El Concello tira una obra sin licencia y hace feliz a los vecinos
20 mar 2021 . Actualizado a las 01:07 h.María y Ramón han descubierto sin buscarlo que viven en un paraíso. Ahora se asoman por la ventana y divisan una bonita panorámica. El paisaje se extiende varios kilómetros a la redonda hasta Samil. Hasta hace pocos días, lo que observaban siempre era una antiestética mole de ladrillos, una vivienda sin terminar que llevaba uno 40 años en pie y que les quitaba vistas, luz y era una fuente de preocupaciones. Pero el Concello ha ejecutado de forma subsidiaria una orden de derribo de esta edificación que no tenía licencia municipal.
El número 32 de la calle Romeu, en Coruxo, ya es historia, un adefesio menos que ahora permite a una familia disfrutar de unas vistas que les han hurtado desde que estrenaron su vivienda.
La casa en la que viven María y Ramón es posterior a la casa ilegal levantada. María, que enviudó hace años, nunca pensó que algún día se asomaría a la ventana y su mirada no volvería jamás a chocar con semejante molote intolerable. «Esta vista me vino a dar la vida. De repente veo Samil y las estrellas», afirma María. «Es una alegría de la naturaleza», asiente también Ramón.
Más seguridad
En adelante vivirán más seguros, puesto que la casa ilegal que tenían enfrente era un nido de okupas, de drogodependientes y un lugar al que acudían muchas parejas de noche. Los intrusos se metieron con ellos e incluso les tiraron piedras. Les daba miedo asomarse de noche a la ventana y observar movimientos de gente extraña con linternas, a veces encapuchados.
La antigua edificación ya no está en pie, pero ahora queda un trabajo de retirada de los escombros. El alcalde, Abel Caballero, afirmó que tardarán 21 días en terminar la obra. Se trata de una estructura con una orden de demolición desde el 2017 porque es incompatible con el ordenamiento urbanístico. Como el propietario no cumplió la orden, el Ayuntamiento ejecuta el derribo, si bien posteriormente le pasará al dueño una factura de 67.000 euros.
El Concello requirió a los responsables de la actuación que presentaran un proyecto de derribo hace tres años. Aquel acuerdo fue impugnado ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo, pero el juez desestimó la demanda y declaró ajustado al ordenamiento jurídico la resolución de la Gerencia de Urbanismo.