Concello y Xunta cruzan culpas sobre el purgatorio institucional en el que está el ente supramunicipal tras la sentencia que anuló su arranque; ninguno contempla buscar acuerdos
20 sep 2021 . Actualizado a las 08:39 h.Un desacuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo por menos de 300.000 euros al año impide que el territorio que conforman la ciudad y trece ayuntamientos de su entorno vea empezar a caminar el Área Metropolitana de Vigo, un espacio ideado para la planificación y coordinación en materias básicas como el transporte, ordenación del territorio, gestión de residuos o su promoción económica.
La cantidad en disputa supone solo el 0,002 % del presupuesto de la Xunta o el 0,1 % en el caso de las cuentas municipales viguesas. Pero no se atisba margen para sacar al ente supramunicipal del purgatorio institucional en el que encalló en septiembre del año pasado, cuando el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo anuló su puesta en funcionamiento. Gobierno gallego y Ayuntamiento dan por muerta a la que sería la segunda entidad metropolitana de España.
La Xunta exigía al Concello que, en virtud del convenio firmado en el 2016 con Abel Caballero, el consistorio se hiciese cargo del tramo del billete de Vitrasa que va de la tarifa bonificada (0,89 euros) a la normal (1,35) en el caso de los transbordos que en el autobús urbano hiciesen los habitantes del resto del Área llegados a la urbe olívica en transporte público. La Administración autonómica pagaría el resto. El regidor rechaza afrontar con los impuestos de los vigueses parte del billete de personas de fuera de la ciudad. Y la discrepancia abocó a los tribunales.
La sentencia dictada hace ahora un año dio por buena la constitución de la asamblea del Área Metropolitana e incluso la elección como presidente de Abel Caballero, pero a partir de ahí invalidó todo lo demás. ¿Por qué? Porque el juez entendió que el Área Metropolitana no podrá funcionar como tal mientras el Concello de Vigo no cumpla una de las premisas básicas y se integre en el plan de transporte metropolitano, algo que con las condiciones de pagos antes referidas Caballero ha advertido que «no pasará mientras yo sea alcalde».
A mayores, la sentencia destaca que uno de los pilares del convenio firmado entre la Xunta y el Concello era que las tarifas para el uso de autobuses y barcos de servicio público se estipularían en el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, documento legal que el juez advierte que «no existe».
Y ahí está el epicentro del conflicto. El Concello reclama a la Xunta que elimine la disposición de la Ley del Área Metropolitana que obliga a Vigo a integrarse en un plan autonómico que desconoce. El Gobierno autonómico aduce que Vigo sí que puede cuando menos adherirse al convenio de transporte metropolitano en marcha desde el 2015 en el sur de la provincia, como lo han hecho en sus ámbitos las demás ciudades, y así hacer posible que los movimientos en servicios públicos sean más baratos para todos los habitantes de la mayor urde de Galicia y su entorno.
Hoy, idéntica respuesta
La Voz de Galicia ha consultado a las dos partes en liza cómo ven una año después de la sentencia el presente y futuro de la congelada Área Metropolitana, y qué estarían dispuestos a hacer para recuperarla. La respuesta desde ambas partes ha sido la misma: considerar que el ente supramunicipal está muerto.
«La sentencia es clara: sin la integración de Vigo en el transporte metropolitano, no hay Área Metropolitana», afirma categóricamente la Vicepresidencia Primera de la Xunta, el departamento con competencias en administración local. El Área no podrá volver a la vida hasta que el transporte de Vigo no esté integrado en el Área Metropolitana, «cuestión que depende de la voluntad de la entidad local», reitera el departamento que dirige Alfonso Rueda.
Y sobre la posibilidad de reactivar algún tipo de conversación para desatascar al ente que solo ha servido para aprobar su propia constitución y elegir como presidente a Abel Caballero, la Xunta insiste en que hasta ahora no se ha producido «la integración efectiva» del transporte urbano vigués en el Plan Metropolitano de Galicia, por lo que insisten en que el Área no existe como tal ni hay más que tratar.
La alcaldía viguesa da la vuelta al argumento, y contesta que el Ayuntamiento no puede suscribir ni adoptar el plan gallego «porque no existe» y por tanto no está en su mano que el Área Metropolitana vuelva a respirar. También descarta propiciar conversación alguna para buscar un acuerdo, dado que la Ley del Área Metropolitana establece como obligado que Vigo entre en un plan de transporte, que la alcaldía insiste que no existe. Tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso el pleno de la corporación viguesa instó a la Xunta a eliminar esa cláusula, pero no hubo movimiento más en ningún sentido.
Cuestión de fondo
La Ley del Área Metropolitana de Vigo se aprobó en el 2012. Una discrepancia sobre el peso que debía tener la ciudad en los órganos de gobierno de la entidad impidió su arranque, hasta que, tras ganar en el 2015 Abel Caballero con una amplia mayoría absoluta (17 de 27 ediles), el regidor y el presidente de la Xunta enterraron el hacha de guerra y pactaron una reforma de la citada Ley que otorgaba a Vigo para siempre la presidencia del Área y un número de puestos determinante en su asamblea. El nuevo texto se aprobó en el 2016 y a continuación todo se rompió. Los representantes del PP abandonaron la sesión constitutiva aduciendo que no se podía llevar a cabo al no estar Vigo en el mencionado plan de transporte. Y el Área Metropolitana murió el mismo día que nació. La reforzada mayoría absoluta de Caballero en el 2019 no propició un acuerdo como el de cuatro años antes. De hecho, solo él y el alcalde de Ourense se quedaron fuera de la última ronda de encuentros de Feijoo con los regidores urbanos.
Colocar en los vitrasas el cartel de Xunta de Galicia, habría sido una pica para el PP, en la ciudad donde menos presencia tiene de toda Galicia. Ser reconocido como presidente de todo el sur de la provincia y de casi el 19 % de los gallegos, habría sido un logro para Caballero.
La Voz ha requerido la visión sobre el conflicto de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, principal referente del PP en el ámbito territorial que abarca el Área, y del regidor de Gondomar, Francisco Ferreira, que ha solicitado entrar en el plan de transporte metropolitano. Ambos han eludido posicionarse. El tema es espinoso.
El PSOE contaría con una mayoría superabsoluta
El PSOE tendría un control absoluto de los órganos del Área Metropolitana de Vigo si estuviese activa hoy. Su gobierno, formado por los 14 alcaldes y presidido por Abel Caballero como alcalde de Vigo, contaría con 8 miembros pertenecientes a la formación socialista, 4 del PP, 1 del BNG y otro de Alternativa Canguesa de Esquerdas. Aún sería más abrumador el dominio socialista en la asamblea, el parlamento del Área. 37 de los 58 ediles que la integrarían hoy si estuviese en funcionamiento serían del PSOE y, de ellos, 20 del Concello de Vigo, grupo local que colocaría así a todos sus concejales en la asamblea metropolitana. Los puestos de la asamblea se reparten según la ley de la entidad supramunicipal de manera proporcional en función del número de habitantes y los concejales logrados por cada partido, excepto en el caso de Vigo, que consiguió dotarse de una sobrerrepresentación para primar su tamaño poblacional. El PP tendría 17 puestos, el Bloque 2, y Marea de Vigo y la canguesa ACE, uno cada uno.
El éxito de Barcelona: «El debate político queda al margen de la gestión»
El Área Metropolitana de Barcelona se convirtió desde su gestación en un modelo para la de Vigo. Sus antecedentes y estudios jurídicos fueron utilizados en los primeros pasos a la hora de constituir la del sur de Galicia, y en el 2015, cuando el presidente de la Xunta y el alcalde olívico semejaron desbloquear su puesta en marcha, volvieron a apoyarse en la entidad metropolitana catalana para otorgar a Vigo más peso y poder de decisión para no verse desplazada por cualquier alianza de localidades más pequeñas.
Con un territorio que es 108 kilómetros cuadrados de superficie menor que la de Vigo, el Área Metropolitana de Barcelona tiene, sin embargo, 3,2 millones de habitantes frente al casi medio millón de la gallega. La catalana la constituyen 36 municipios, la mayoría conformando una única malla urbana, y 14 la viguesa.
El transporte es una de las columnas en las que se asienta la entidad supramunicipal barcelonesa creada formalmente en el 2010 y su día a día es mayoritariamente de gestión, mantiene su jefe de Movilidad Sostenible, Marc Iglesias. «El debate político queda al margen de la gestión del Área de Barcelona. Su papel se enfoca siempre al ciudadano», asegura. La clave para dicho funcionamiento lo ubica en un alto grado de independencia del gobierno metropolitano, ahora formado por PSC, comunes y ERC. «Es un instituto de gestión de competencias, que en el caso de la Autoritat del Transport Metropolità busca el mayor equilibrio posible y una integración tarifaria de los distintos municipios que la forman», estima Iglesias.
El Área Metropolitana barcelonesa tiene competencias en materia de urbanismo (participación en los planes generales y ordenación del paisaje y plan director urbanístico metropolitano); infraestructuras y transporte; energía, con empresa pública incluida; gestión de residuos; coordinación en materia de investigación, sobre todo en biomedicina y tecnologías de la información y comunicación, así como la promoción de todo el Área para la inversión.
Marc Iglesias destaca que el transporte no tiene ya en Barcelona más concepción que la supramunicipal, superando con ello posibles desacuerdos entre ayuntamientos a la hora de coordinar frecuencias y rutas. «Es un órgano que gestiona con visión de ciudad y que los servicios públicos cuando superan fronteras son susceptibles de mejorar y superarse», asevera. «Se paga lo mismo por moverse dentro de Barcelona que ir a Castelldefels, que está a 25 kilómetros». Las tarifas son fijadas por el organismo de transportes metropolitano, entidad en la que la Generalitat cuenta con el 50 %, mientras que la otra mitad se la reparten Ayuntamiento de Barcelona y la propia Área.
La entidad de transporte metropolitano coordina hasta la continuidad de los carriles bici entre ayuntamientos.
Competencias: de empleo a servicios sociales
La Ley del Área Metropolitana de Vigo preveía nueve campos para actuar de manera coordinada entre sus 14 ayuntamientos: promoción económica, empleo y servicios sociales; turismo y promoción cultural; movilidad y transporte de viajeros; medio ambiente, agua y gestión de residuos; prevención y extinción de incendios; protección civil y salvamento; ordenación territorial y cooperación urbanística; coordinación en las tecnologías de la información y la comunicación, y cohesión social y territorial. Pero además podría asumir todas las materias que la Xunta y la Diputación le cediesen.
Promoción económica
Con fondos de la UE. Canalizar y aprovechar los fondos comunitarios en proyectos que propiciasen la creación de empleo y el crecimiento económico de la zona, era una de las premisas del Área Metropolitana, con un ojo puesto además en la cooperación con el norte de Portugal.
transporte
Billete integrado. Los autobuses que conectasen distintas localidades del área, barcos y taxis quedarían en manos del ente metropolitano para dos cuestiones fundamentales: coordinar sus rutas y propiciar un precio en sus tarifas más ventajoso que la mera suma de dos billetes en trayectos interurbanos. Era una de las competencias con mayor trasfondo presupuestario y popular, y la primera piedra, y por ahora definitiva, con la que encalló.
agua y residuos
Todo el ciclo completo. La gestión del agua pasaría a depender en exclusiva del Área Metropolitana, tanto en su suministro como saneamiento. La recogida, transporte, valorización y puntos limpios de residuos, también.
territorio
Plan supramunicipal. La Ley del Área contempla la creación de un plan territorial conjunto y una comisión de ordenación del territorio propia, encargada de dar sentido a la distribución de espacios comunes.
Hacienda
Personal propio. El Área conformaría su reserva de fondos con los cánones de los servicios que prestase; las aportaciones económicas que se fijasen para cada concello en función de su número de habitantes, así como las transferencias de otras administraciones. El ente podría tener funcionarios propios.
