Hipotecas, deudas y embargos, las demandas que se tramitan en Vigo durante la cuarentena

El tapón retrasará los pleitos para proteger a colectivos vulnerables


vigo / la voz

Los juzgados de Vigo reabrieron el pasado jueves, día 15, tras un mes de cocinar confinamiento por el COVID-19, y durante la jornada llegaron 177 escritos y demandas que los despachos de abogados y procuradores de enviaron por Internet. Iban incluidas 32 demandas promovidas por fondos buitre que hicieron llegar por carta a los tribunales y en los que reclamaban deudas antiguas a morosos de la ciudad. El resto de los escritos eran también cuestiones de dinero. Según fuentes de los juzgados, la mayoría de los escritos que llegaron se referían a procedimientos hipotecarios, deduas y embargos. En el caso de los fondos buitre, pedían abrir procesos monitorios para cobrar el dinero de viejos pleitos por impago de créditos que las empresas de recobro compraron por lotes a los bancos. Estos expedientes se están removiendo durante el confinamiento, cuando muchas familias de Vigo habían perdido su empleo o estaban inmersas en un ERTE.

El detalle ha disgustado a algunos sindicatos judiciales, como Staj. Un portavoz recuerda que 80 empleados públicos tuvieron que reincorporarse a su trabajo fuera de sus casas, con riesgo de contagio, para tramitar unos procedimientos que les parecen poco solidarios en tiempos de la emergencia sanitaria.

El presidente de la junta de personal de funcionarios judiciales de la provincia de Pontevedra, Julián González, del Staj explica que «es una tónica general, no solo en Vigo sino también en toda Galicia».

El mismo portavoz advierte que las medidas del Ministerio de Justicia para la reanudación de la actividad «beneficiarán a los bancos y financieras y asfixiarán aún más a las familias endeudadas». Añade que su sector pidió que se empezasen con los procedimientos de familia y aquellos que favoreciesen a los más vulnerables.

Sin embargo, reprochan al Poder Judicial que diese carta blanca a las prioridades de los abogados y procuradores. El resuiltado fue que estos despachos han acabado por presentar ejecuciones en las que persiguen bienes de personas que están pasando por momentos difíciles económicamente y que tras el parón de la cuarentena su situación se ha agravado. Dicen que estas materias en plena crisis sanitaria «poco ayudarán» a los ciudadanos y «tampoco son esenciales ahora mismo». Prevén un agravamiento del atasco en la tramitación procesal y, lo que es pero, el tapón retrasará los pleitos relacionados con la protección de colectivos especialmente castigados por la crisis.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso medidas para agilizar los procedimientos judiciales que afecten a los colectivos especialmente vulnerables tras el estado de alarma. Esto incluye a personas mayores, menores de edad, víctimas de violencia de género o de trata y personas con discapacidad, privadas de libertad, afectadas por desahucios o en situación de insolvencia. Viene recogido en uno de los documentos previstos en las Directrices para para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma.

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