El conflicto de propietarios de terrenos de Cabral con los comuneros, en el juzgado por presuntas coacciones

Piden multa para una empresaria, que niega que incurriese en amenazas


vigo / la voz

El conflicto por la titularidad de los terrenos de Cabral ha provocado un juicio por presuntas coacciones a trabajadores de la comunidad de montes dirigidos por el presidente de los comuneros, Luis Rodríguez. Este colectivo acusa a la presidenta de la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral, Beatriz Ucha, de las supuestas amenazas. La empresaria ha negado las acusaciones y ha pedido que se retire la denuncia. Los comuneros piden para ella una multa de tres meses a razón de veinte euros al día.

Los hechos se produjeron el pasado día 20 de julio en una finca que la comunidad de montes reivindica para sí y que la asociación de vecinos atribuye a uno de sus miembros. Está situada junto al aparcamiento del Ifevi, el Instituto Ferial de Vigo. A las 8.30 horas dos trabajadores de la comunidad de montes estaban realizando un trabajo que les había encomendado el presidente de la entidad y que consistía en retirar una pancarta que habían colocado los vecinos en la finca. Los comuneros sostienen que la pancarta había sido puesta sin su permiso. «Se trataba de un pancarta de entre las muchas que se han colocado en diferentes puntos de la parroquia como parte de la campaña de difamación pública contra la gestión de la comunidad de montes por la actual junta directiva y en especial contra su presidente, Luis Rodríguez», sostiene el escrito de la acusación particular.

Mientras quitaban la pancarta provistos de una escalera apareció en el lugar un hombre, al que no identificaron, que les dijo que tenían que abandonar lo que hacían puesto que estaban en una propiedad privada y que estaba avisada la Guardia Civil. Los trabajadores le comunicaron que estaban haciendo el trabajo que les encomendaron y que la finca era propiedad de la comunidad de montes, asunto del que discrepa la asociación de vecinos que sostiene que el terreno es propiedad de Ramón Arines.

Los trabajadores avisaron a su encargada, María del Carmen Alonso, y al presidente de la comunidad, Luis Rodríguez Pérez.

Acto seguido, según el relato de la acusación, apareció una furgoneta con cuatro hombres más seguida de un vehículo del que salió Beatriz Ucha. Los comuneros afirman que Ucha, escoltada por sus trabajadores, se plantó delante de los operarios insultándoles, cosa que niega en rotundo la acusada que ha aportado como prueba un vídeo.

La acusación sostiene que el presidente de la comunidad de montes y la encargada ordenaron a los trabajadores que recogieran las herramientas y se marchasen y, según aseguran, Beatriz Ucha les obstaculizó el paso.

La acusación sostiene que la empresaria «obstaculizó el paso inquiriéndoles a recolocar la pancarta que había sido retirada profiriéndoles simultáneamente insultos a gritos y siempre escoltada por los hombres que habían llegado al lugar. Esta situación creó un contexto intimidatorio para los agraviados.

Pero estas acusaciones han quedado desmentidas en un vídeo en el que se ve a los involucrados y no aparece ningún insulto, salvo el calificativo de cobarde. En ningún momento, en apariencia, se aprecian posibles coacciones ni que se obstaculizara el paso.

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