«Hoy podríamos estar hablando de un segundo Marisquiño», reprocha el Gobierno autonómico al local, que dice que Santiago tardó ocho años en autorizar la demolición
13 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Xunta y Concello se culparon ayer mutuamente del derrumbe del edificio abandonado de la calle Areal. La concejala de Urbanismo, María José Caride, denunció que la administración autonómica tardó ocho años en otorgar el permiso de derribo, mientras que la delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, señaló que el inmueble no fue debida ni diligentemente protegido por el propietario ni por el Concello.
La representante municipal explicó que llevaban diez años reclamando la demolición. El Concello otorgó la licencia en julio del año pasado. Patrimonio tardó ocho años en conceder la autorización. Sin embargo, los propietarios del inmueble no llegaron a acometer la demolición. Caride explicó que «ante a pasividade da Xunta es os propietarios», el Concello incorporó el inmueble en el primer programa de edificación forzosa de Vigo. Los propietarios recurrieron esta incorporación.
El asunto llegó a los juzgados. La sentencia llegó el 28 de enero, «informando que existían razóns fundadas para que o Concello interviñera e incorporara ao programa este edificio», explicó María José Caride. Además el Concello abrió un expediente disciplinario para determinar con qué tipo de autorización se está ejerciendo una actividad deportiva en las instalaciones anexas a la propiedad derribada y que no cuentan con permiso municipal.
La delegada de la Xunta criticó en cambio la falta de supervisión y control . «Hoy podríamos estar hablando de un segundo Marisquiño, de no ser porque el gimnasio estaba cerrado». Señala que no es el único ejemplo de edificaciones ruinosas que algún día podrían verse en la misma situación. Afirma que es deber del propietario y el Concello que se cumpla la obligación del mantenimiento y conservación de la edificación, adoptando lasa medidas precisas, incluyendo la ejecución subsidiaria en este caso por parte de las autoridades municipales.
Resume que no se puede achacar a Patrimonio el derrumbe de un bien que no fue debidamente protegido por el dueño ni por el Concello, a cuyo gobierno y alcalde, Abel Caballero, le corresponde adoptar las medidas legales para evitar el derrumbe.
