La Justicia obliga al Concello a pagar 100.000 euros por las guarderías

l.c.ll. VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

M. MORALEJO

El Ayuntamiento impugnó los acuerdos que se firmaron en el 2008 y que le obligan a pagar el 30 % del mantenimiento

17 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El Concello de Vigo ha sido condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a pagar cien mil euros por las guarderías infantiles de la calle Palencia y de Valadares. El Consorcio Galego de Benestar Social remitió al Concello las facturas de los gastos de estos centros por importe de 73.500 euros en el caso de Valadares y de 27.750 euros por el centro del Calvario. El Ayuntamiento había impugnado en el primer trimestre del año 2020 las resoluciones del gerente del consorcio con dichas liquidaciones de los años 2018 y 2019. El tribunal desestima el recurso municipal. La delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias indicó que los innumerables recursos presentados por el Concello no han tenido éxito en los tribunales e impiden que 200 familias viguesas puedan beneficiarse de la gratuidad de las escuelas infantiles.

El Concello de Vigo se incorporó al Consorcio Galego de Benestar en el año 2007. Un año más tarde la Xunta y el Concello acordaron que la Galescola de la calle Palencia se incorporarse a la red gallega de escuelas infantiles. Por este acuerdo el Ayuntamiento se hacía cargo del 30 % de los gastos totales del centro. Ese mismo año el Concello cedió a la Xunta terrenos en Valadares para que esa construyese otra escuela infantil junto a la polígono de Valadares. El Concello cede a la Xunta los terrenos por treinta años. En julio del año 2010 se firmó un convenio de colaboración similar al de la rúa Palencia para la gestión de este centro. En virtud del acuerdo, la Xunta giró las liquidaciones al Concello pero este no está de acuerdo y por eso acudió a los tribunales. El Ayuntamiento sostenía que se trataba de un servicio educativo y la sentencia del TSXG dice que es un servicio social. El Concello está perdiendo las sentencias, lo que aumenta el coste del servicio para los ciudadanos que vía impuestos tienen que pagarlos y, además, abonar las costas.