Abren diligencias penales contra el concejal Carlos López Font y el jefe de Seguridad de Vigo
VIGO CIUDAD
El juzgado investigará si cometieron delito por obligar a los bomberos a trabajar días de descanso desoyendo una sentencia
21 oct 2021 . Actualizado a las 22:19 h.El juzgado ha abierto diligencias penales contra el ex concejal de Seguridad de Vigo, Carlos López Font, y el jefe de Seguridad, Antonio Viveiro, como responsables del decreto municipal que obligaba a los bomberos a trabajar en días de descanso. La denuncia fue presentada en agosto del año pasado por los delegados de la CIG por presuntos delitos contra la salud y los derechos de los trabajadores.
Ambos investigados tendrán que comparecer el viernes en sede judicial a las 11 y a las 12 del mediodía en el juzgado de instrucción número 5 de Vigo. El decreto que fue calificado como «esclavista» fue anulado por el juzgado de lo contencioso administrativo, decisión que fue ratificada por el TSXG tras el recurso del Concello.
A pesar de la anulación del decreto, los representantes sindicales de la CIG entendían que la decisión de los cargos municipales podía suponer responsabilidades penales «xa que nos obrigaba a traballar por decreto os días de descanso, cando realizamos unha actividade moi perigosa na que os descansos entre servizos son moi importantes».
De hecho, la imposición del decreto provocó que el personal tuviese incluso que doblar turnos, trabajando 48 horas seguidas, y llegase a realizar, en algunos casos, más de 600 horas a mayores de servicio en los alrededor de dos años que estuvo vigente. «Porque o Concello seguiuno aplicando despois da primeira sentenza que o anulou, e incluso tras ser ratificada a anulación polo TSXG, polo que tivemos que instar á execución da sentenza para conseguir que se retirase», explican desde la CIG.
Como respuesta a este decreto, los bomberos mantuvieron una huelga indefinida durante casi dos años, al tiempo que llevaron a cabo numerosas movilizaciones e iniciaron una ofensiva judicial. «O máis escandaloso é que en ningún momento se sentaron a negociar o decreto, nin antes nin despois das sentenzas, e seguíano aplicando para gañar tempo ante a evidente falta de persoal existente no servizo, como tampouco negociaron nunca os servizos mínimos da folga, que tamén tiveron que ser anulados polos tribunais».