Retención de cadáveres en hospitales de Vigo

HEMEROTECA | En marzo del 2001, el gobierno de Castrillo ordenó a la Policía Local impedir el traslado de fallecidos a otros municipios para favorecer el monopolio funerario de Emorvisa. La situación indignó a los alcaldes de la provincia


vigo / la voz

Hace dos días, el BOE publicó una disposición del Gobierno que permite el enterramiento de los fallecidos antes de que transcurran veinticuatro horas con el fin de agilizar trámites en plena crisis del coronavirus. Hace casi dos décadas, y sin que mediase ningún estado de alarma sanitaria, en Vigo ocurría algo muy distinto: la Policía Local retenía durante días varios cadáveres en hospitales de la ciudad por orden del gobierno municipal. Argumentaba que la ordenanza municipal impedía el traslado de los fallecidos a otros ayuntamientos por parte de cualquier empresa mortuoria que no fuese Emorvisa. Esta última, con un 49 % de participación privada, disfrutaba del último gran monopolio funerario de España.

El conflicto comenzó a mediados de marzo del año 2001. El día 14 de este mes, un dispositivo policial obstaculizaba la salida de un coche funerario ante la entrada del depósito de cadáveres del hospital Meixoeiro. Esta misma escena se repitió el jueves y el viernes de esa misma semana a las puertas de Povisa. Los agentes actuaban conforme a las directrices del gobierno de coalición BNG-PSOE que encabezaba Lois Castrillo. En ningún otro concello de Galicia se aplicaba una ordenanza tan restrictiva, exigiendo a las empresas del sector que contratasen la retirada de los cadáveres de los centros sanitarios solo con Emorvisa.

El escándalo fue mayúsculo y las protestas no se hicieron esperar. El alcalde nacionalista dijo que estaba dispuesto a llegar «ata o final» para impedir que no imperase «a lei da selva», y al mismo tiempo lamentaba que los familiares de los fallecidos tuviesen que sufrir la actuación policial.

La cláusulas restrictivas al traslado de fallecidos y las escenas de tensión que se vivieron entre efectivos policiales y funerarios de otras zonas indignaron a los alcaldes de toda la provincia y a los responsables de las empresas mortuorias de Pontevedra, Ourense y el norte de Portugal. Los veinticinco municipios del área sanitaria de Vigo, que estaban en la obligación de recurrir a los hospitales de esta ciudad, se reunieron en Cangas para exigir el libre traslado de los cadáveres y el cese de la intervención policial. «El sentir general es que esta situación no se puede seguir dando y que el Concello de Vigo tiene que comprender que trasladarse a donde están los hospitales a buscar los cadáveres no es un capricho sino una necesidad», señalaba José Enrique Sotelo, alcalde de Cangas en el año 2002. De hecho, la empresa funeraria que había sufrido la represión policial el 18 de marzo era Servicios Mortuorios Ponfalén de Cangas, encargada y autorizada, por parte de la familia, del traslado de un fallecido de esta villa.

Dos días después de la reunión de los ayuntamientos, la Xunta tomaba cartas en el asunto y amenazaba con denunciar al Concello vigués si volvía a impedir el traslado de los cadáveres. El director xeral de Transportes durante aquella legislatura, Juan Carlos Villarino, consideraba la intervención policial «desproporcionada y claramente ilegal». En su justificación alegaba que los agentes de 092 no tenían competencias jurídicas para parar los vehículos una vez iniciado el transporte y, como segundo motivo de ilegalidad, señalaba que el Ayunamiento vulneraba sus propias ordenanzas, ya que la vigente por aquel entonces no preveía la posibilidad de prohibir el tráfico a un transporte funerario, sino simplemente sancionarlo o el retiro de su licencia. Para defenderse, el teniente de alcalde de Vigo, Xabier Toba, señalaba que muchas de las empresas funerarias protagonistas de estos altercados se habían negado a aportar la documentación que se les exigía por estar vinculadas a compañías de seguros.

Tras la intervención de la Xunta, funerarias de todo el sur de Galicia y del norte de Portugal prepararon una protesta masiva en Vigo. El objetivo era terminar con la ordenanza vigente pensada para favorcer el monopolio de Emorvisa, en aquel momento el único tantaorio de la ciudad. Consideraban la situación restrictiva y abusiva, además de ir en contra del decreto de liberalización que había aprobado el Gobierno central en 1996.

Funerarias de O Condado, O Val Miñor y O Baixo Miño y Vicente González, en representación de la patronal del sector, habían recurrido la ordenanza viguesa en 1997. A la protesta rodada acabarían acudiendo decenas de coches fúnebres de toda la eurorregión. La Asociación Provincial, dirigida entonces por David López, señalaba que «en ningún otro sitio existen tantos problemas para que las empresas legalmente establecidas puedan hacer su trabajo».

Aquel episodio de indigación fue el principio del fin del monopolio funerario que regía en Vigo desde los tiempos de Manuel Soto.

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