El Tribunal Superior desmonta la versión de «Papuchi» y ratifica 36 años de cárcel por abusos a 16 menores de Vigo

La sala gallega sostiene que la conducta del hostelero no era normal y que se aprovechó de que los menores lo veían como un modelo de éxito


vigo / la voz

El alto tribunal gallego ha ratificado la condena de 36 años de cárcel y pagar 17.500 euros en indemnizaciones a las víctimas para «Papuchi», considerado por la policía como el mayor depredador sexual de menores de Vigo. El hostelero vigués Carlos V. había apelado con el argumento de que no se había tenido en cuenta su presunción de inocencia, que las conductas que hacían eran normales y que él no conocía de nada a muchos de los menores que le acusaron, pero dicha exculpación fue descartada por la solidez del testimonio de los afectados, que desmontan la versión del condenado, el cual aún puede recurrir en casación al Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el hostelero, que fue condenado por la Audiencia en Vigo por abusar sexualmente de 16 menores entre 2015 y 2017. El acusado, según la resolución, que confirma la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, se aprovechó de su trabajo al frente de una pizzería de moda entre adolescentes para atraerlos. Después, se ganaba su confianza invitándolos a su casa o llevándolos de paseo en su yate o en alguno de los coches de alta gama que solía conducir. El sospechoso también ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores por un periodo de tres años superior al de la duración de la pena de prisión. Además, deberá abonar indemnizaciones que suman 17.500 euros.

El condenado alega en su recurso que se quebrantaron las normas y garantías procesales, pero el Superior explica que la investigación realizada por el personal del centro escolar y los padres de los alumnos se realizó «al margen y sin conocimiento de la policía».  Así, concluye que «no se obvió su comunicación a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal», pues se les informó una vez que se tomó declaración a los denunciantes y a las víctimas.

El TSXG recalca que los testimonios describen «situaciones coincidentes sobre cómo se ganaba su confianza el sospechoso, la forma de integrarse en las redes sociales, las invitaciones, los paseos en barco y coche, las masturbaciones en grupo y tocamientos».

El hostelero llegó a afirmar que no conocía a alguna de las víctimas, alegando que tenía relación con padres de los menores, algo que los propios familiares negaron, o intentando justificar con excusas su presencia en las inmediaciones del colegio en el que estudiaban los afectados. El Supremo ve invalidados todas estas excusas.

Los jueces también ven acreditado el envío de imágenes en los teléfonos pues, aunque no se conserven, los menores declararon que el acusado les solicitaba fotos desnudos en posturas sexuales o él les enviaba alguna suya.

 Papuchi también alegó que las conductas de consumo de alcohol y sexuales entre menores a partir de los 12 años eran de normalidad pero el Superior lo ve irrelevante porque lo importante es la diferencia de edad entre el acusado y sus víctimas, de entre 24 y 27 años, lo que es una desproporción o asimetría  y prevalimiento pues él se mostraba como un hombre de éxito, con buena posición económica y mucho poder y los menores lo veían como modelo a seguir.

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