Ella y su marido declaran estar viviendo una «pesadilla»
29 may 2020 . Actualizado a las 01:01 h.El matrimonio residente en Vigo formado por la sanitaria Pilar, de 54 años, y Enrique, de 50, viven una «pesadilla» porque un clan de diez okupas lleva 11 meses viviendo de forma ilegal en el piso de 140 metros cuadrados que la pareja compró en el centro de Alicante, donde vivieron quince años, y que ahora que pasan dificultades económicas no pueden vender. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante dictó la ejecución del desahucio por precario para el 13 de marzo, pero dos días antes se paralizó el desalojo porque un ocupante solicitó un abogado de oficio porque en la casa había un menor.
Al día siguiente, entró en vigor el estado de alarma y los intrusos pasaron dos meses confinados en el piso del matrimonio. «Estuvieron confinados en nuestra casa y estoy seguro de que a las ocho salían al balcón a aplaudir a mi esposa, que es sanitaria. Mientras tanto, vivimos de alquiler, gastamos nuestros ahorros en abogados y yo llevo cinco años en el paro», dice Enrique.
La pareja se indignó al ver las trabas legales para echar a los intrusos de su propiedad y creó la cuenta en Twitter que bautizaron como #intrusosenmibalcon.
Él, ourensano, y ella, vallisoletana, se conocieron en la Universidad estudiando Filología Inglesa e Hispánica, respectivamente. Se fueron de jóvenes con sus familias a Alicante. Ella se decantó por la Sanidad y logró trabajo en un hospital de Vigo. Hace cuatro años dejaron libre su piso de la costa mediterránea para mudarse a Galicia. El piso no lo alquilaron porque lo reservaron para sus vacaciones, como seguro ante adversidades y para la jubilación. Hace un año colgaron un cartel de venta porque necesitaban ingresos y, entonces, se colaron por la ventana dos intrusos argelinos, que cambiaron la cerradura. Engancharon la luz, se conectaron a la tubería general y se quedaron allí.
La pareja de Vigo se enteró de la ocupación porque el administrador de fincas les avisó del ruido en su piso y de inundaciones. «Fuimos a la policía y no podían hacer nada. No podemos ir allí porque nos pueden denunciar por acoso. Tardamos un año en tener la orden judicial de desalojo. Nunca me imaginé que esto fuese así. Están con tus cosas pero lo primero son ellos, la ley les permite estar en nuestro domicilio. Vivimos una montaña rusa, un día estamos hundidos y al otro queremos hacer algo», añade. «Allí hay mafias, primero ocuparon las chabolas y ahora ya están en el centro», dice Enrique.