«Medio Vigo está ilegal y no tiran nada»

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

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La orden de derribo sorprende al propietario de una gran casa prefabricada en Valadares

11 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Las casas de madera prefabricadas no están exentas de la piqueta si se levantan sin la correspondiente licencia, como cualquier otra edificación convencional. La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha dictado una orden de derribo sobre una vivienda de este tipo que fue montada sin permiso municipal. La propietaria intentó legalizar las obras, pero el Concello ha denegado esa posibilidad al no disponer el terreno la condición de solar. Se encuentra en la Estrada San Xoán, en la parroquia de Valadares. La administración local declaró hace ya cinco años que las obras, realizadas sin que conste otorgada una licencia municipal, «son incompatibles co ordenamento urbanístico e, en consecuencia, procede ordenar a súa demolición».

Las obras consistieron, además, en movimientos de tierras y la construcción de un muro de contención, también sin permiso.

El Ayuntamiento dictó en aquella época una orden de derribo, dando un plazo a los promotores de tres meses para presentar un proyecto técnico devolver la parcela a su estado primitivo. En caso contrario, anunciaban la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros hasta lograr el total cumplimiento de lo ordenado. Los dueños de la vivienda llevaron a cabo un cierre interior de la parcela que sí podrían legalizar.

Los propietarios de la casa presentaron un recurso para intentar no derribar. Argumentaban que las obras sí serían legalizables conforme al Plan Xeral del 93, el planeamiento vigente cuando realizaron el recurso. Solicitaron una licencia de legalización, pero fue rechazada.

La Gerencia de Urbanismo recordó que ya en el año 2000 declaró agotadas las posibilidades de edificar en ese entorno, en tanto no se aprobase el correspondiente plan especial. Por otra parte, el levantamiento de la suspensión de licencias en una serie de núcleos, entre los que se incluía el de la vivienda, no implicaba la conversión en solar de las parcelas que estuvieran incluidas.

El jefe de urbanización e infraestructuras dictaminó que el terreno sobre el que se ubica la casa prefabricada «no cumple los condicionantes exigidos, por lo que no le es de aplicación el alzamiento de la suspensión de licencias». El informe hacía referencia a unos servicios urbanísticos insuficientes de abastecimiento y alumbrado público.

El arquitecto municipal también informó de que la parcela no resulta incluida en el ámbito de aplicación del Instrumento de Ordenación Provisional, motivo por el que se mantiene vigente en este ámbito el Plan Xeral de 1993. En vista de los informes técnicos, la Gerencia de Urbanismo acordó el día 1 de este mes volver a desestimar el recurso de reposición presentado por la dueña de la casa contra la orden de derribo de 2016. Reiteran la orden de demolición de las obras que fueron ejecutadas sin permiso y notifican a los interesados que contra esta orden ya solo les queda la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo en un plazo de dos meses.

Según el portal Fotocasa, las viviendas prefabricadas son una opción que se encuentra en auge a raíz de la pandemia. Debido al confinamiento, se ha incrementado el interés por vivir en zonas más alejadas del centro. Cuando este tipo de viviendas se encuentran ancladas al suelo y reciben suministros de forma equiparable a una casa tradicional, requieren permisos de construcción y licencias y solo se podrán colocar en terrenos urbanizables.

Este tipo de viviendas tampoco están exentos de contar con un proyecto visado por un colegio de arquitectos. Los propietarios están obligados además a conseguir una cédula de habitabilidad que acredite el cumplimiento de unos requisitos mínimos para que el espacio pueda ser habitado. La instalación de viviendas prefabricadas tampoco puede estar al margen de la normativa urbanística autonómica y local, así como cumplir con la normativa técnica.

Alejandro Martínez

La vivienda sobre la que planea la piqueta pertenece a una pareja que la construyó hace diez años. La madera llegó desde Portugal y la casa se fue armando como un puzle, cuenta uno de sus moradores, Javier Hernández. La casa está a nombre de su mujer y estaban intentando resolver las irregularidades, para lo que contrataron el asesoramiento de abogados. Hacía unos tres años que no tenían noticias del Concello y la reciente orden de demolición les ha pillado por sorpresa. Ahora su último recurso es que un juez anule la decisión municipal. Dispuestos a pagar una multa o a corregir lo que haga falta, no desean demoler la casa en la que invirtieron sus ahorros. «Medio Vigo está ilegal y no tiran nada», se quejaba ayer. La vivienda es su residencia habitual. Tras jubilarse en Madrid, llegó a Vigo a emprender una nueva vida en un barrio rural, muy cerca de la ermita de San Xoán do Freixó.