El ex alcalde pedáneo de Bembrive afronta cuatro años de cárcel por unas obras fantasma
VIGO CIUDAD
La Fiscalíae acusa a Roberto Ballesteros de malversación, prevaricación y de firmar unas facturas falsas y reclama que devuelva 9.000 euros a la junta vecinal
06 mar 2021 . Actualizado a las 00:54 h.El alcalde pedáneo de la Entidad Local Menor de Bembrive en el 2015, Roberto Ballesteros, afrontará un nuevo juicio el próximo martes en la quinta sección de la Audiencia en Vigo. Fue condenado en octubre del 2017 por un delito de prevaricación. Ahora se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por, presuntamente, pactar con un constructor una obra fantasma por la que pagó sin haber sido realizada.
La Fiscalía le atribuye la autoría de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, además de ser cómplice en una falsedad de facturas. El Ministerio Público pide una multa récord de 25 euros al día.
Siempre según la Fiscalía, el alcalde pedáneo contrató verbalmente a una constructora para ejecutar una obra de adoquinado y la instalación de una farola y el crucero en una calle de la parroquia, lo que se hizo entre septiembre y octubre de 2014. La constructora pasó una factura de 12.990 euros y 2.728 de IVA y la entidad local le pagó pese a tener embargadas sus cuentas por una sentencia del 2018.
En un segundo caso, la constructora, presuntamente, simuló con el alcalde pedáneo la contratación verbal de una obra en la Praza da Cruz. Presentó en junio del 2015 una factura de 7.800 euros y otros 1.638 de IVA en concepto de piedra del país y adoquinado. La obra nunca se realizó y la Fiscalía dice que la factura es falsa. El alcalde pedáneo firmó el recibo y elaboró el informe de propuesta a la junta vecinal para que aprobase el pago, incluido en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Petición de penas
La Fiscalía les acusa de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación, bien como autores, cómplices o cooperadores necesarios.
El alcalde pedáneo afronta 4 años cárcel por el delito de malversación de caudales públicos e inhabilitación para cargo o empleo público por 8 años.
Por el delito de falsedad documental, le piden 5 meses de prisión y una multa de 3.750 euros.
Por el delito de prevaricación, se enfrenta a la inhabilitación para cargo o empleo público por 9 años.
El constructor se enfrenta a un año y 11 meses de cárcel por malversación, y un año y 9 meses por la falsedad documental, así como multa de 6.750 euros.
La Fiscalía reclama que ambos acusados indemnicen a la entidad local con 9.438 euros.