El anillo verde para proteger a Vigo de los incendios se queda sin fondos europeos

VIGO CIUDAD

M.Moralejo

Xunta y Concello se acusan mutuamente de que el proyecto lleve más de dos años y medio atascado

17 mar 2021 . Actualizado a las 21:51 h.

Los trágicos incendios de octubre del 2017 en Vigo y su área provocaron una movilización política con pocos precedentes, con visitas incluidas de un presidente de Gobierno (Mariano Rajoy) y un jefe de la oposición (Pedro Sánchez). A instancias de los comuneros, la ciudad se sensibilizó y tomó impulso la creación de un anillo verde. Dos años después, el proyecto sigue sin salir del papel envuelto en la trifulca política y se ha quedado fuera de la convocatoria de los fondos europeos.

El alcalde, Abel Caballero, reconoció ayer la imposibilidad de pedir apoyo económico a Bruselas y le echó la culpa a la Xunta de Galicia. Mientras tanto, la delegada de la administración autonómica en Vigo, Marta Fernández-Tapias, acusaba al regidor de ser un incompetente y desconocedor de la normativa para tramitar un proyecto de esta envergadura. Unos por otros, y la casa sin barrer. Xunta y Concello se mantienen enzarzados en esta cuestión.

La idea de crear en los montes periurbanos una barrera de protección de la ciudad surgió a raíz de los fuegos del 2017, cuando los vigueses vieron cómo las llamas se convertían en una amenaza cercana y real. El Concello reaccionó diseñando el plan, una perimetral de 49 kilómetros de largo y 50 metros de ancho libre de vegetación cuya misión sería actuar de cortafuegos en caso de incendios forestales. El anillo contaría con un camino interior para permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia ante cualquier siniestro. El gobierno local encargó la redacción de un anteproyecto que remitió a la Xunta en mayo de 2019.

Caballero señaló ayer que la Xunta contestó en octubre de ese año que el Concello tenía que acreditar la propiedad de los terrenos en los que se iba a actuar. Según el alcalde, aquello fue «poner palos en las ruedas» porque para hacer la expropiación se necesita un proyecto definitivo y lo que enviaron fue un anteproyecto para que se formularan observaciones. El regidor criticó no haber tenido noticias desde octubre de 2019. «En algo tan importante, la Xunta pasa dos años y cuatro meses sin decirnos nada. Nos pidió acreditar la propiedad cuando era una bobada porque el trazado puede cambiar. Saben que no tenía ningún sentido común. Era una forma de poner problemas», insistió. El regidor afirmó que los 100.000 euros comprometidos por la administración autonómica para el anillo verde de Vigo supone «reírse de los ciudadanos» porque el coste del mismo se sitúa en torno a los 8 o 9 millones de euros.

Según Caballero, si hubiera contado con las observaciones de la Xunta «lo habría metido en fondos europeos, pero no lo puedo hacer porque la Xunta, con su paralización, se lo impide a la ciudad», denuncia.

La delegada de la Xunta no tardó en censurar al alcalde y habló de su falta de conocimiento sobre la tramitación del proyecto del anillo verde. Tapias le reprochó «que intente culpar de nuevo a la Xunta de su propia incompetencia». Afirmó que el alcalde debería de saber que la Ley de Montes Vecinales obliga a contar con el acuerdo de los propietarios y que el Concello no dispone de dicho acuerdo. Corroboró que el Ayuntamiento fue informado de ello en octubre de 2019 sin que aportara a día de hoy la documentación requerida. La responsable autonómica indicó que lo proyectado no es compatible con el plan de acción firmado entre las comunidades de montes y la Consellería de Medio Rural y que, por lo tanto, no se puede evaluar en su totalidad.

Para la Xunta, llevar a cabo este proyecto antes de gestionar las pistas secundarias «sería comenzar la casa por el tejado, ya que cubren los 50 metros más próximos a las viviendas. «Si lo considerase tan importante como dice, ya habría llegado a un acuerdo los comuneros, pero le interesa más tener otro motivo para alimentar la confrontación», criticó Fernández-Tapias. Denuncia que Vigo sigue sin adherirse al convenio de protección de las aldeas promovido por la Xunta para ayudar a los consistorios en las labores de prevención. La Xunta invirtió 1,4 millones en los bosques de Zamáns y Comesaña.