Los vigueses tenían que demostrar su posición durante la época liberal
12 sep 2020 . Actualizado a las 02:35 h.Los diez años que transcurrieron entre 1823 y 1833 se conocen como la Década Ominosa, nombre que no indica nada bueno. No solo supuso el fin del incipiente constitucionalismo español, y con ello un retroceso en el camino hacia la consecución de los derechos de todas las personas, sino que fue una época marcada por las delaciones y la indefensión de los numerosos acusados de oponerse al rey.
Fernando VII, en octubre de 1823, volvía a ser absoluto, con todo lo que ello implicaba, y quienes se habían opuesto a esta posibilidad, entre 1820 y 1823, serían objeto de represión, persecución y, en muchos casos, de ejecución. Como ocurrió en 1939, no fueron pocos los que tuvieron que huir de España, pero quienes se quedaron también estuvieron sometidos al agudo escrutinio de los ultraconservadores.
En el Archivo Municipal de Vigo hay numerosos documentos de particulares solicitando certificados de buena conducta durante el Trienio Liberal. Solicitaban un respaldo oficial que demostrase que no eran constitucionalistas sino fieles siervos de aquel rey un día deseado, y, por lo tanto, personas de confianza para el régimen.
Roque Quiroga pedía, a comienzos de enero de 1825, «un certificado de la conducta moral y política que ha observado y adhesión al Rey N.S. [nuestro señor]». No era un hombre cualquiera en Vigo. Había sido elegido regidor por Pablo Morillo cuando, en 1823, tomó la ciudad para el absolutismo.
Francisco Julián Pérez solicitaba en aquellos mismos días que se le «franquee testimonio de la conducta política que ha observado durante el trienio de gobierno constitucional y de la adhesión y amor al Rey N.S. y a su Real Familia». Este solicitante era el cirujano mayor del ejército en la ciudad y, años atrás, había asumido ese puesto en el Ayuntamiento de Vigo.
Eustaquio de Mediavilla iba más allá y además del certificado de conducta moral y política también quería que se dejase constancia escrita de que no había pertenecido a la Milicia Nacional, órgano de talante liberal que hizo frente a las partidas tradicionalistas en el entorno de Vigo durante el Trienio.
Antonio Paz, regidor también nombrado por el Conde de Cartagena tras la rendición de Vigo a los absolutistas, pedía que se acreditase su «decidido amor que profesa al Rey N.S. y al altar», añadiendo otro de los pilares del poder absolutista, el uso que hacía de la religión.
La instancia de Javier Martínez supone una declaración anticonstitucional. Decía en febrero de 1825 que le importa constar que «en el tiempo que rigió el abolido sistema constitucional, lejos de concurrir a motines y asonadas, manifestó constantemente la mayor aversión acia a ellos» (sic), haciendo hincapié en que su comportamiento fue moderado.
Esta documentación es más abundante en los primeros años de este período, para ir diluyéndose conforme se acerca la década de los años treinta.