A juicio cuatro empresarios de Vigo por traficar con gases que dañan la capa de ozono

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

GUARDIA CIVIL

Afrontan cárcel y 66.000 euros de multa por vender refrigerante para barcos de pescado congelado

01 jun 2021 . Actualizado a las 08:20 h.

Cuatro empresarios de Vigo afrontan 2 años y tres meses de cárcel y multa de 66.000 euros cada uno por, supuestamente, traficar ilegalmente con gases refrigerantes, como el HCFC 22 (también conocido como R-22), que destruyen la capa de ozono y causan un daño medioambiental. Lo vendían como refrigerante para el pescado congelado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha declarado la apertura de juicio oral y enviado el procedimiento a un tribunal de lo penal para celebrar la vista, que está pendiente de fecha.

Los implicados pertenecen a las empresas Gases Refrigerantes e Industriales Fernández SL, Albacora SA y Largispot Productos Alimentares Lda.

El fiscal pidió para los cuatro empresarios, además de la cárcel y la multa, su inhabilitación durante nueve años para ejercer actividades relacionadas con el comercio de gases refrigerantes.

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El Ministerio Público solicita además que Gases Refrigerantes e Industriales Fernández SL abone una multa de 72.000 euros y la prohibición de comerciar con este tipo de gases durante dos años. Albacora SA y Largispot Productos Alimentares Lda. se enfrentan a 54.000 euros de multa.

La acusación propone el comiso y la destrucción de todo el gas HCFC 22 existente en las instalaciones de Gases Refrigerantes e Industriales Fernández.

La investigación comenzó en el 2014 con la denominada operación Xiada contra la contaminación atmosférica. En total, el Seprona se incautó de 37 toneladas de gas R-22 que, según las primeras estimaciones del Ministerio Público, «podrían haber generado unos beneficios ilícitos de más de un millón de euros». Fueron inspeccionadas 20 personas jurídicas en Galicia y otras localidades y cinco buques pesqueros. El gancho era que este gas es tres veces más barato que el legal.

El gas HCFC 22 o el R-22, por tratarse de una sustancia destructora del espesor de la capa de ozono (lo que eleva el efecto invernadero), está prohibido por un reglamento de la UE y del Consejo desde septiembre del 2009. España, firmante del protocolo de Montreal, lo prohíbe.

El R-22 o clorodifluorometano es un gas incoloro que se usa para los equipos de refrigeración y el sector del aire acondicionado, en instalaciones industriales o domésticas. En el caso concreto de Vigo, los acusados presuntamente lo distribuían a algunos barcos congeladores.

Al frente de esta investigación se situó la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Los agentes del Seprona de la Guardia Civil estrecharon el cerco sobre una firma asentada en Vigo, Gases Refrigerantes e Industriales Fernández (Gasfer), con sede en Coruxo, que presumiblemente servía este gas refrigerante a distintas empresas ubicadas en varios puertos de Galicia, así como de otros puntos del territorio nacional e, incluso, del extranjero.