El magistrado obliga al gobierno a elaborar una nueva RPT y sacar plazas a concurso
01 abr 2021 . Actualizado a las 22:52 h.Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo ataca la norma ilegal que practica el Concello de nombrar a dedo a los jefes de servicio y otros puestos de nivel equivalente. El magistrado obliga al gobierno municipal a que apruebe una Relación de Puestos de Trabajo para después realizar una convocatoria pública que dé cobertura a muchas plazas que están cubiertos de una forma provisional mediante el sistema de libre designación.
El fallo judicial le da un tirón de orejas al gobierno municipal en el sentido de que ya lleva cinco años para arreglar una situación que se ha cronificado. Recuerda que el concejal delegado de Personal ordenó el 13 de febrero de 2016 la elaboración de un plan de organización de Recursos Humanos para corregir esta situación y no se ha experimentado ningún avance.
El Concello no ha tenido hasta ahora la voluntad política de revertir esta situación. En mayo de 2018, el entonces concejal de Seguridad Carlso Font dictó una resolución en la que seguía determinando que los puestos de carácter directivo pueden ser elegidos a dedo. Ante unas alegaciones de Marea, el gobierno municipal llegó a responder que estaban en el proceso de cambiarlo, pero establecieron un plazo de siete años para cumplir el objetivo. «El respeto y cumplimiento de la ley no puede esperar», le dice el juez al gobierno municipal. En otro párrafo de la sentencia expresa que «desconocemos de dónde sale el dato de los siete años e incluso desde cuándo se computarían, pero en todo caso queremos hacer notar su incompatibilidad con el modo en que se ha decidido acometer el plan de ordenación de recursos humanos, que reiteradamente se señaló como un objetivo prioritario».
El juez hace un repaso a toda la normativa aplicable en este caso para concluir que el Concello está actuando en contra de la ley. Defiende que la provisión de cada puesto debe basarse en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y «no tanto en la libre discrecionalidad». Aún cuando se admita el sistema de provisión de libre designación, «no es el cauce normal y, por ejemplo, las jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente se proveerán ordinariamente por el sistema de concurso específico», reza el juez en el fallo. La sentencia que condena al Concello a elaborar una nueva RPT y convocar por concurso de méritos todos los puestos de trabajo ocupados provisionalmente estima un recurso presentado por Comisiones Obreras.
Sistema «perverso»
El secretario de acción sindical, Enrique Alonso, afirma que «desde CC 00 acabamos de desmontar un sistema perverso implantado en la estructura organizativa municipal, por el que se vienen asignando puestos al margen del ordenamiento constitucional, impidiendo las posibilidades de acceso de muchos servidores públicos a determinados cargos». Denuncia que este sistema permite «carreras meteóricas», al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta agrupación sindical afirma que seguirá denunciando todos los incumplimientos en los juzgados. «Si el gobierno quiere judicialización, será a todos los niveles jurisdiccionales», avisan desde los representantes de los trabajadores.
Este nuevo fallo judicial tiene un precedente, otra sentencia de 2018 ante un recurso de Marea que tumbaba una modificación puntual de la RPT que daba vía libre a la libre designación de funcionarios de los grupos A1 y A2 y que Comisiones Obreras denuncia que la actual concejala de Personal, Elena Espinosa, no ha ejecutado todavía.
Rubén Pérez, de Marea, lamenta que sea una práctica ilegal del Concello desde hace muchos años y que en su día el secretario había emitido un informe en contra. Cree que ahora Comisiones ha actuado correctamente, porque las jefaturas son «completamente irregulares».
Más sentencias en contra y tensión con los portavoces de los trabajadores
La sentencia que condena los nombramientos a dedo de jefes es el último pulso que los trabajadores han ganado al Ayuntamiento contra su política de Personal. Otros fallos recientes también han reconocido que la administración local está escatimando dinero a los empleados públicos a la hora de abonarles las horas extras. No contabiliza las pagas extraordinarias a la hora de calcular lo que vale una hora de trabajo. El fallo que corresponde al personal funcionario es firme desde noviembre, pero aún no se ha ejecutado. Comisiones Obreras ha pedido la ejecución de la sentencia.
Pasado un mes de tregua, tampoco hubo respuesta a demandas planteadas por los trabajadores, relacionadas, además de con el pago de las horas extra, con los permisos o el hecho de que hay servicios municipales que este mes no han cobrado nocturnidades y festividades, generando un gran malestar entre el personal.
Protestas
La relación del comité de empresa con la concejala de Seguridad, la exministra Elena Espinosa, está siendo muy tensa. «Tuvo la desfachatez de decir que la responsabilidad del mal funcionamiento de Recursos Humanos es nuestra porque no paramos de ir al juzgado, cuando en realidad es la falta de organización, de personal, de bajas que no se cubren lo que hace que el departamento no tenga capacidad para sacar los temas adelante», critica el secretario de acción sindical, Enrique Alonso. Ante este panorama, los trabajadores han comenzado a movilizarse. Ayer mismo miembros del comité ocuparon el despacho del jefe de la Policía Local. Se prevé que a lo largo de este mes de abril continúen las protestas en el Concello.