Los litigios de la crisis repuntan con un récord de reclamaciones de deuda

Elevadas cifras de despidos, atrasos salariales y concursos de particulares en la provincia


vigo / la voz

Las reclamaciones por impago se están disparando en los juzgados de la provincia y eso es un indicio de que la gente tienen problemas para pagar o devolver sus créditos. Quizás sea la antesala de una desaceleración económica. Baste como ejemplo que en plena euforia del bum del ladrillo, en el 2007, los juzgados de Vigo empezaron a tramitar más reclamaciones contra morosos y ejecuciones hipotecarias. Un año después, en septiembre del 2008, se hundió Lehman Brothers y las empresas debieron afrontar una Gran Recesión que duró un lustro. Miles de trabajadores y empresas de la provincia de Pontevedra padecieron despidos, quiebras o desalojos de hipotecados e inquilinos. La ciudad de Vigo y su área, que concentra dos tercios de la actividad industrial de la provincia, fue la gran afectada.

Tras unos años de tregua y crecimiento económico, vuelve la sombra de una nueva desaceleración económica. Un indicio es que los jueces de primera instancia de Vigo, que tramitan los pleitos de deudas y abusos bancarios, han pedido dos salas más de refuerzo. Alegan que tienen mayor carga de lo habitual, en torno a un 30 % más.

La prueba es que, según los datos aportados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los litigios relacionados con la crisis han repuntado en la provincia en el 2019. Por ejemplo, los monitorios (reclamaciones exprés de deudas) rozan el techo de los peores años de la crisis con 14.878 demandas (frente a los 15.915 del 2010) en toda la provincia. Hay una explicación: muchos de estos monitorios son emprendidos por fondos buitre que compran lotes de deuda a la banca a precios de ganga y luego le envían al juzgado sacas repletas de pleitos. A ello se suman las reclamaciones por las tarjetas revolving, microcréditos con altos intereses. Este nuevo papel eleva el número de pleitos y muchos ciudadanos han aprendido a defenderse de los fondos buitre, que primero tienen que demostrar que ahora son los nuevos acreedores y luego enseñar los documentos y facturas de lo que reclaman. A su vez, los jueces se encargan de limpiar de oficio los abusos en los intereses.

En el ámbito laboral, también hay un alza en la litigiosidad. Los despidos han subido de 1.634 casos en el 2016, registrados durante la recuperación económica, a 1.801 en el 2019. A ello se suma que diversas empresas han empezado en el 2020 a deshacerse de plantilla ante el temor a una recesión por el coronavirus, un cisne negro para la economía. Además, en el 2019 hubo más de 3.000 reclamaciones de cantidades presentadas por trabajadores por salarios atrasados y seguridad social. Otro indicador es el expediente de regulación de empleo (ERE). De 9 en el 2016 se pasó a 11. También llama la atención el aumento de los concursos de particulares, una fórmula que usan las familias para acogerse a la ley de segunda oportunidad y empezar de cero sin deudas. Pasaron de 20 a 79.

Respecto a los desalojos de inquilinos, la situación no ha mejorado desde el 2016, pues sigue habiendo 655 casos por año. Las ejecuciones hipotecarias siguen por debajo del 2016 pero son altas respecto a las del 2007.

Bufetes de Vigo presentan demandas de los hipotecados por el índice IRPF

Bufetes de Vigo ya están presentando sus primeras demandas sobre hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Se trata de un índice alternativo al euríbor que colocaron los bancos a miles de hipotecados gallegos y que el Tribunal Europeo ha visto abusivo. Los jueces tendrán que sustituir ese índice a petición de los perjudicados y ponerles otro más beneficioso. Algunos afectados podrían recuperar una media de 20.000 euros que pagaron de más en los últimos años.

El letrado experto en abusos bancarios David Alfaya, de Asesority Abogados, confirma que «se presentaron las demandas de muchos clientes, de los que ya hicimos reclamaciones previas». Añade que «desde luego, todos los afectados deberían de presentar una reclamación a la espera de ver lo que hacen los bancos».

Las demandas por el IRPH no harían más que empantanar aún más los juzgados de primera instancia, que ya están saturados con las cláusulas suelo y los monitorios. Uno de ellos, el número 14, cuenta con cuatro jueces (un titular, dos refuerzos y otro en comisión de servicio) que están especializados en resolver cláusulas suelo. Operan desde Vigo para todos los hipotecados de la provincia que reclaman. En el 2019 tramitaron 1.550 nuevos casos y dictaron más de 1.600 sentencias. Aún así, tienen una montaña de 4.100 asuntos todavía sin resolver, por lo que hay lista de espera para dos o tres años.

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