El Concello no sabrá hasta agosto qué monte está obligado a limpiar

Los propietarios afrontan dos plazos que finalizan en plena campaña de incendios


Vigo / la voz

Primera semana de julio del 2020, Vigo. Las brigadas forestales financiadas por el Ayuntamiento y la Xunta trabajan desde marzo en los montes de las parroquias para desbrozar suelo comunal. Los operarios, en su día a día, constatan que las parcelas privadas presentan un estado de abandono acumulado, en numerosos solares, de varios años. De ahí que denuncien la realidad: no vale de nada limpiar una parte del rural vigués si otra se abandona. Muchos de esos polvorines cuelgan, literalmente, sobre viviendas. Es un peligro cíclico que incumple la Lei de Prevención e Defensa contra Incendios del 2007 -publicada por el Goberno bipartito de Touriño-. El texto «establece que a obriga de limpar as faixas secundarias de protección -as dos 50 metros máis próximos ás vivendas- é dos propietarios. Por lei teñen de prazo ata o 31 de maio para realizar estas actuacións e despois desa data a competencia é dos concellos de forma subsidiaria».

Este año, por el covid-19, se demoró al 16 de julio. Ese día finalizará el primer plazo. Una vez superado el ecuador de mes, el Ayuntamiento tendrá otros 15 días para requerir formalmente a los propietarios la limpieza de sus terrenos. Si lo hace, dará un plazo, ya con agosto iniciado que podría demorarse hasta mediados de mes si el afectado recibe la requerimiento a finales de julio. Y todo ello con el peligro que supone la fusión de calor, vientos de nordeste y hectáreas de masas vegetal durmiendo el sueño de los justos. Ya en los despachos de la Praza do Rei, y con la merma de personal propia de agosto, será el momento de aplicar la ley. O al menos así consta (artículo 22): «En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, se poderá proceder á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste precepto, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda».

Mecha del 2006

La ley del 2007 surgió a raíz de la oleada de incendios del 2006 en Galicia. El peor antecedente hasta el domingo negro del 2017 en Vigo y el sur de la provincia. Dicha normativa incluso contempla una actuación extrema para los propietarios que reincidan sistemáticamente en el incumplimiento de sus obligaciones o resulte imposible localizarlos (artículo 29): «O incumprimento das obrigas que esta lei establece por parte da persoa propietaria do terreo implicará o incumprimento da función social da propiedade e será causa de expropiación forzosa por interese social». Pero más allá de lo aprobado, la realidad es que pasan los años y el caso de Vigo, a ojos de la Xunta, supone un cúmulo de contrariedades en materia forestal.

Lo primero, porque nadie sabe, excepto el Concello, qué fincas están afectadas realmente por el abandono. De la misma manera que la Consellería de Medio Rural desconoce igualmente qué fincas se limpiaron con exactitud en el 2019 y otros ejercicios anteriores. Lo que sí se sabe, al estar en espacio público, es que numerosos terrenos evidencian al menos dos años sin conocer el ruido de una desbrozadora. Lo que, limpio de artificios burocráticos, supone incumplir la ley. Pero lo más curioso, explican en la Xunta con la norma en la mano, es que la vigente ley, del año 2007, tampoco recoge ninguna sanción o correctivo para los ayuntamientos que se salten sus propias obligaciones: «A lexislación non prevé, por encima dos concellos, ningunha outra acción porque a responsabilidade única da xestión da biomasa nas faixas secundarias é dos concellos».

El anillo verde no se puede plantear mientras no den el visto bueno los titulares afectados

La gestión forestal en Galicia depende de normativas variadas. Además de la Lei de Prevención e Defensa contra Incendios, resulta igualmente fundamental la Lei de Montes Veciñais en Man Común. De ahí que la Consellería do Medio Rural recuerde su contenido para evidenciar la complejidad de un proyecto anunciado hace ya casi tres años como la mejor fórmula para proteger a Vigo del fuego en sus parroquias: «Para que poida executarse o chamado anel verde é obrigatorio contar co acordo dos propietarios, pero o Concello de Vigo non dispón destes acordos».

La norma supone un contratiempo de peso por lo difícil que resultan de localizar a algunos propietarios, los mismos que tampoco limpian sus propiedades cada verano. Pero a mayores, añaden en el Gobierno gallego, «o proxectado non é compatible co plan de acción asinado entre estas comunidades e Medio Rural. Os aspectos técnicos non poden avaliarse na súa totalidade sen ter en conta o anterior. Isto foille comunicado ao Concello no primeiro informe emitido en outubro de 2019, sen que o Concello aportara dita información ou acordos que garantan o cumprimento do marco legal vixente».

Mientras, el calor sigue aumentando y lo único seguro es que los montes de Vigo siguen cubiertos, en su parte de suelo comunal, por brigadas que no cesarán hasta septiembre. De ahí que uno de sus pesos pesados, Uxío González, ya advirtiera del escenario actual el 28 de junio en La Voz: «O risco de incendio en cada parroquia mídese polo estado do seu monte privado. Actualmente chega con percorrelo para ver que a situación non é optimista».

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