Los tribunales de la ciudad arrastran más de 20.200 pleitos sin resolver. Violencia sobre la Mujer es el único que se ha puesto al día al reducir un 400 % su atraso
24 oct 2021 . Actualizado a las 20:12 h.Un juzgado de lo penal examinará la próxima semana el caso de un okupa que apaleó en la cabeza a otro morador de un edificio en ruinas donde pernoctaban. Lo curioso es que la agresión se remonta a hace seis años, en el 2015, y el fiscal ha rebajado su petición de cárcel porque beneficia al supuesto agresor con la atenuante de dilaciones indebidas de la Justicia. La Fiscalía admite que los retrasos ajenos perjudicaron al implicado: la causa estuvo archivada casi dos años, la víctima estuvo ilocalizable y luego pidió justicia gratuita y un testigo desapareció un año. Eso sin contar el parón por una huelga de funcionarios judiciales en el 2018 y otro cese de actividad por el covid. Debido a tantas demoras, el juicio por lesiones se celebrará seis años después, un ejemplo del atasco que los juzgados de Vigo. En julio acumulaban 20.253 asuntos sin resolver, casi el doble que en el 2015.
El atasco judicial está cronificado y no solo afecta a las salas de lo penal, que tienen el doble de trabajo pendiente que en el 2015. Los jueces de primera instancia suman 11.699 asuntos atrasados (casi el triple que hace un lustro, lo que se explica por la llegada de 5.000 pleitos de cláusulas suelo). En familia, hay 1.646, en instrucción 2.002, en lo contencioso-administrativo 467 y en lo social 3.885, donde algunos ya fijan vistas para verano del 2022.
La excepción es la sala de Violencia sobre la Mujer de Vigo, que ha rebajado drásticamente un 400 % sus pleitos atascados. Hace seis años acumulaba 103 asuntos civiles y ahora 46 y de 458 casos penales pasó a 93.
¿Qué ocurrió en este lustro para explicar la brusca aparición de una montaña de litigios que tapona los tribunales de Vigo? Pues que, en apenas tres años, entre el 2018 y el 2021, estuvieron seis meses parados y sin mover un papel, sin celebrar juicios ni atender al público. Primero, el conflicto laboral de los funcionarios de Xustiza en la primavera del 2018 paralizó los juzgados durante tres meses. Después, el confinamiento por el covid en el segundo trimestre del 2020 conllevó 90 días de cese de actividad.
Ambos parones pasaron factura a los juzgados de Vigo y dejaron una herencia de 5.000 casos pendientes de resolver, lo que ha cronificado el atasco. Las cuentas son sencillas. En 2015 y 2016, el atasco rondaba los 12.000 asuntos pero, un año después, cayó una lluvia de miles pleitos de cláusulas suelo. En enero del 2018, los juzgados de Vigo acumulaban ya 15.358 litigios atrasados. Una semana después empezaba la huelga de funcionarios y, diez meses después, el atasco llegaba a 20.063. La recuperación empezó en el 2019 gracias a las horas extra pero, en marzo del 2020, el Gobierno dictó el confinamiento y cesó la actividad judicial. Cuando comenzó la desescalada en julio, los tribunales de Vigo habían superado los 22.300 asuntos pendientes, y a finales de septiembre, subió a 23.270. Ese día, los 38 jueces de Vigo se toparon en sus mesas con 11.000 pleitos atrasados más que hace un lustro.
Desde finales del 2020 a julio del 2021, los magistrados rebajaron la montaña de casos a 20.253, tres mil menos. Liquidan más expedientes de los que entran pero siguen sin ventilar la herencia de 5.000 litigios parados por la huelga y el covid. Parece que el colapso se va a cronificar porque los medios que el Poder Judicial envía a Vigo son a cuentagotas: una jueza de refuerzo para las salas de primera instancia, la creación de la séptima sala de lo social y un cuarto magistrado en comisión de servicios para las cláusulas suelo. Son tres personas más para el doble de atraso. Y se avecina otro parón: la mudanza a la Cidade da Xustiza.
La Xunta continúa con el amueblado de la Cidade da Xustiza en la torre reformada del antiguo Hospital Xeral. Las obras prácticamente están finalizadas y queda pendiente que el Concello de Vigo otorgue la licencia de ocupación cuando inspeccione las instalaciones y no vea peligro ni riesgos para los 500 funcionarios que trabajarán en la torre. Todo apunta a que la mudanza del personal desde los edificios de la calle Lalín a la Cidade da Xustiza se realizará entre diciembre e inicios del 2022. El traslado debería realizarse en una sola jornada, ya que cada funcionario se encontrará su equipo instalado en el puesto de trabajo.
