcelas a particulares, con la idea de permutárselas en el futuro a la comunidad de montes de Cabral por otros terrenos que pasarían a ser industriales en el polígono de Liñeiriños.
El negocio fracasó porque el polígono de Liñeiriños nunca se llegó a desarrollar. El gestor inmobiliario se vio con unas parcelas que no le servían para nada. Aún así, la comunidad de montes le compró aquellos terrenos a un precio superior, permitiendo que el agente inmobiliario acabara igualmente obteniendo ganancias. El tesorero de la comunidad de montes declaró en el juicio que no estuvo de acuerdo ni con la compra ni con el precio. Aún así, el empresario se embolsó los 425.000 euros de la comunidad de montes que ahora tendrá que devolver a los comuneros con intereses.
Los miembros de la comunidad de montes de Cabral tardaron cuatro años en enterarse de esta operación de compraventa. Miembros críticos con la junta directiva tuvieron que acudir al juzgado para poder tener acceso a la documentación. Solo fue cuando el juzgado firmó un auto de entrada y registro de las dependencias comunales para acceder a la documentación requerida, cuando los responsables de la comunidad accedieron a entregarla. Tras tener conocimiento de los hechos, acudieron a los tribunales. Hay otras sentencias anteriores, que también declaran la nulidad de contratos otorgados en condiciones similares.
La junta directiva alegaba que el presidente de la comunidad de montes estaba habilitado para la compra de los terrenos como representante legal. También defendía que los demandantes no estaban legitimados para demandar por no ser perjudicados. Pero la magistrada no les ha dado la razón. Los demandantes son comuneros y, como tales, les interesa y afectan las decisiones de la junta rectora. Por otra parte, quedó acreditado que el presidente comunal actuó sin contar con la asamblea. «El contrato es radicalmente nulo al no existir el acuerdo válido de la asamblea» señala la sentencia.