Piden a Hacienda frenar sus embargos y a la Subdelegación retirar los cobros indebidos
03 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Los bufetes de Vigo han iniciado una carrera para reclamar los 300 euros que muchos confinados pagaron de multa por burlar alguna de las restricciones por el covid entre marzo y mayo del 2020. A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las sanciones porque tendría que haber sido declarado un estado de excepción y no de alarma, los abogados han empezado en el último mes a presentar sus recursos y alegaciones para recuperar el dinero o frenar los embargos.
Las alegaciones van dirigidas a Hacienda para evitar que continúe con los embargos en las cuentas bancarias de los multados que no pagaron nada o devuelva lo que ya recaudó. También presentan recursos extraordinarios de revisión en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para reclamar por el cobro indebido de 300 euros (es la cuantía de la bonificación del 50 % para quienes abonen la sanción en el momento). Por el momento, las Administraciones no han respondido, y en caso desfavorable, los letrados seguirán por la vía judicial. Hay cientos de afectados en Vigo que han puesto el caso en manos de sus abogados.
Entre los reclamantes de Vigo se encuentran casos curiosos. Por ejemplo, un confinado fue multado porque bajó a coger el pan y se tomó un café fuera. Un conductor fue sancionado porque repostó en una gasolinera y se puso a hablar por la ventanilla con un vecino que estaba en otro coche. Y una joven sacó a pasear cuatro veces a su perro en una hora. Esta última aceptó los hechos y pagó los 300 euros de bonificación (se ahorraba la mitad de la sanción). Ahora, intentan recuperar su dinero.
La abogada Ana Fernández Alonso, de la asesoría Marín Consulting, indica que, al igual que otros compañeros, están presentando recursos desde finales de julio y agosto. «Algunos esperan a que haya un paso del Estado para establecer un procedimiento para hacer las devoluciones y otros presentan recursos de revisión para adelantarse y obligar a la Administración a que se posicione», dice la profesional. Le genera dudas el hecho que algunos multados perdieron en su día el juicio y la sentencia ya es firme (y es causa juzgada) o la sanción ya fue ratificada.
Alonso: «No hay otra opción que recurrir»
La abogada Ana Fernández Alonso tiene ocho clientes multados en el confinamiento que quieren recuperar su dinero. «Unos pagaron la bonificación del 50 % y otros no lo hicieron y se lo reclamó Hacienda», cuenta. Dos clientes que no pagaron recibieron hace poco sendas cartas de Hacienda para reclamarles el dinero por vía de apremio o para abrir la fase de embargo de su cuenta bancaria. Ella presentó alegaciones generales contra los embargos de la agencia tributaria justificando que el Constitucional anuló las multas «pero no hay respuesta» de la Administración. «Si se posiciona Hacienda, en la Subdelegación del Gobierno responderían en los mismos términos», indica.
Los recursos que ella y otros abogados han empezado a presentar se basan en la «nulidad radical» de las sanciones que emana de la propia sentencia del Constitucional. «Se trata de un defecto de forma, no se debió decretar un estado de alarma sino de excepción. Si a un ciudadano el agente le dijo que se volviese a casa y este obedeció, no se le debía de haber multado por desobediencia», aclara Fernández.
Otra estrategia es presentar un recurso extraordinario de revisión ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por el procedimiento administrativo «y si no contesta o lo desestima, se abre la vía judicial. Por el momento, no hay resoluciones ni respuestas. Estamos esperando a ver la línea que mantiene la Administración y cómo se posiciona. No hay otra opción que presentar el recurso ante el órgano sancionador».
Recuerda que en un reciente juicio un abogado del Estado pidió la suspensión de un juicio porque, tras la sentencia del Constitucional, no había recibido instrucciones al respecto. «El juez lo desestimó y siguió», dice.
La abogada cree que lo ideal es que la Administración, si no actúa de oficio, al menos debería establecer un procedimiento fácil para recobrar el dinero.
Revocan la sanción a un vecino de Tui por llevar a su hija a un parque infantil
David Alonso y Ana Fernández ganaron un juicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, que revocó la sanción a un vecino de Tui que llevó a su hija pequeña por un parque infantil de la localidad para desestresarla. La Guardia Civil los pilló en la tarde del 31 de marzo del 2020, en pleno estado de alarma por el covid. El padre alegó que se vio obligado a salir de casa porque se «agobiaban» y su hija pequeña entró en un estado de ansiedad tras varios días de encierro. Los agentes los denunciaron por abandonar el confinamiento sin causa justificada y les ordenaron regresar a casa, lo que hicieron. Les cayó una multa de 601 euros (reducida a 300 por la bonificación del pronto pago). El juez concluye que el multado no desobedeció la orden dictada por un agente de la autoridad, sino a los mandatos de una disposición de carácter general. Revocó la sanción y ordenó a la Administración devolverle el dinero.