El arzobispo de Santiago designaba casi todos los cargos públicos
18 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Nuestro sistema político actual, calificado de liberal-burgués ,arrojó a las entrañas de la historia al Antiguo Régimen que dominó durante los siglos del XVI al XVIII y el órgano municipal no iba a ser una excepción. Por aquel entonces toda Galicia estaba bajo dominio señorial. El de Vigo perteneció en la Edad Media al monasterio de Melón (Ourense), con grandes intereses en O Berbés y alrededores, pero en 1234 le fue arrebatado, después de un pleito de don Laurencio, arzobispo de Santiago, quien también buscaba un buen puerto y sus riquezas en la ría, igual que en Cangas o Redondela. Bajo su dominio se mantuvo hasta que un decreto de 1811 de las Cortes de Cádiz incorporase los señoríos a la nación.
El territorio de la comarca se dividía entonces en la jurisdicción de Vigo, solo la villa y su anexo Santiago de Vigo. Le rodeaban 17 parroquias, de Trasmañó a Oia y de Castrelos a Teis, que formaban el concejo rural del Valle del Fragoso, también de señorío compostelano. Bouzas, del obispo de Tui, contaba con 5 parroquias separadas en 3 bloques en medio del anterior. La parroquia de Valladares era propia del marqués homónimo, linaje de grandes guerreros desde el alto medievo.
El prelado de Santiago era el señor más poderoso de Galicia, tanto por la extensión de sus tierras como por el número de vasallos. Vigo era el más meridional de sus dominios, ya dentro del obispado de Tui. Se consideraba un «delegado» del monarca, y se respetaban las leyes y mandatos de la Corona. Nombraba directamente a un «juez ordinario» (juez-alcalde) y a 6 regidores o concejales. En el XVIII, cobraba por derecho de «Mula y Cuchara» 150 reales, casi nada (en Noia 900). Sus símbolos estaban muy presentes: un rollo o picota (también para delincuentes) en A Falperra, un cuadro de Santiago en el salón municipal y una vieira (emblema jacobeo) en el escudo. Por lo demás, el lejano Ayuntamiento de Vigo gozaba una casi total autonomía de gobierno.
El concejo era presidido por un juez ordinario, que también lo fue del juzgado. Era caso muy poco habitual pues le correspondía el Val do Fragoso en lo contencioso, pero este contaba con un rudimentario Ayuntamiento propio (como Redondela y el partido de Reboreda). En principio duraban tres años y raramente repetían, pudiendo ser de cualquier lugar. Desde 1640 y hasta la gran reforma de 1776, la mayoría eran hidalgos de aquí y a veces gente con menos categoría. No faltaban los semiprofesionales que vivían del ejercicio del cargo. En dicho 1776 se imponen los jueces técnicos en derecho (letrados) y forasteros, quizás para compensar a un consistorio plagado de grandes burgueses.
El número de regidores no variará ni con los cambios de población ni con la política de la Corona (acrecentar puestos para vender). Eran vitalicios, de por vida, y renunciables, podían pasárselo a otro con el beneplácito del arzobispal; así se formaban dinastías familiares, como los Arines-Párraga, Suárez de Puga-Villavicencio (estos hasta 1900) y otros. Por lo general, eran hidalgos de Vigo a menudo con pazo en las inmediaciones (A Raposeira y O Couto, Sárdoma; Pelaio, Coia; Guixar...), siendo sustituidos a partir de 1776 por importantes hombres de negocios (Pastor, Marcó del Pont, Rodríguez Avalle). Las competencias del concejo eran múltiples: fiscales (impuestos municipales de propios y arbitrios, Servicio Ordinario del rey), militares (alojamientos de tropas), abastos (subsistencias: granos y vino), obras públicas (reparaciones de calles y fuentes), religiosas (era patrón de la colegiata, festividades), etc. El cargo, como no es de extrañar, otorgaba poder político y prestigio social.
Un procurador general del estado de la tierra y otro, por el gremio de la mar eran escogidos por «pluralidad de votos» por los vecinos varones (nunca más de la mitad) cada primero de año en una junta popular en A Pedra. En teoría eran los representantes del vecindario dentro del concejo, pero en realidad se plegaban a los intereses de los poderosos regidores, de cuyas filas sociales se nutrían. Carlos III los sustituye por un síndico y un personero del común (los marineros desaparecen en 1782), escogidos por 24 compromisarios, buscando revitalizar a los ayuntamientos, pero en Vigo nada logró, cayendo en manos también de la gran burguesía.
Y hoy nos quejamos a veces de la carga del Ayuntamiento, pero antes aun era peor.
Historiador y miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses