La Xunta solicita otro juzgado laboral en Vigo para afrontar la avalancha de ERTE y despidos

La séptima sala de lo social, si el Gobierno acepta, daría salida a los asuntos pendientes del confinamiento


vigo / la voz

Vigo podría tener un nuevo juzgado a finales de año para hacer frente a los miles de pleitos que las familias presenten por despidos y ERTE. Este flujo de pleitos ya es visible tres meses después del confinamiento: hay numerosas peticiones de trabajadores de un abogado de oficio para demandar a la empresa por despido improcedente.

Después de tres meses de parón por el covid-19, los juzgados se han reactivado y todo apunta a que será entonces cuando llegue una montaña de asuntos. Para evitar ser desbordados, la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) solicitarán al Gobierno la creación de un nuevo juzgado para Vigo.

La petición de una séptima sala de lo social en Vigo se produce solo nueve meses después de que entrase en marcha la sexta. A mayores, Vigo dispone de un refuerzo en lo laboral que está liquidando sus asuntos más antiguos. En caso de aprobarse la nueva institución, la rama jurídica de lo laboral tendrá mayor peso después de haber sobrevivido a los años del crack del ladrillo del 2008 con cinco juzgados y un refuerzo.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, acordaron ayer en una comisión mixta pedir el nuevo juzgado para Vigo. En estos momentos, según señala la Xunta, la jurisdicción de lo social es una de las que mayor carga de trabajo soporta y ve preciso darle salida cuanto antes a los asuntos pendientes y a los que puedan entrar.

Muchos litigios afectan a miles de familias de Vigo y del resto de Galicia debido a la situación de crisis económica derivada del Covid-19 , los cuales pueden ser los ERTE y los despidos.

Los juzgados entrarían en funcionamiento en la primera fecha que sea posible para el Ministerio de Justicia y las dotaría de todos los medios que precise. La Xunta se encargaría de añadir el personal de las oficinas y el Estado aportaría el juez y el letrado judicial.

Estaba previsto montar un solo órgano judicial en Galicia en vez de los tres que pide la Xunta para Lugo, Coruña y Vigo pero el gobierno gallego quiere optar a más salas en caso de que alguna comunidad renuncie a la suya.

El número de asuntos laborales ha crecido un 6,6 % desde el 2016. La cifra saltó de 5.418 pleitos a 5.844 en cuatro años. Una tendencia al alza que con la crisis sanitaria del covid 19 se disparará, previsiblemente, este año.

Bufetes apoyan la medida

Un socio de Vento Abogados y Asesores, Matías Movilla, apoya la propuesta de la comisión mixta de Xustiza. «Hace falta por el número de procedimientos ordinarios. Los juzgados de lo social de Vigo llevan años soportando un número de asuntos muy superior a los módulos que marca el Consejo General del Poder Judicial».

En opinión de Movilla, el Juzgado de lo Social número 7 de Vigo «es necesario, ya por los asuntos ordinarios y es necesario mantener el apoyo ante la posible avalancha de nuevos casos».

Movilla constata que hay movimiento de asuntos laborales en su despacho porque «a partir del día 4 todo se ha activado. Hay demandas de despidos pero, de momento, no hay avalancha».

Señala que en mayo entraron 200 pleitos menos que el anterior pero «a ver qué pasa en los próximos meses. Se están presentando muchas demandas estos días como consecuencia de la apertura de los plazos».

Otro laboralista, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, señala que la nueva sala propuesta «ya era necesaria antes del covid-19 por la sobrecarga de asuntos de los juzgados de Vigo. Ahora es absolutamente imprescindible y urgente». Según este letrado, en su despacho, desde el 15 de mayo, se nota un incremento significativo de consultas.

Concentración de procuradores y abogados que pedirán la reactivación de la Justicia para evitar el colapso

Rebelión de las togas. La explanada del edificio de la Audiencia en Vigo acogerá mañana a las 11.00 horas una concentración de procuradores y abogados para reclamar la reactivación de la Justicia, con el fin de evitar el colapso de los tribunales tras tres meses de parón por el covid-19.

El abogado Manuel García Álvarez indica que el lema de la movilización es «en defensa de los derechos de los ciudadanos y por el respeto de las profesiones jurídicas». La reclamación se hace ahora «porque antes no se podía», a causa del confinamiento. No solo les preocupa el atasco que se pueda generar en los próximos meses sino también el funcionamiento de la Justicia y otros intereses del mundo jurídico.

La convocatoria se realiza desde Madrid, que está en fase 2 de la desescalada, y la idea es repetirlas cada 15 días pues calculan que la normalidad en los juzgados no volverá hasta el 15 de septiembre. Muchos procuradores se han sumado a la protesta.

Entre bambalinas, diversas fuentes admiten su malestar por el parón judicial que ha generado un perjuicio económico a los profesionales jurídicos y los despachos. A ello se suma que la Justicia seguirá sus tiempos y no confían en que la recuperación sea ágil, por lo que algunos profesionales prevén un estancamiento hasta finales de año.

Por otra parte, Julio Bouza, de SPJ-USO, señala que Galicia será la primera comunidad en establecer un sistema completo de carrera profesional. El acuerdo es de aplicación para todos los funcionarios y los interinos y su acceso es voluntario. El pacto regula el acceso a cada una de las fases tanto en derechos como en obligaciones. Los gallegos se adaptarían a un acuerdo nacional posterior sin perder los derechos que ahora se firman.

Maratón de vistas de conformidad en la Audiencia

La quinta sección de la Audiencia en Vigo celebró en la mañana de ayer un maratón de tres juicios en unos tribunales que ya están funcionando al 100 %. Cada media hora hubo una. La cuarta vista se suspendió porque el acusado reside ahora en Colombia. Los abogados y testigos acudieron presencialmente mientras que varios acusados intervinieron por videoconferencia, incluida una implicada que prestó su conformidad desde una residencia de Cotobade.

En la primera vista, un vendedor de droga aceptó tres años de cárcel y someterse a tratamiento. En el segundo, un estafador aceptó 6 meses de cárcel y 720 euros de multa. El implicado había fingido que gestionaba una licencia municipal para construir una casa en una finca, falseó el proyecto y la dirección de obra y le cobró un adelanto de 16.000 euros. El acusado de estafa agravada devolvió el dinero antes de la vista de conformidad, por lo que se le benefició con una atenuante de reparación del daño y el tribunal le suspendió la condena durante dos años. Afrontaba seis años de cárcel. En el tercer juicio, por trafico de drogas, la acusada compareció desde una residencia de Cotobade, donde está internada. Recibe atención para personas deterioradas marcadas por la dependencia de grado 1. Le beneficiaron con una atenuante de drogadicción. La implicada aceptó 3 años de cárcel y multa de 9.767 euros. Un segundo acusado aceptó 91 euros y tres años de cárcel.

El cuarto juicio fue suspendido porque el acusado está en Colombia, su país natal. Afrontaba tres años y medio de cárcel por, supuestamente, hacer tocamientos y exhibicionismo sexual a la hija de sus anfitriones en Vigo. El implicado había ido a casa de unos conocidos y mientras los padres de la víctima estaban en la cocina, el otro aprovechó para hacer tocamientos y exhibicionismo. La niña quiso huir pero la aferró por el brazo y le exigió que no contase nada. No tenía autorización para residir en España y afronta cargos por abuso sexual a una menor de 16 años.

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