Obliga al Concello a modificar su propio planeamiento
22 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La política del Concello de enfrentarse a la Xunta en los juzgados no le está dando resultado. Una nueva sentencia del TSXG le dice que ese no es un buen camino. La sala de lo contencioso administrativo ha desestimado un recurso municipal para que la administración autonómica active la Ley Vigo para poder construir unos nuevos accesos para el colegio Párroco Don Camilo. El fallo del tribunal desestima todos los argumentos esgrimidos por el Concello. Si un proyecto no se ajusta al planeamiento, lo que tiene que hacer es promover una modificación del mismo porque es titular de esa potestad. Además, no considera tan urgente el proyecto.
El gobierno municipal quiso tramitar el proyecto por medio de esta ley, pero la Consellería de Cultura lo rechazó amparándose en un informe del Consello Consultivo, que no declaraba competente a la administración local para impulsar iniciativas bajo ese techo legal. Abel Caballero ya intuía que iba a estrellarse en el juzgado en este caso y el pasado verano anunció que tramitarían el proyecto encajándolo en un plan municipal de infraestructuras.
El objetivo es poner una solución al peligro al que se someten a diario los escolares de este colegio de San Andrés de Comesaña. Los accesos son tan angostos que no caben peatones y vehículos al mismo tiempo. Para evitar percances, los tres autobuses escolares y los padres que acuden con sus vehículos para dejar a los alumnos en clase tienen que quedarse a más de cien metros de distancia. Los alumnos recorren andando el resto del camino. Dentro del recinto escolar solo aparcan los profesores, pero esta situación condiciona su horario laboral, porque deben entrar quince minutos antes de la hora y marcharse quince minutos después, para no coincidir con los niños que entran o salen del colegio.
Mas casos
No es la primera vez que la administración pierde un juicio en el mismo sentido. También llevó a la Xunta al juzgado porque no conseguía que activara la Ley Vigo para lograr el arreglo de las pistas de Balaídos ni la construcción del polideportivo de Matamá. Tampoco estos proyectos pueden estar amparados por la excepcionalidad para Vigo que aprobó el Parlamento de Galicia tras la anulación de su Plan Xeral.
La administración local estaba empeñada en que la Xunta debía autorizar la construcción del polideportivo de Matamá utilizando la Ley Vigo. De hecho colocó un cartel bien visible en el lugar elegido para ejecutar el proyecto, en la calle Cominges. Atacaba a la Xunta con el lema «O Concello paga, a Xunta no autoriza». Y nuevamente recibió un varapalo judicial. Un fallo declaró ilegal dicho cartel por violar la Ley de Publicidad Institucional al trasladar un mensaje político a los ciudadanos utilizando recursos públicos.