Casi 250 familias han sido desalojadas de sus viviendas este año pese al covid

Hasta 245 familias de Vigo han sido desalojadas de sus viviendas en lo que va de año porque no pudieron pagar la mensualidad del alquiler, según revelan fuentes del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo. La cifra de ejecución de desahucios (lanzamientos) de inquilinos es el doble que hace un año (cuando se registraron 124 en el primer semestre) pero el aumento actual se explica porque el año pasado hubo un parón de tres meses a causa del confinamiento por el covid. El estado de alarma terminó el pasado mayo pero, a pesar de ello, en los cuatro primeros meses de este año siguieron realizándose desahucios. De enero a marzo hubo 122 (20 más que el año pasado en las mismas fechas) y entre el 1 de abril y el 30 de junio, otros 123 (son 101 más que durante el confinamiento del 2020).

Cinco de estas familias han logrado retrasar su expulsión porque han estirado sus prórrogas con motivo de la pandemia, a las que se acogieron por ser vulnerables durante el estado de alarma. La fecha límite para abandonar sus viviendas es el 9 de agosto pero el Servicio Común de Notificaciones no actuará hasta septiembre porque agosto es inhábil y el personal está de vacaciones.

Aunque cinco familias han obtenido la prórroga, otro tercio de las 245 han logrado una suspensión de un mes para darles tiempo a realojarse o que los servicios sociales de la Xunta les proporcione un hogar en viviendas de alquiler social. De cada cinco citaciones, tres se suspenden durante un mes porque las familias son vulnerables e interviene la Xunta. En el Servicio de Notificaciones ignoran lo que pasa con esas familias que tienen que echar pero suponen que la Xunta las realoja.

La mayoría de los desalojados en los lanzamientos son inquilinos. El perfil es muy variado, desde personas que viven solas, hasta familias con menores o parejas sin hijos. Algunos recalcitrantes no se quieren ir de la casa y obstaculizan el trabajo de los funcionarios hasta que ven pasar un coche patrulla y se retiran.

Los okupas apenas tienen protagonismo después de que la policía desalojase a los intrusos de un edificio con las obras paralizadas en la Gran Vía en noviembre del 2020. «La mayoría, cuando llega el momento se van», dice un letrado judicial.

Una pequeña parte de los desalojos son los locales. Afecta a dueños de negocios que no abonaron el alquiler de su bajo comercial. Principalmente, se trata de hosteleros que cerraron su negocio porque les fue mal durante la restricciones de horarios por la pandemia. Lo habitual es que devuelvan la llave al dueño antes de que venga la comisión judicial con el cerrajero a cambiar la cerradura. «Cuando un negocio va mal, no es de la noche al día, sino algo progresivo», aclara un letrado judicial.

A mayores, las ocho familias de chabolistas del polígono de O Caramuxo, en Navia, seguirán viviendo en esos terrenos adquiridos por una multinacional de los gimnasios porque la propia empresa escribió al juez para que los deje estar allí de forma indefinida y suspenda el desalojo.

Cierre de bares

Este mismo año, el procurador, el funcionario y el cerrajero fueron el día y hora señalados a desalojar una cafetería y cambiar la cerradura y se encontraron dentro a los camareros sirviendo cafés a los clientes «apurando hasta el último segundo antes del cierre». La situación «se sale de lo habitual» y fue «algo violenta» para los consumidores que tuvieron que presenciar cómo los juristas llegaban a desahuciar al dueño del bar y les echaban con la bebida en la mesa.

Las subastas de inmuebles ya no quedan desiertas y su rentabilidad atrae a postores

Durante la crisis del ladrillo del 2008, las subastas judiciales de pisos y chalés embargados en Vigo durante las ejecuciones hipotecarias se quedaban desiertas. Ningún postor las quería y los bancos se quedaban con ellos. La situación ha dado un vuelco porque ahora los inversores buscan rentabilidad debajo de las piedras y los postores han vuelto a pujar en las subastas de inmuebles de Vigo porque creen que pueden hacer dinero. Así lo han detectado en el Servicio Común de Notificaciones, que ven como las subastas ya no quedan desiertas como antes. La oficina ha realizado en lo que va de año 253 embargos (frente a los 139 del primer semestre del año pasado), aunque suelen ser cuentas bancarias.

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