Los dos administradores judiciales toman el control del Colegio de Enfermería pero avalan a la junta

e. v. pita VIGO / LA VOZ

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Los interventores se centran en las cuentas y delegan el día a día en la vicepresidenta de la entidad

20 mar 2021 . Actualizado a las 01:10 h.

Los dos administradores judiciales comparecieron ayer en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, con sede en Vigo, para tomar el control del organismo. Salvo en lo económico, apuestan por la continuidad y avalan a la junta de gobierno. Fueron designados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo después de que este ordenase la prisión provisional para el presidente del colegio, Carlos Fernández, su esposa e hija.

La comisión judicial, integrada por un economista y un letrado, llegó con puntualidad británica a las 12.00 horas. Dentro, les esperaba la plantilla. Como anécdota, se desplazó al lugar un empresario que tiene alquilado un despacho en el mismo bajo y que pensaba que quizás los interventores querían hablar con él. Al ser eximido, se volvió a casa.

Los auditores hablaron con miembros de la junta, asesores jurídicos, administrativas y bedeles. Incluso llamaron a trabajadoras que estaban ausentes.

La primera reunión de los interventores, con una parada para fumar, fue con la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Marisol Montenegro, la cual es matrona en O Salnés y profesora del IGAF. También hablaron con Liliana Bettremieux, vocal sin atribuciones (no es miembro de la junta ejecutiva) y enfermera que trabaja y vive en Lanzarote.

La ronda de reuniones se alargó tres horas y comparecieron en una sala los trabajadores del colegio para poner al día a los interventores, que, sobre todo, están interesados en examinar las cuentas. Querían obtener las claves y contraseñas que usaba la esposa del presidente para acceder a los archivos y correos.

En las sucesivas reuniones establecieron una agenda de trabajo. El juez había dado instrucciones de que asuman las competencias del colegio pero es probable que la actividad rutinaria e institucional siga como hasta ahora.

En un comunicado, la junta indicó que en la reunión de coordinación con los administradores judiciales se estableció que, a partir de este momento, se encargarán de la gestión económica de la entidad. Añade que los administradores han expuesto que su interés es la continuidad en el funcionamiento del colegio, «indicándonos que mantengamos nuestra labor como Junta de Gobierno en lo relativo a la actividades institucionales».