Vigo: «Repartía medicinas para confinados y la policía me multó con 300 euros»

Fue investigadora en Rusia y jamás tuvo problemas con la KGB a pesar de que apenas leía el alfabeto cirílico. Pero en Vigo repartía medicinas a enfermos confinados y le cayó una multa que ahora de ha demostrado injusta. La Subdelegación del Gobierno de la provincia de Pontevedra acaba de anular una sanción de 300,50 euros a una farmacéutica de Vigo, Belén Rodríguez, que llevaba medicamentos junto a otro boticario durante la época más dura de la pandemia, con el estado de alarma recién declarado. La titular de una botica en Teis circulaba en un vehículo junto con José Luis Abril. Las farmacias estaban a punto de abrir al público cuando la patrulla de la Policía Local les abordó a la altura de la Travesía de Vigo número 147, justo al lado de la farmacia de la que es titular Abril, cuyo nombre de licenciado figura en la puerta del establecimiento.

Era el 21 de marzo, la época del confinamiento. La patrulla de la Policía Local aplicó la ley a rajatabla y, al ver a la pareja en el coche, les multó asegurando en su informe que no cumplían ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 7 del Real Decreto 463 de 14 de marzo que regulaba el estado de alarma.

El parte policial afirma que «la denunciada conduce un vehículo llevando a otra persona en el mismo. Alega que lleva a otra persona a trabajar, aunque no lo acredita». Así que los hechos denunciados constituían una infracción grave.

En su atestado, la Policía Local atribuye un acto de desobediencia a las limitaciones de libertad circulatoria acordadas por la autoridad competente durante la vigencia del estado de alarma. En ese momento, el Gobierno central solo permitía circular en coche a una persona «salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores o mayores u otra causa justificada». En la relación de actividades permitidas en ese momento figuraban la «adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad». También se permitía el desplazamiento a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Igualmente estaba permitido moverse para ir al lugar de trabajo, así como el retorno a la residencia habitual.

«No me creyeron»

Belén Rodríguez explica que llevaba a José Luis a su trabajo, «pero no me creyeron. Estábamos transportando medicinas y productos sanitarios para personas que estaban confinadas y que no se atrevían a salir de sus casas para ir a la farmacia».

Detalla que los pararon enfrente de la farmacia de José Luis. «Yo iba a dar la vuelta para dejarle a él y cargar medicamentos. Tengo una farmacia en Sanjurjo Badía y soy pareja de José Luis. Cuando nos pararon le dijimos que iba a su farmacia. Ellos entraron y preguntaron a las empleadas si esperaba a alguien. A ellas les pilló de sorpresa y les contestaron que no. Claro, es el jefe y va allí cuando quiere, no llega todos los días a las 9 de la mañana. Cuando se marchaban se dieron cuenta y las empleadas dijeron a los agentes que sí, que era su jefe la persona a la que habían multado». Pero la rectificación hecha no sirvió de mucho y la Policía Local tramitó la multa.

La Subdelegación del Gobierno tramitó en un primer momento la sanción, a pesar de que el estado de alarma permitía moverse para la asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes y personas especialmente vulnerables. La orden del Gobierno también permitía moverse por causas de fuerza mayor o situación de necesidad o una situación de análoga naturaleza.

En un primer momento, el instructor de la multa siguió adelante advirtiendo que no se interrumpían los plazos legales para pagar los 300,50 euros. José Luis Abril daba todo por perdido pero Belén Rodríguez consideraba que la Policía Local se había excedido y que no la podían multar por «repartir medicamentos y material sanitario a enfermos que lo necesitaban».

En aquel momento había escasez de mascarillas y cualquier aportación era vital para salvar vidas. Gran parte de la población se quedó colgada sin medicamentos de la noche a la mañana. Así que Belén Rodríguez no se conformó con la multa y envió un recurso. Finalmente, la Subdelegación del Gobierno ha dado marcha atrás y acaba de decidir que la sanción quede anulada.