El Jugado de lo Mercantil tramitó 189 denuncias en el 2020
07 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las demandas presentadas por pasajeros contras las compañías aéreas bajaron un 33 % durante el año del covid. En el 2019, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, tramitó 283 demandas de viajeros a quienes su operadora área les perdió el equipaje o les canceló o aplazó un vuelo con las consiguientes pérdidas de alojamiento o días de vacaciones. Durante el año del covid, con dos meses con el tráfico aéreo casi cerrado, el número de demandas cayó a 189, un 33 % menos.
La mayoría de las reclamaciones las presentan plataformas on line y se deben a problemas surgidos por retrasos y cancelaciones, o extravío de maletas. En diciembre hubo días en los que llegaron hasta cuatro nuevas demandas pero todas por casos sucedidos en el 2019. Por ejemplo, se refieren a reclamaciones de viajeros en un vuelo de julio del 2019 entre Vigo y Palma de Mallorca, o de agosto del mismo año entre Peinador y Barajas, en Madrid. Esto se debe a que las plataformas on line están sobrecargadas y todavía están tramitando casos de hace un año.
La avalancha que los juzgados temían por cancelaciones por el covid desde marzo todavía no ha llegado. En parte se debe, explican fuentes cercanas al caso, porque este año la mitad o más del tráfico aéreo está parado, las aeronaves están en tierra y el turismo se ha desplomado.
Reducción de concursos
El número de concursos de acreedores en el año del covid en Vigo se redujo en un 11,1 % respecto al 2019. La razón es que el Gobierno ofreció una moratoria y una prórroga hasta marzo del 2021 para dar un balón de oxígeno a las empresas, para que sobreviviesen a la quiebra en un año especialmente difícil. A pesar de que el Juzgado de lo Mercantil en Vigo, con la moratoria, no esperaba que llegasen nuevas solicitudes voluntarias de concursos, algunos empresarios dieron el paso para reordenar sus pagos a acreedores.
De los 40 concursos tramitados en el 2020 en Vigo, 13 fueron presentados por personas físicas empresarias que se acogieron a la ley de segundas oportunidades para librarse de sus deudas y empezar de cero un nuevo negocio.